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Continúa la judicialización del contratista Emilio Tapia, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque; y el agente de seguros Juan José Laverde.
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11 Apr 2012 - 3:00 a. m.

Todos quieren blindarse

Hay quienes creen que algunas propuestas incluidas en la reforma a la justicia y la decisión de los conjueces del Consejo Superior de la Judicatura abren el camino para que altos funcionarios del Estado sean intocables para la justicia.

Redacción Política

“El Código Penal es un perro bravo que sólo muerde a los de ruana”, dijo en 1925 el senador liberal Antonio José Restrepo, durante la discusión de un proyecto que pretendía restablecer la pena de muerte en Colombia. Hoy —con el marco del trámite de una reforma a la justicia en el Congreso— el país contempla una serie de situaciones políticas y jurídicas que llevan a pensar, según el criterio de algunos analistas, que muchos de los dignatarios de las ramas del Poder Público están buscando sustraerse de los controles que se crearon a partir de la Constitución de 1991.

Los hechos les dan la razón a quienes así lo interpretan: la Sala de Conjueces del Consejo Superior de la Judicatura decide quitarle competencia a la Contraloría en el proceso de investigación del llamado “carrusel de las pensiones” de los magistrados para dársela a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que nunca ha proferido una decisión acusatoria. Los parlamentarios pelean la doble instancia en su juzgamiento, al tiempo que buscan aprobar que ya no se aplique el Código Disciplinario Único a la hora de sancionarlos, sino un régimen especial de acuerdo con el Reglamento del Congreso. Y la reforma a la justicia incluiría entre los aforados a los magistrados del Consejo Electoral, el procurador general y el contralor general.

Según Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales (Plural), lo que se está abriendo es una “caja de Pandora” en la que todo mundo está tratando de sacar la mejor tajada, buscando que no haya controles externos. Sin embargo, para Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, todo lo que está sucediendo puede ser el punto de quiebre para definir de una vez por todas unos cambios que se hacen necesarios, ya que el esquema actual no funciona: “Lo que está sucediendo entre la Contraloría y la Comisión de Acusación puede servir para definir si el fuero es sólo penal o también disciplinario y fiscal”, explicó.

Ayer, el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, representante Germán Blanco, les salió al paso a las dudas sembradas por la contralora Sandra Morelli, quien sobre el caso puntual del fallo de los conjueces del Consejo de la Judicatura en torno a la competencia en los procesos fiscales habló de inseguridad jurídica y dijo que frente a todos los hechos que se investigan se va a generar un gran interrogante sobre qué va a pasar de aquí en adelante.

“La contralora tendrá que explicar suficiente y fehacientemente por qué controvierte fallos de autoridades legalmente constituidas en Colombia. Los conjueces son una instancia legal y ella tendrá que explicar su actitud”, enfatizó Blanco, quien cuestionó la decisión de Morelli de suspender los procesos que llevaba la Contraloría contra exgobernadores y exministros, cuando el tema de la colisión de competencias es sólo frente a los aforados constitucionales.

Sin embargo, en el mismo Congreso de la República se encendieron las alarmas. En un duro pronunciamiento, el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, advirtió sobre la necesidad de tomar cartas en el asunto: “¿Cómo es posible que el Consejo de la Judicatura, que ni siquiera representa una rama del Poder Público, nombre unos conjueces que salen con un fallo diciendo que la Contraloría no tiene la función de investigar aforados. ¡Hágame el favor! Ya no habrá control fiscal en el país. Un fiscal general que maneja $3 billones, un procurador que maneja $2 billones, ministros y demás funcionarios no tendrán control, porque así lo decidieron unos conjueces”, declaró.

Para el abogado y exdirector del DAS Ramiro Bejarano, la situación resulta a todas luces preocupante: “La decisión del Consejo Superior de la Judicatura deja sin dientes a la contralora para investigar a los altos funcionarios y lo grave es que en la reforma a la justicia no se presenta una solución para esta problemática. Por el contrario, la hace más compleja”.

Por ahora, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, está tratando de encontrar soluciones para esta encrucijada y espera la respuesta del Consejo de Estado, a cuya Sala de Consultas ya se le solicitó “resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional, Comisión de Acusación y Contraloría: “Lo que ha habido por parte de la Sala de Conjueces se refiere a un tema de definición de unas competencias jurisdiccionales y falta ver qué decisión se toma en cuanto a las administrativas”. Sea como sea, los hechos hacen pensar a muchos que, efectivamente, hay quienes quieren pescar en río revuelto.

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