El fallo, aprobado por cinco votos contra cuatro, anuló la ordenanza de la capital que prohíbe portar armas, considerándola incompatible con la Segunda Enmienda de la constitución. La decisión es aún más amplia de lo que deseaba el gobierno, pero deja intactas la mayoría de las leyes sobre armamento.
La corte no se había pronunciado de manera tajante sobre la Segunda Enmienda desde su ratificación en 1791. La cláusula, que forma parte de la Carta de Derechos agregada a la constitución, dice: "Puesto que una milicia bien regulada es necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo de tener y portar armas no será infringido".
Para los jueces, la cuestión fundamental fue si la enmienda protege el derecho del individuo a poseer armas por cualquier motivo, o si ese derecho está vinculado de algún modo al servicio en una milicia estatal.
Escribiendo en nombre de la mayoría, el juez Antonin Scalia dijo que el derecho del individuo a tener armas es apoyado por "la narrativa histórica" antes y después de la aprobación de la Segunda Enmienda.
La constitución no permite "la prohibición absoluta de armas de mano poseídas y usadas para autodefensa en el hogar", dijo Scalia. El tribunal también rechazó el requisito de Washington de que las armas de fuego estuviesen equipadas con cerrojos de disparador.
En opinión disidente, el juez John Paul Stevens escribió que la mayoría "quiere hacernos creer que hace más de 200 años, los (autores de la constitución) optaron por limitar las herramientas disponibles a los funcionarios electos que desean regular los usos civiles de las armas".
Agregó que esa evidencia "brilla por su ausencia".
La ley sobre armas de la capital era una de las más estrictas de la nación.
Dick Anthony Heller, un guardia de seguridad, demandó al Distrito después que rechazó su solicitud de mantener una pistola en su hogar para protección, en el mismo vecindario del Capitolio y de la Corte Suprema.
El tribunal de apelaciones en el Distrito de Columbia había fallado en favor de Heller al revocar la prohibición de Washington, aduciendo que la constitución garantiza a los estadounidenses el derecho a tener armas y que una prohibición total de éstas no es compatible con aquel derecho.