28 Mar 2011 - 2:42 a. m.

Semana de decisiones

Este lunes sigue juicio disciplinario contra Iván Moreno. Este martes se sabrá si envían o no a la cárcel al excontralor y a la exdirectora del IDU.

El Espectador

Los procesos judiciales y disciplinarios que están en marcha por el llamado carrusel de la contratación en Bogotá tendrán una semana agitada. Por un lado se encuentra el proceso disciplinario que adelanta el procurador general de la Nación en contra del senador Iván Moreno Rojas, que tendría que reanudar este lunes. Por el otro, la audiencia de control de garantías contra Liliana Pardo Gaona, exdirectora del IDU; Inocencio Meléndez, exdirector jurídico de esa entidad, y Miguel Ángel Moralesrussi, excontralor de Bogotál, que terminará este martes y en la que se sabrá si la juez acepta o no la petición de la Fiscalía de enviar a los exfuncionarios distritales a prisión.

En el caso del senador Moreno Rojas, la diligencia está programada para las 8:00 de la mañana, para continuar con el juicio disciplinario por su presunta participación en el escándalo de la contratación en Bogotá. Sin embargo, ésta se dará en medio de la lucha que libra el congresista por evitar que sea el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien lo juzgue y que, en su reemplazo, nombren a un procurador ad hoc.

Aunque la defensa dice que Moreno Rojas asistirá a la diligencia, está pendiente de que en el transcurso de la semana el Tribunal Superior de Bogotá decida la tutela que presentó el congresista exigiendo se le respete el debido proceso y se nombre como juez a una persona que no sea subordinada a Ordóñez Maldonado, para que analice de manera imparcial las pruebas que existen en su contra. En su concepto, el jefe del Ministerio Público no es prenda de garantía para un juicio imparcial al haber prejuzgado en su caso. Su aspiración es que sea el Senado el que nombre a un juez encargado.

La lucha del congresista comenzó el pasado 4 de marzo, cuando se fijó el comienzo del juicio disciplinario. Ese día, el congresista recusó a Ordóñez Maldonado, a la viceprocuradora general y a varios de sus subalternos. Sin embargo, ese mismo día el propio procurador general rechazó la recusación y días después lo rechazó la viceprocuradora. El caso, entonces, quedó de nuevo en manos del procurador general.

Por esto acudió a la acción de tutela, la cual presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá, que aceptó el recurso y ahora el asunto está en estudio de los magistrados para analizar si son válidos los motivos del Ministerio Público para haber rechazado la recusación o, por el contrario, si es necesario que otra persona asuma el proceso.

Y mientras el senador se defiende en lo disciplinario, en lo penal se encuentra en marcha la audiencia de control de garantías contra la exdirectora del IDU, el exjefe jurídico de la entidad y el excontralor de Bogotá. Ellos tres son los primeros involucrados en el escándalo del carrusel de la contratación que la Fiscalía sienta en el banquillo, con la intención de llevarlos a prisión.

La audiencia de imputación de cargos comenzó el pasado miércoles y se extendió hasta el viernes, días en los que la Fiscalía detalló contrato por contrato y relacionó las que consideró flagrantes irregularidades descubiertas en la investigación y que serían atribuibles a cada uno de los procesados. En total, fueron 18 los contratos investigados y en los que hay recursos comprometidos que alcanzan una cifra cercana a los $2,3 billones.

Debido a la gravedad de los delitos, el fiscal pidió a la juez que ordenara medida de aseguramiento en contra de los tres procesados, con el fin de garantizar su comparecencia al juicio. Los abogados, por su parte, trataron de desvirtuar los argumentos del ente acusador. Este martes se conocerá la decisión de la funcionaria judicial.

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