La multa de $7.000 millones impuesta a la Drummond, la obligación de limpiar las playas afectadas por el transporte de carbón y el cierre temporal del puerto en el que la multinacional embarca 27 millones toneladas del mineral cada año, dejaron la sensación de que en el país por fin comienza a hacerse respetar la ley ambiental.
Pero más allá de este “castigo ejemplar”, como lo describió la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, la pregunta es qué tanto se castiga a los infractores ambientales. Si bien hay consenso en que la Drummond ha sido una empresa que ha desobedecido las normas ambientales, también es cierto que las barcazas con carbón no son el principal problema ambiental de Colombia.
Se suponía que desde 2010 el país contaría con una base de datos pública donde todas las autoridades ambientales reportarían todas las multas y sanciones impuestas por infracciones ambientales. Se suponía que siendo pública esa base de datos, serviría de escarmiento para los infractores ambientales del mismo modo que Datacrédito reporta a los que incumplen sus obligaciones bancarias y financieras.
“Esperamos que esta herramienta sirva para que los infractores desistan de prácticas que atentan contra los recursos naturales, toda vez que quedarán bajo el escrutinio del ojo público”, comentó en su momento Claudia Mora, ex viceministra de Ambiente. La promesa no se cumplió del todo.
El primero que parece haber fallado es el propio Ministerio de Ambiente. La base de datos (Registro Único de Infractores Ambientales) dejó de actualizarse en 2012 y no todas las autoridades ambientales (corporaciones, secretarías de ambiente y el propio Ministerio) aportaron datos. Así que la única forma de saber qué está pasando con los infractores ambientales depende de la información de tres años. El total de registros es 2.859.
Llama la atención la disparidad de sanciones impuestas por las corporaciones autónomas. Mientras Cortolima y la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) impusieron en esos años 340 y 312 infracciones, respectivamente, otras, como la Corporación Autónoma Regional del Cauca y Coralina, apenas registraron 3 y 4. La disparidad podría explicarse por diferencias en presupuestos y el tamaño de población que cada una tiene a cargo. También por la indisciplina para reportar las faltas. A pesar de esto parece que unas corporaciones sí hacen mejor la tarea que otras (ver gráfico).
Ramón Leal, director de Asocars, organización que agrupa a las 34 corporaciones, argumenta que muchas no tienen suficiente planta de personal para cumplir con la misión de control y vigilancia: “Nuestra lucha es que el Gobierno entienda que esta es una tarea misional y no se puede cumplir con contratistas”.
La falta más común en el país, de lejos, es la infracción al recurso bosque (tala sin permiso y transporte de material forestal sin salvoconducto). Casi la mitad de los registros corresponden a esta categoría. Jorge Enrique Cardoso, director de Cortolima, no se sorprende con ese resultado: “Las tasas de deforestación en el país son altísimas. Primero por la ampliación de frontera agrícola, pero también por cultivos ilícitos y el mercado de especies maderables”.
Sin embargo, José Yunis, director de The Nature Conservancy, se pregunta por qué Codechocó, cuya jurisdicción coincide con uno de los polos de deforestación del país, aparece en estos registros con un número tan bajo de infracciones al bosque. En cambio, la Corporación del Alto Magdalena y Corpoamazonia, que comparten jurisdicción sobre el Caquetá, considerado el mayor foco de deforestación del país, sí aparecen como las autoridades que más sanciones han impuesto por este delito.
En cuanto a la minería, pregunta Yunis, ¿por qué aparece en un octavo puesto con tan sólo 82 registros, si en los últimos años se ha hecho tan evidente el conflicto que están generando los mineros ilegales en distintas zonas del país?
Guillermo Rudas, economista experto en temas ambientales, llama la atención sobre varios problemas asociados a las infracciones ambientales. El primero es la falta de información clara y precisa. “Los sistemas de información son un caos —dice—. Colombia lleva desde 1993 tratando de construir un sistema confiable, invirtiendo mucha plata, y todavía no existe”.
Además de desactualizada, en la base de datos del Ministerio de Ambiente muy pocos registros especifican algo tan importante como el valor de la multa impuesta. Ahora que la Drummond ha sido castigada con una multa de $7.000 millones, poco se sabe sobre las multas asignadas a todos los otros infractores. Aunque, de acuerdo con los presupuestos de las corporaciones autónomas, en el último año éstas recaudaron por motivo de multas y sanciones $5.665 millones. Es decir, que todas las multas por motivos ambientales en 2012 no equivalen a la que se impuso a la Drummond.
Para Rudas, otro problema es que entre las ciudades donde más infracciones se imponen figuran Cúcuta, Ibagué y Villavicencio, pero no Bogotá o Barranquilla, que tienen una población mayor. La pregunta que se hace es si el Ministerio de Ambiente ha perdido control sobre lo que sucede en grandes centros urbanos en materia ambiental.
La promesa hecha por el presidente Juan Manuel Santos en 2011, de reformar el sistema de corporaciones autónomas, parece que no se cumplirá en este mandato. Hace unas semanas, la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, reconoció que durante estos meses su atención estará concentrada en otras prioridades.
Sobre la política frente a los infractores ambientales, la ministra Sarmiento le dijo a El Espectador que “por más que estiremos el regimen sancionatorio ambiental con multas nunca será suficiente”. Por esta razón ha insistido, y la Drummond fue una muestra de esta política, en imponer sanciones sociales y obligar a los responsables a reparar los daños provocados. “Mientras esté como ministra voy a impulsar esto. Pagar la multa es fácil. Pero recuperar el bien sí implica un cambio sustancial”.
Mientras tanto, parece cierto lo que dice Rudas: “el gran problema del medio ambiente en Colombia es el fracaso en la construcción de sistemas de información para tomar decisiones”.
pcorrea@elespectador.com
@pcorrea78