:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/wH_II736WynCjtOAjRALLo4rGKY=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/XRJBL3W2ZZFEXNSKI765KF35CM.jpg)
Las universidades de Yale y Columbia dan a conocer cada dos años el valor del Índice de Desempeño Ambiental (IDE) de diversos países. La última estimación de este índice registra una tendencia muy grave. En 2008, Colombia ocupó una muy honrosa, pero muy poco realista, novena posición, que para 2013 se convirtió en la número 85.
La causa de esta dramática descolgada es que se tomaron en cuenta problemas que antes no se habían considerado. El factor que contribuyó más notoriamente a la caída fue el de la calidad de las aguas, que a pesar de ser un tema fundamental es ignorado en Colombia. Para nadie es un secreto que seguimos vertiendo a los ríos las aguas servidas prácticamente sin tratarlas.
Tal vez el caso más aberrante es el del río Bogotá, que es uno de los más contaminados del mundo. En él se vierten sin ningún tratamiento, o con uno muy incompleto e insuficiente, las aguas residuales de casi 10 millones de personas y las que resultan de las actividades económicas que corresponden casi al 30% del PIB nacional. Con esas aguas tremendamente contaminadas se riegan las verduras que consumimos y los pastos que alimentan el ganado y la producción lechera en la región.
Los intentos por corregir esta situación han sido infructuosos, a pesar de la innumerable cantidad de estudios sobre el tema y de los cuantiosísimos recursos ya invertidos en proyectos y obras para su mitigación. Para ilustrar esta absurda situación, basta señalar el caso del inédito y novedoso fallo 479 de 2004 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que buscaba mejorar la calidad del río Bogotá como resultado de una acción popular.
El fallo fue construido participativamente, generando compromisos entre las entidades y empresas responsables del estado del río. Si bien no era perfecto, fue un muy valioso esfuerzo. Sin embargo, varias de las partes interesadas, entre ellas las autoridades ambientales, en lugar de acatarlo decidieron apelar ante el Consejo de Estado, donde se encuentra desde hace casi 10 años. Mientras tanto, el río y la gente que vive cerca de él han seguido su proceso de contaminación y deterioro de la calidad de vida.
Curiosamente, para que los problemas ambientales del país que tenemos frente a nuestros ojos y a nuestras narices a todas horas sean tenidos en cuenta y se muevan las pesadas ruedas de nuestra burocracia, deben ser identificados y presentados desde el exterior.