Los constantes choques entre fuerzas policiales y estudiantes de las principales universidades públicas del país, durante los últimos meses, alcanzaron ayer viernes su punto más candente. Ante la orden presidencial de que la Fuerza Pública intervenga para restablecer el orden en los centros educativos en los que haya desmanes, alumnos de Ibagué, Cali y Bogotá intensificaron sus protestas y en algunos casos agredieron a los uniformados.
El caso más grave ocurrió en Ibagué, en donde estudiantes de la Universidad del Tolima chocaron con unidades Esmad, protagonizando un enfrentamiento que causó pánico en los alrededores del centro educativo y obligó al cierre del tránsito cinco cuadrar a la redonda.
En Bogotá no hubo protestas, pero las directivas de la Universidad Pedagógica decidieron clausurar el semestre académico debido a la gravedad de los desmanes del jueves.
De acuerdo con el rector Óscar Armando Ibarra, esta es una medida preventiva que busca garantizar la seguridad de la comunidad educativa, pues durante las protestas más de 10 personas que no participaban en los hechos también resultaron heridas.
El próximo martes, las directivas se reunirán para analizar la situación y las clases se podrían restablecer el día miércoles. De acuerdo con los estudiantes, la manifestación se originó cuando varios movimientos estudiantiles de la universidad decidieron unirse para protestar por la mala administración del rector Ibarra, pues existe un déficit de más de 3 mil millones de pesos.
Ibarra asegura que no hay déficit y que de lo que se trata es de buscar soluciones apropiadas para la situación financiera de la universidad.
El jueves en la tarde la situación en la Pedagógica parecía haberse salido de control. Durante más de dos horas los estudiantes se enfrentaron con la Policía Antimotines, en una riña que dejó varios heridos como consecuencia de las piedras, papas bomba y ácidos que lanzaron los estudiantes contra las autoridades.
La calle 72 y la carrera 13 tuvieron que ser cerradas durante los disturbios, lo que ocasionó inconvenientes con el tráfico por más de tres horas. Al finalizar la jornada, 21 personas fueron detenidas.
Fue entonces cuando el presidente Álvaro Uribe canceló compromisos de agenda en Medellín y se desplazó a la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá, a las 7:30 de la noche, para hablar con los detenidos. “Es muy grave que mientras la Patria hace estos esfuerzos para superar tantas dificultades, quienes han tenido la posibilidad de asistir a la universidad sean generadores de violencia, generadores de vandalismo”, aseguró el mandatario.
De igual forma aseguró que las autoridades tenían orden de capturar a todos los universitarios que estuvieran realizando acciones violentas, agradeció la oportuna reacción de la Policía Nacional para atender el caso y le dio vía libre para actuar cuando se presenten estas situaciones: “La Policía debe entrar de inmediato, por orden directa del Presidente, a cualquier recinto universitario donde haya violencia y detener a todos los generadores de ésta… Así como respetamos la libertad de cátedra, la libertad de ciencia y la libertad de pensamiento, no permitimos la violencia”.
Asimismo, el mandatario aseguró que es insólito y preocupante que en los registros aparezcan estudiantes que llevan más de 20 años estudiando, y que casualmente siempre están involucrados en los hechos violentos que se presentan. También advirtió que, de acuerdo con investigaciones de las autoridades, existen universidades que tienen lugares en donde se almacenan explosivos. “El Gobierno y la Fuerza Pública tienen información de que hay generadores de violencia en las universidades, conectados con los grupos terroristas. Eso no lo permitimos. Aquí la violencia universitaria se acaba porque se acaba, como se tiene que acabar cualquier violencia en Colombia”, afirmó Uribe.
El caso de Univalle
En la Universidad del Valle la situación no es muy diferente.
El pasado 3 de abril, durante una manifestación, un grupo de encapuchados atentaron contra una patrulla de la policía, a la que le lanzaron un artefacto explosivo. Durante los hechos se bloquearon varias calles y se cerraron algunas vías con busetas a las que les habían pinchado las llantas.
De acuerdo con los protestantes, la jornada tenía como fin reclamar al Congreso de la República para que se revisara la Ley de Educación.
Finalmente, agentes de la Policía ingresaron a la universidad y retuvieron a 11 estudiantes, de los cuales cuatro eran responsables de quema de carros. El problema es que al parecer los estudiantes fueron sacados de las aulas de clases y retenidos sin que existiera ninguna orden del Alcalde, el Gobernador o la misma Policía.
Todo indica que desde entonces ya se estaba rebosando la copa y que lo que sucedió en la Universidad Pedagógica fue lo
que terminó prendiendo la mecha para que el Presidente hiciera un pronunciamiento tan duro.
La situación en la institución educativa parece haberse salido de control. Los profesores argumentan que aunque los encapuchados representan una minoría dentro de la comunidad educativa, éstos tienen la capacidad de intimidar a los estudiantes y detener las clases poniendo candados en los edificios.
Pero el problema no para ahí. De acuerdo con un informe presentado por el Servicio de Información de la Policía, Sipol, existen por lo menos ocho grupos en la universidad vinculados con el grupo guerrillero de las Farc. El 20 de febrero del año pasado, por ejemplo,la Sijín descubrió dentro del plantel cuatro bombas compuestas por Indugel y Anfo listas para ser detonadas.
Ruido de ‘Águilas Negras’
Esta situación llevó a otro problema aún mayor. Cuando ya se estaban calmando los ánimos, por el campus comenzaron a circular unos panfletos, firmados por el denominado grupo de las ‘Águilas Negras’, amenazando de muerte a algunos estudiantes y dándoles 15 días para irse de la ciudad.
De igual forma, el 21 de abril fue enviado a los correos electrónicos del rector, Iván Enrique Ramos; del decano de la Facultad de Humanidades, Darío Henao; del representante estudiantil ante el Consejo Académico, Dimas Ernesto Orejuela, y de algunos miembros de la Universidad del Valle, una amenaza de muerte firmada por el mismo grupo.
En la misiva, también se proferían intimidaciones contra algunos estudiantes y contra los grupos estudiantiles “arquitectos sociales” y “comité de educación”.
El hecho llevó a que la Asociación de Estudiantes Universitarios, Aceu, denunciara la situación ante la opinión nacional con el fin de que se comunicaran a las autoridades colombianas y se dieran las garantías necesarias para ejercer el derecho a la organización y a la actividad política en el interior de las universidades, así como que se iniciaran las investigaciones pertinentes, de forma independiente e imparcial, para enjuiciar y sancionar a los responsables de todas las irregularidades que se denunciaban.
Universidades en problema
La universidad pública con mayor activismo político y que ha estado en frecuentes choques contra fuerzas policiales es la Nacional (sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira), que durante el último año ha estado en constantes discusiones con los entes rectores por reformas en el estatuto estudiantil.
El jueves hubo disturbios en la Universidad Pedagógica por la supuesta pérdida de dinero para programas académicos. Las
protestas terminaron con la captura de veinte estudiantes y con la presencia del presidente Álvaro Uribe, quien regañó a los estudiantes que promovieron la revuelta y anunció que la policía ingresaría a los claustros en los que se repitieran los disturbios.
Finalmente, el viernes en la Universidad del Tolima, en Ibagué, se presentaron fuertes enfrentamientos entre estudiantes y la Fuerza Pública como represalia a la orden presidencial.
¿Farc en universidades?
Como consecuencia de los disturbios en la Pedagógica, el Partido Comunista Clandestino Colombiano, afín a las Farc, divulgó un comunicado en el que ratifica que la organización guerrillera está presente en colegios, barrios y ciudades del país. Los rumores sobre la infiltración de grupos armados en el estamento educativo, son una de las mayores preocupaciones del Gobierno en cuanto a la problemática universitaria. Aunque el hecho de que el PC4 lo reconozca, no significa que esto sea cierto, las autoridades comenzaron a indagar. Una vez más el fantasma de los nexos pasados entre la academia y la guerrilla es visto por algunos como la prueba de que dichos nexos persisten.
Cronología disturbios en universidades públicas
3 abril de 2008
En la Universidad del Valle, después de que el escuadrón antidisturbios ingresó al plantel y retuvo un estudiante por supuesto cargamento de papas bomba, se presentaron disturbios donde los estudiantes quemaron una patrulla de la policía.
16 de abril 2008
En la Universidad Nacional de Medellín los estudiantes protagonizaron disturbios al enterarse de la modificación del estatuto estudiantil. El enfrentamiento con las autoridades dejó 23 heridos, según los universitarios.
29 de abril 2008
En la Universidad de Neiva los estudiantes marcharon en conmemoración del aniversario del Movimiento Bolivariano. Sin embargo, el acto dejó de ser pacífico cuando algunos estudiantes lanzaron gasolina a cuatro policías.
8 de mayo 2008
En la Universidad Tecnológica de Pereira, los enfrentamientos entre estudiantes y fuerza pública dejan cinco estudiantes heridos. Las razones de los disturbios son la reducción de presupuestos y políticas de privatización de las universidades públicas.
16 de mayo 2008
En la Universidad Nacional de Bogotá, los estudiantes iniciaron revuelta en conmemoración de los 24 años de la toma por parte de la fuerza pública al campus universitario. Durante los disturbios, encapuchados bloquearon la calle 26.
29 de mayo 2008
En la Universidad de Antioquia y en la Universidad Nacional de Medellín hubo revueltas por la aprobación del estatuto estudiantil. Aunque el escuadrón antidisturbios intentó impedir la revuelta, ésta dejó tres policías y seis estudiantes heridos.
El polémico artículo 38 del Plan de Desarrollo
El pasado 21 de mayo la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 38 de la Ley del Plan de Desarrollo, que pretendía dar al Presidente de la República la facultad de regular algunos aspectos que, de acuerdo con la Corte, sólo el Legislativo puede hacer, como la concurrencia de la Nación y las universidades en el saneamiento del pasivo pensional.
Sin embargo, la sentencia declaró que la concurrencia considerada en sí misma era legítima, pues contenía el fin que se aviene perfectamente a la Constitución de garantizar el pago de la pensiones a los interesados.
Uno de los aspectos más importantes que resultan del fallo de la Corte es que ahora la Ley de Presupuesto es inaplicable y el dinero que le recortaron a las universidades en dicha ley tiene que ser repuesto, mientras no se expida una nueva ley que se ajuste a la decisión de la Corte.
Y como la elaboración y aprobación de una ley toma tiempo, mientras pasa por los debidos debates, los pronósticos determinan que entonces es necesario que el Gobierno y el Congreso transfieran a las universidades lo que dejaron de transferir debido a la aplicación de la Ley del Plan.
Por Marcela Osorio
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