19 Feb 2009 - 4:00 a. m.

Un trono lamentable

En el país está el 55% de los cultivos ilícitos de Suramérica, dice el organismo. Gobierno responde que hay que penalizar la dosis personal .

Diana Durán

Colombia, a pesar de llevar más de una década comprometida en la lucha contra los cultivos ilícitos, continúa portando la deshonrosa corona como el país en que más se fabrica cocaína en el mundo. Así lo ratificó el estudio de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), un grupo de trabajo de las Naciones Unidas que divulga, cada año, el informe más completo sobre el panorama mundial de los estupefacientes. Este documento, que será difundido este jueves en Viena (Austria), dejó en evidencia que a pesar de esfuerzos traducidos en grandes cantidades de dinero y recursos, el narcotráfico sigue encontrando la manera de esquivar los ataques del Estado.

En junio del año pasado la noticia del incremento de los cultivos ilícitos en el país, comunicada por la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas (Unodc), también fue un golpe para el Gobierno colombiano. Éste, incluso, alcanzó a contemplar la posibilidad de cancelar el contrato con la ONU, la cual, desde hace 10 años, realiza el monitoreo anual de las plantaciones ilegales en Colombia y organismos estatales como la Policía, rechazaron ese aumento. El coordinador del proyecto, Rodolfo Llinás, le dijo entonces a El Espectador que dicho crecimiento no desconocía la lucha antidrogas, sino que se explicaba en las dinámicas propias del conflicto interno.

La Jife recogió varios de los datos del monitoreo de la Unodc para relatar en su informe la situación de los narcóticos en Colombia: “De acuerdo con la Unodc, en Colombia, a pesar de los continuos esfuerzos de erradicación, los cultivos de matas de coca aumentaron un 27%”. En relación con Suramérica, en donde se produjeron 994 toneladas de cocaína, en 2007, el 60% salió de este país. El vicepresidente de la Jife y quien presentó el informe, Camilo Uribe, resumió el tema del narcotráfico en América Latina en una sentencia: “El panorama se mantiene”.

No obstante, la Jife reconoció los esfuerzos estatales por combatir las plantaciones ilegales. En el documento se mencionó que en 2007 fueron erradicadas 238.300 hectáreas de cultivos de hoja de coca y, de ésas, el 92% fue en territorio colombiano. Antonio Ceballos, viceministro de Justicia, recordó la polémica generada por el último informe de la Unodc y afirmó que no hubo incremento en el número de cultivos, sino mejorías en las técnicas de medición. Ceballos, de igual forma, recalcó el compromiso en la lucha antidrogas de la administración Uribe, traducida en más de 900 extradiciones en los últimos seis años, entre otros indicadores.


La Jife aplaudió que en Ecuador, por primera vez, se erradicaron algunas hectáreas de plantaciones de coca. No fueron extensiones grandes, no obstante, el organismo reconoció el esfuerzo del gobierno ecuatoriano en la materia. En Perú y Bolivia los otros dos países suramericanos que, junto con Colombia, son los únicos en los que se produce cocaína, el incremento de las plantaciones ilegales fue mucho más moderada: 5%. Aun así, la Jife manifestó su preocupación en que este reciente aumento conlleve a una mayor elaboración de cocaína. Si bien en 2007 se fabricaron 994 toneladas de droga, en comparación con 2006, el crecimiento fue sólo de 10 toneladas.

Acerca de las rutas para sacar la droga, Camilo Uribe manifestó que la Jife ve con enorme consternación cómo las organizaciones criminales recurren al territorio venezolano. El contrabando de cocaína a través de este país, según las Naciones Unidas, se ha acrecentado considerablemente desde 2002. Asimismo, los alucinógenos que salen por Venezuela tienen como principal destino los países occidentales del continente africano para, finalmente, inundar el mercado negro europeo. El 27% de la droga que llega a Europa es conducida por esta vía, por naciones como Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria, Senegal y Sierra Leona, entre otras.


Camilo Uribe, vicepresidente de la Jife, además, se refirió a una falencia que se presenta en todos los países del mundo: “Hacen muy buen trabajo en la reducción de la oferta (de alucinógenos), pero muy poco en la reducción de la demanda”. Según dio a conocer el representante de la Unodc, Aldo Lale-Demoz, en el mundo hay unos 15 millones de consumidores de cocaína y cerca de 165 millones de marihuana. “No hay Estado que pueda asumir el costo de quienes dejan la droga, sobre todo porque la mayoría de veces recaen. Hay que proteger a las personas más vulnerables, como lo son los niños y adolescentes y las poblaciones marginales”, sostuvo el funcionario de Naciones Unidas.

La Jife hizo un llamado de atención sobre el tema de la corrupción. Anotó que por esta problemática, que corroe a muchas de las administraciones suramericanas, el impacto de la lucha antidroga se ve mermado. De acuerdo con el reporte de la ONG Transparencia Internacional, en 2007, sólo en Chile y Uruguay el índice de percepción de los ciudadanos sobre la legalidad de las acciones de sus gobernantes obtuvo una buena calificación. Dieciocho naciones latinoamericanas, sin embargo, acordaron implementar las recomendaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, llevada a cabo en La Paz (Bolivia), en diciembre de 2007.

El viceministro Antonio Ceballos, en nombre del Gobierno, reiteró una sugerencia que poco ha tenido acogida en el país: la eliminación de la dosis personal. “El presidente Álvaro Uribe ha insistido constantemente en lo necesario que es hacerlo”, dijo, y argumentó que en un país con un problema de narcotráfico tan fuerte como Colombia, no es posible que la gente pueda adquirir dosis individuales de narcóticos y que la justicia no penalice este acto.


A pesar de la insistencia del Primer Mandatario, la propuesta, que fue incluida en el referendo que el presidente Uribe promovió en el año 2003, no fue aprobada por los votantes. Ceballos, con su observación, puso de nuevo el debate sobre la mesa.

Recomendaciones a los gobiernos

La Jife hizo varias sugerencias a los países que batallan contra el narcotráfico. Invitó a las naciones que aún no han ratificado los tratados internacionales antidrogas, que lo hagan de inmediato. Que mantengan sus estadísticas actualizadas y las envíen a tiempo a la Jife y, de igual manera, que entreguen recursos adecuados a sus autoridades para mantener el control adecuado.

La Jife sugirió a los gobiernos que ajusten sus requerimientos legales en lo que corresponde a los narcóticos como medicamentos, con el propósito de no crear dificultades en cuanto al mercado de drogas que se requieren para fines médicos y científicos.

En total se hicieron 46 recomendaciones. Cuatro de ellas, dirigidas al gobierno de Afganistán, en donde han crecido alarmantemente los cultivos ilícitos de opio.

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