A pocas horas de comenzar su gobierno y cuando estaba en marcha un acercamiento entre Caracas y Bogotá para normalizar las relaciones —el canciller Nicolás Maduro estaba confirmado para asistir a la toma de posesión de Juan Manuel Santos—, un intempestivo giro en esa ruta se estaría estructurando en la Casa de Nariño. El último envión del saliente presidente Álvaro Uribe sobre los presuntos nexos del gobierno de Hugo Chávez con las guerrillas de las Farc y el Eln derivaría en una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aunque la demanda fue firmada a título personal por el abogado Jaime Granados, se sabe que en muchos procesos éste ha sido el defensor del Jefe de Estado. Para no ir más lejos, es el apoderado del Presidente en la demanda que instauró por el delito de prevaricato ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Yesid Ramírez Bastidas. Según dijo Granados a RCN, “es una demanda para efectos de lograr la reparación frente a las gravísimas situaciones de derechos humanos que se han planteado”.
La piedra angular de las denuncias está soportada en los informes que presentó Colombia ante la Organización de Estados Americanos hace dos semanas, en los que se hacía referencia a cómo en zona fronteriza las Farc se movían en Venezuela como Pedro por su casa, con 87 campamentos, 1.500 guerrilleros y un jefe del secretariado de las Farc, Luciano Marín, alias Iván Márquez. En su momento, el gobierno Chávez descalificó estos señalamientos y se negó a que una comisión de la OEA verificara, coordenadas en mano, las acusaciones.
Esta arremetida jurídica que se avecina en contra del gobierno del vecino país pone al nuevo Presidente y su gabinete en un escenario muy incómodo. Al cierre de esta edición, en Venezuela no había ningún pronunciamiento oficial, pero no es de esperar que la recomposición de las vías diplomáticas llegue pronto.
Más allá de la nueva reyerta diplomática, El Espectador conoció en detalle la agenda que hasta anoche tenía el Canciller venezolano. Su presencia se había definido durante el encuentro que sostuvieron el viernes en el Palacio de Miraflores los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el secretario general de la Unasur, Néstor Kirchner, y del que el crédito mayor le corresponde a la nueva canciller, María Ángela Holguín, quien silenciosamente venía trabajando en el tema de las relaciones con Venezuela desde hace varios días. Una estrategia que, como lo comentó una fuente a El Espectador, requería un tratamiento de alto nivel político, “como lo hicieron en su momento los países involucrados en la guerra fría”.
La agenda de Maduro, hasta anoche embolatada, pasaba por temas obvios como el escenario de Unasur o la necesidad de restablecer las relaciones entre ambos países para atenuar sus efectos económicos. Maduro no vendría a Colombia en una simple actitud protocolaria, traería consigo una misión de Estado. Sin embargo, con esta nueva denuncia la situación vuelve a ser incierta.
Trascendió que entre los temas a tratar se incluía un asunto no muy convencional en este tipo de encuentros: los acuerdos humanitarios. De alguna manera, hoy Venezuela es el país con mayor número de refugiados procedentes de Colombia, y esa es otra razón que arguye el país vecino para que antes que guerra o armas, quiera anteponer la discusión sobre la paz y los efectos que ésta puede traer entre dos naciones que comparten más de 2.000 kilómetros de frontera.
En la trasescena del conflicto se encuentran 37 municipios de seis departamentos que llevan padeciendo más de un año un bloqueo comercial del vecino país, desde que Chávez cortó relaciones por las bases militares con personal norteamericano en Colombia. Y justo cuando por fin empezaban a tenderse puentes de entendimiento, nuevamente las denuncias mandaron al sótano la diplomacia. Hasta el último día Uribe insistió en perseguir a como diera lugar la guerrilla de las Farc y de hecho este viernes se conoció que en operaciones del Ejército Nacional habría sido abatido en la Serranía del Perijá, en la frontera, uno de los cabecillas de este grupo ilegal, Pastor Álape.