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Pantuque estuvo a punto de ser sacrificado esta semana. El perro, que vive en un municipio de La Paz (Bolivia), fue aprehendido por las autoridades por lesiones graves a un niño y su madre.
Según el expediente, todo ocurrió una tarde de agosto, cuando Patú, como llaman los vecinos al canino, mordió a un niño de 11 años y después hizo lo mismo con la madre del menor, quien salió en su defensa. Conocidos estos hechos, el juez del caso ordenó detener a Pantuque y dictó una orden judicial que ordenaba la aplicación “inmediata” de la eutanasia.
La dueña de la mascota, Claudia B., apeló la decisión, argumentando que pagó el tratamiento de los agredidos y que fue el niño el que provocó al perro. Dijo, respaldada por testigos, que el menor molestó con sus dos mascotas a Patú y éste sólo se defendió.
Su declaración, lejos de salvar al perro, provocó que la fiscal Susana Boyán ordenara, además, su detención. La propietaria de la mascota quedó privada de su libertad, según el fallo, porque “existen elementos de indicios en la participación como propietaria del perro”. Se la sindica de lesiones graves con animales y, explicó la fiscal, al parecer fue la dueña la que incitó al perro a atacar.
El fatal destino de Pantuque parecía decidido, hasta que la Confederación Social Animalista asumió su defensa. Hoy, Patú cuenta con 18 abogados, algo inédito. De acuerdo con Silveria Laureano, “este es el primer perro que cuenta con tantos abogados. Pero todo se apega a la Ley 700, en la que se establece que las mascotas tienen derechos que están por encima de las normas ediles: no existe una disposición que establezca responsabilidades contra el animal, pero sí con los dueños, por lo que la eutanasia no aplica”.
África Gutiérrez, quien encabeza el equipo defensor del canino, confirmó a Efe que en La Paz se han unido diez abogados para hacer un trabajo procesal del caso y que otros ocho juristas del interior del país se han sumado a la defensa para hacer una “presión a nivel nacional”. “Se está cometiendo una injusticia contra el animalito”, sentenció.
Varios estudios han demostrado que si una mascota es violenta es porque su humano tiene, generalmente, conductas proclives a la ira, la hostilidad y la agresión. En entrevista con la revista Live Science, Deborah Wells, psicóloga de la Universidad de Belfast, aseguró que “aunque no está del todo comprobado, el estudio señala que la gente elige los animales domésticos como una extensión de sí misma”.
Basado en esto, el nutrido grupo defensor de Pantuque busca evitar la condena del perro, no de su dueña. Demandaron a los denunciantes de Patu por “tentativa de biocidio” y reclaman a las autoridades por considerar que están actuando fuera de la ley. Los letrados dicen tener pruebas de que el perro “ha atacado a dos miembros de una sola familia que constantemente le producían daños, lo apedreaban, y él tenía dos bajas médicas por esas circunstancias”.
Los abogados dicen que Patú tiene lesiones, lo que se argumentará esta semana durante el proceso, cuyo inicio no tiene fecha. Pero al perro se le complica la situación legal, pues otro hombre denunció agresiones por parte del animal, según informó Glenda Ayala, jefa de la Unidad de Atención Integral de Animales de la Alcaldía paceña. El can actualmente se encuentra en un refugio de animales dependiente del municipio de La Paz, en completo aislamiento, mientras el proceso legal transcurre para ver si se aplica o no la eutanasia.
La abogada Gutiérrez enfatizó que no corresponde sacrificar al animal, ya que la medida sólo se da en casos de razas agresivas o por padecimiento del mal de rabia, de acuerdo a la ley vigente.
En Colombia, el 17 de julio, un perro interpuso por primera vez en la historia una tutela. Negro fue encontrado en una calle de Bucaramanga en muy mal estado y con dos fracturas en su cadera. Un abogado interpuso un recurso judicial a nombre del canino para pedir atención y para asegurarse de que no fuera sacrificado por su mal estado de salud. Sin embargo, el juez tercero laboral del circuito de Bucaramanga consideró que los animales no tienen derechos fundamentales y se negó a emitir una decisión para protegerlo. Dijo, además, que una orden firmada por el perro era “improcedente”.
El Código de Policía en Colombia, que rige desde agosto, es muy claro: “Los dueños de ejemplares caninos potencialmente peligrosos deberán asumir los daños y perjuicios que su mascota pueda ocasionar a las personas, a los bienes, a los espacios públicos y al medio natural”. Y aunque existen leyes de protección animal, como la 1774 de 2016, que contempla penas para quien cause daño a un animal, los casos de maltrato son comunes. ¿Tienen los perros derecho a un abogado?