15 Dec 2011 - 8:14 p. m.

Un crimen que sigue impune

Veinticinco años después del asesinato, ya es un lugar común decir que poco ha avanzado la justicia para encontrar a los responsables.

Redacción Judicial

Hace 17 meses, la Fiscalía declaró como crimen de lesa humanidad el magnicidio del director de El Espectador Guillermo Cano Isaza. Se logró así desempolvar el expediente y garantizar que no pueda ser archivado. Sin embargo, desde entonces, salvo algunas diligencias, ningún avance existe en el caso. Sigue prácticamente igual a como quedó en 1996, cuando el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a la mayoría de los procesados y ratificó una exigua condena de seis años al único individuo que pagó prisión: Luis Carlos Molina Yepes.

Este sábado 17 de diciembre se cumplirán 25 años del asesinato de Cano Isaza frente a las antiguas instalaciones del periódico en Bogotá y la primera conclusión no puede ser otra que admitir que en la larga lista de crímenes impunes en Colombia en las últimas tres décadas, este atentado contra el periodismo encarna un rotundo fracaso judicial. Desde la misma noche de su muerte, el país entero supo que la mafia del cartel de Medellín había pagado sicarios para que lo silenciaran. Pero nunca fue posible llegar a la verdad de lo acontecido.

En su momento, los investigadores lograron una pista clave: la matrícula de la moto desde la cual actuaron los sicarios. Esta placa condujo al almacén donde había sido adquirida y a sus dueños. Uno de ellos resultó ser Álvaro García Saldarriaga, quien utilizó a su madre para consignar el dinero de la compra. Después se pudo esclarecer que esa plata había salido de una cuenta corriente del Banco de Crédito y Comercio de Medellín, que había permanecido activa sólo algunos meses y cancelada poco antes del crimen de Cano Isaza.

La pesquisa se orientó hacia la búsqueda de García Saldarriaga, pero éste apareció acribillado en Palmira (Valle). Dos individuos más, del mismo círculo de García e identificados por testigos como los que rondaron las instalaciones de El Espectador poco antes del magnicidio, corrieron la misma suerte. Ante las dificultades de avanzar por esta vía, la justicia encaminó sus actividades hacia la cuenta corriente desde donde salió el cheque para la compra de la moto. Así se constató que dos sujetos la manejaban, pero que realmente el dueño de la misma era Luis Carlos Molina.

Esta persona resultó ser la cabeza de un emporio de negocios de propiedad raíz, comisiones, cambio de moneda extranjera, cheques, importación de licores y transacciones de ganado, que además obraba como una especie de banquero del cartel de Medellín. A mediados de 1988, cuando la justicia dio con él y fue conducido al DAS para un primer interrogatorio, extrañamente se fugó, demostrándoles a las autoridades su responsabilidad en el plan para asesinar al periodista. La justicia siguió adelante con el apoyo del abogado Héctor Giraldo.

Este último, en calidad de apoderado de la familia Cano, logró que la jueza Consuelo Sánchez persistiera en el rastreo a las cuentas de Molina, ordenando una inspección en otros bancos. De esa manera, se llegó a un hotel de propiedad de Gustavo Gaviria Rivero, primo de Pablo Escobar Gaviria, y a una serie de cuentas donde al parecer se movían dineros de Molina, una de ellas a nombre de Carlos Alberto Gaviria Vélez, también primo del capo. No obstante, antes de que la justicia avanzara, el cartel de Medellín golpeó primero.

El 29 de marzo de 1989 fue asesinado el abogado Héctor Giraldo y casi enseguida la jueza Consuelo Sánchez marchó al exilio, no sin antes cerrar la investigación acusando a Pablo Escobar y su red de sicarios. El expediente pasó al despacho del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Carlos Valencia, quien confirmó la medida y fue asesinado el 16 de agosto de 1989. Para el juicio el expediente llegó a manos de la jueza de Medellín Myriam Rocío Vélez, quien una vez más ratificó la decisión y también fue asesinada, el 18 de septiembre de 1992.

Desde entonces el expediente empezó a deambular de despacho en despacho y sólo en agosto de 1995 hubo sentencia. Ya Pablo Escobar había muerto y sus sicarios empezaban a quedar libres. La sentencia impuso 25 años de prisión a un sujeto que nunca apareció y 16 a Molina Yepes, que seguía prófugo. La madre del sicario Álvaro García también fue condenada. Al año siguiente el Tribunal de Bogotá la absolvió y ratificó las demás sentencias. En febrero de 1997, Molina Yepes fue capturado en Bogotá y purgó seis años de cárcel.

A partir de ese momento no volvió a pasar nada. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) insistió una y otra vez sobre la necesidad de no abandonar la investigación; y El Espectador, por su cuenta, año tras año se dio a la tarea de seguir rastreando en el expediente para desentrañar los cabos sueltos del magnicidio. Finalmente, el 2 de julio de 2010 la Fiscalía accedió a los continuos reclamos de la familia Cano, de El Espectador y del periodismo colombiano, al declarar como crimen de lesa humanidad el caso y, por lo tanto, de carácter imprescriptible.

Este diario consultó sobre la evolución del expediente. El mayor avance se resume en varias cartas rogatorias a Estados Unidos con el fin de que se le permita a la Fiscalía acceder al extraditado Félix Antonio Chitiva Carrasquilla en calidad de testigo. Este sujeto fue capturado en octubre de 2001 y enviado a EE.UU. en julio de 2002, sindicado de pertenecer a la organización de los hermanos Mejía Múnera, más conocidos como Los Mellizos. El interés de la justicia radica en confrontarlo para confirmar versiones del ente investigador.

Según conoció El Espectador, un testigo señaló a Chitiva Carrasquilla, alias La Mica, como un conocedor de los pormenores de este y otros magnicidios, como quiera que habría participado en una colecta del cartel de Medellín para perpetrar asesinatos y atentados a los promotores de la extradición. Sin embargo, la Fiscalía no ha podido avanzar en ese testimonio por una simple razón: en la dirección que se tiene de él en Florida dicen que ya no vive. La Mica, se sabe, saldó sus cuentas en EE.UU, el 28 de abril de 2008. Hasta ahí va el expediente.

¿Quién es Félix Chitiva, alias ‘La Mica’?

La justicia de Estados Unidos documentó que Félix Antonio Chitiva Carrasquilla, alias La Mica, era el enlace de la organización de Los Mellizos para proporcionar la negociación en Europa y Norteamérica de varias toneladas de cocaína entre 1998 y 2000. Las declaraciones del fiscal del condado de Queens, Steven Siegel, y del agente de la DEA Kenneth Becker fueron fundamentales para la condena que le fue impuesta en Estados Unidos a La Mica, un sujeto nacido en Barranquilla el 9 de junio de 1963.

Tras su condena, luego de purgar unos seis años en una prisión federal, recuperó su libertad y desde entonces se perdió su rastro. El pasado 20 de septiembre la Fiscalía, en carta rogatoria al Consulado de Colombia en Miami, pidió que fuera ubicado en una dirección en Florida, pero el 11 de octubre pasado la respuesta diplomática fue desconsoladora: nadie da razón de La Mica en esa dirección.

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