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El puente que comunica al continente con la isla de Barú está a punto de abrirse para el tránsito de todos aquellos que hasta hoy utilizan el ferry o las canoas a la altura de la desembocadura del Canal del Dique. Pero no todos están contentos con la puesta al servicio de este nuevo enlace entre las dos orillas: Pasacaballos y Bajaire.
En enero de 2013 se inició la construcción y el Distrito de Cartagena habló con los líderes de las poblaciones que serán sus usuarias, Pasacaballos, Ararca, Santa Ana y Barú, con quienes se llegó a unos preacuerdos. Para ellos, el puente beneficia principalmente a la Sociedad Portuaria Puerto Bahía, “no porque los negritos de la isla lo requieran”, dice Álvaro Canabal, representante legal del Consejo Comunitario de Santa Ana, quien también informó que Pasacaballos se encuentra militarizado.
A la construcción del puente le rindió más que al cumplimiento de los compromisos. Dice Canabal que Cartagena no ha cumplido con los acuerdos y que debió haberlo hecho en 2013. Pero la directora de valorización del Distrito, Cecilia Bermúdez, informó que desde que asumió el actual alcalde en julio del año pasado están trabajando en ello.
Se dará una “compensación económica a las personas cuyo sustento depende del cruce del ferry”, dijo, pero “nadie ha recibido aún indemnización porque estamos en etapa de concertación y negociación con cada uno de los grupos económicos”, entre los que resaltan diversas actividades como la venta de fritos, minutos, raspado, galletas, frutas, chance, cocadas, pescado y arepa de huevo, y aquellos que alquilan baños. “Son más las actividades económicas que estamos indemnizando que las que desaparecen realmente”, dijo.
Por eso hay descontento y las comunidades negras dicen que “hay que obedecer un acta que firmamos en la Alcaldía y el compromiso es que no se debe inaugurar el puente hasta que haya cumplimiento de los acuerdos”, añade Canabal. Pero el puente no se va a inaugurar el 21 de marzo, como se ha dicho, según se desprende de la conversación que sostuvo El Espectador con Bermúdez. Lo ideal sería que la inauguración del puente coincidiera con el cumplimiento de los acuerdos. “Ese es el compromiso del alcalde”, dijo.
El puente hace parte de la transversal Cartagena-Barú, una vía de 25 a 28 kilómetros. Tiene 585 metros de largo y 13 de ancho y un costo de alrededor de $21.500 millones, que la Sociedad Portuaria Puerto Bahía aportó, de acuerdo con su gerente, Juan Pablo Cepeda. Conecta y facilita el transporte de quienes viven en la isla y trabajan en Cartagena, así como de los visitantes y trabajadores de Playa Blanca y otros sitios turísticos que optan por esta vía y no por viajar en lancha. El Consorcio Vial Isla Barú fue el encargado de construirlo.
Leonard Vallecillas Molina, representante legal del Consejo de Comunidades Negras de la población de Barú, al extremo sur de la isla, le contó a El Espectador que entre los acuerdos también está la gestión para poder contar con el servicio de agua potable, así como el apoyo a las negociaciones para que en el sector denominado Playetas, por donde sólo pueden pasar motos y carros de doble transmisión, se construya un viaducto o al menos se adapte para el tránsito de cualquier vehículo. Los baruleros se quejan porque cuando alguno de ellos tiene un accidente o debe ir por cualquier enfermedad a un hospital, no hay posibilidades de cruzar Playetas.
También, entre los preacuerdos se habló de un peaje social cuyo recaudo sería dividido en 50% para el mantenimiento del puente y 50% para inversión social en las cuatro comunidades, y a los nativos se les eximiría de su pago. “El tema del peaje lo vimos como una oportunidad”, dice Vallecillas. “No sólo el puente aumentaría el tránsito sino sería un beneficio porque habría inversión social para estas comunidades”.
Según Bermúdez, hay un equipo interdisciplinario en la Alcaldía que está trabajando en la instalación y el funcionamiento del peaje. “Si no lo tenemos hoy, no quiere decir que no estemos cumpliendo”.
¿Cómo aumentará la afluencia de personas a la isla de Barú con el puente? Actualmente, con una población de más de 10.000 habitantes y precarios servicios públicos, es imperativo tener en cuenta a cuánta gente soportará la isla. “Esta situación amerita un estudio”, dice Canabal. “Lo estamos haciendo”, dice Bermúdez.
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@lisbethfog