Durante 2024, los bosques tropicales del mundo perdieron la mayor cantidad de hectáreas de los últimos 20 años, de acuerdo con el principal hallazgo del más reciente informe del Laboratorio de Análisis y Descubrimiento Global de Tierras (Global Land Analysis and Discovery, GLAD) de la Universidad de Maryland (Estados Unidos) disponible en la plataforma Global Forest Watch desde la medianoche de este martes.
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El análisis, adelantado también por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), revela que el año pasado —el más cálido jamás registrado— se perdió una cifra récord de 6,7 millones de hectáreas de selva tropical primaria. Esto, para que se haga una idea, corresponde a poco más de 37 veces el área que ocupa Bogotá (tanto el área urbana como rural). Si le es útil otra comparación, imagine ver cómo se desaparece una cancha de fútbol cada tres segundos durante todo un año.
Esto, como puede ver en la primera gráfica que acompaña este texto, representa un aumento del 80 % frente a los datos de 2023 y rompe con la tendencia de estabilización que se había alcanzado en los últimos cinco años. Además, por primera vez desde que se elabora este informe, los incendios forestales fueron la principal causa de la pérdida de bosques tropicales primarios, de los ecosistemas más importantes del mundo y claves para el almacenamiento de carbono, la provisión de agua y la biodiversidad, entre otros factores.
Desde 2002, cuando empezaron las mediciones para el Global Forest Watch, el primer motor de la desaparición de estos bosques fue la tala de árboles para actividades agrícolas permanentes. En 2024, el 49,5 % de la pérdida de bosques tropicales se dio por incendios forestales, que quemaron cinco veces más bosques que en 2023. “Si bien los incendios ocurren naturalmente en algunos ecosistemas, en los bosques tropicales son casi totalmente causados por humanos”, aclaran desde la plataforma, reconocen que el año pasado rompió récords de temperaturas, “con condiciones cálidas y secas causadas en gran medida por el cambio climático y El Niño que condujo a incendios más grandes y más generalizados”.
Una de las regiones más azotadas por la pérdida de estos bosques fue América Latina. En este punto es importante hacer una aclaración: si bien los datos de la Universidad de Maryland tienen una cobertura global, se enfocan en los trópicos, pues allí ocurre el 94 % de la deforestación o eliminación de los bosques.
Teniendo en cuenta esto, Brasil, el país con la mayor área de bosques tropicales primarios en el mundo, volvió a ocupar la primera posición, al perder más de 2,8 millones de hectáreas, un incremento del 148 % frente a los resultados obtenidos en 2023, concentrando así el 42 % de todas las pérdidas de selvas tropicales primarias en el trópico. Tras lograr niveles bajos en 2023, debido a “políticas a favor del medio ambiente introducidas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, la pérdida de bosques se disparó por cuenta de la sequía más intensa y generalizada en siete décadas, así como por la tala de bosques por el cultivo de soja y la ganadería, entre otros factores.
Siguiendo con la lista de los países donde más se perdieron bosques, Bolivia aparece, por primera vez desde que se lleva este registro, en la segunda posición, al experimentar un “enorme aumento” del 200 %. La República Democrática del Congo, Indonesia y Perú, completan las primeras cinco posiciones.
Colombia, mientras tanto, aparece en la séptima posición. En nuestro país, según el informe, durante 2024 se perdieron más de 98.000 hectáreas de bosques primarios, esto es un 48 % más que lo registrado en 2023, cuando se talaron poco más de 66.000 hectáreas.
A diferencia de la tendencia global y regional, en nuestro país “los incendios no fueron un factor importante”, destaca el documento. ¿Qué impulso la pérdida de bosques en Colombia?
El poder de las disidencias y la debilidad del Estado
Antes de abordar la situación particular de Colombia, es necesario hacer una aclaración para evitar confusiones: las cifras que acaba de presentar Global Forest Watch son distintas a las que anualmente ofrece el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) sobre la deforestación.
Saltándose algunos detalles técnicos, Edersson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM, explica que el objeto de análisis de ambas mediciones es distinto. “Para nosotros, es la superficie de bosque de Colombia, aplicando la definición oficial de bosques, mientras que para la Universidad de Maryland es la cobertura arbórea global”. Mientras los datos del Global Forest Watch tienen en cuenta áreas de árboles plantados o no por humanos, bosques naturales y árboles urbanos, por mencionar algunas variables, el IDEAM se enfoca, principalmente, en tres criterios: un porcentaje del dosel de copas (la parte más alta de los árboles), la extensión mínima de una hectárea y árboles in situ de mínimo cinco metros de altura.
“En ese sentido, comparar directamente datos del Global Forest Watch con datos del IDEAM podría dar interpretaciones diferentes de una misma realidad, que es el bosque natural”, complementa Cabrera, quien recuerda que la cifra oficial de deforestación la ofrece esta entidad. De hecho, entre la última semana de junio y la primera de julio, el Instituto dará a conocer el consolidado de la deforestación para 2024 que, según las cifras preliminares, aumentó en un 35 % frente a 2023.
Más allá de la diferencia en las áreas y los porcentajes, en lo que coinciden ambas mediciones es en el alza de la tendencia. Para el WRI, “la suspensión de las conversaciones de paz y el aumento de la violencia en áreas remotas también han aumentado la minería ilegal y la producción de coca y han alentado la pérdida de bosques, lo que afecta a las comunidades indígenas en particular”.
De acuerdo con Joaquin Carrizosa, asesor senior de WRI Colombia y quien hizo parte de la elaboración del informe, “la deforestación es un espejo de la situación de gobernanza”. Para el antropólogo con doctorado en Antropología ambiental de la Universidad de Kent (Inglaterra), así como hay una mirada cuantitativa sobre esta pérdida de bosques y que está marcada por las mediciones, también hay una cualitativa, que refleja una pérdida de gobernanza.
Aunque Carrizosa y el WRI reconocen que el gobierno del presidente Gustavo Petro trató de “tener una presencia institucional para aumentar la gobernanza en ciertos territorios”, lo cual permitió una reducción en la deforestación en 2022 y 2023, no se puede obviar el rol que están jugando las disidencias de las FARC, sobre todo en la Amazonia, la región que históricamente concentra la pérdida de bosques en el país.
Juanita Vélez, politóloga, periodista e investigadora y cofundadora de la Fundación Conflict Responses (CORE), comparte la conclusión del WRI, pero es enfática en señalar que el péndulo de la deforestación en los últimos años ha dependido, en gran medida, de los intentos de negociación que ha tenido el Gobierno Nacional con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), la disidencia de las FARC que es comandada por “Calarcá Córdoba”.
Vélez se refiere a que esta disidencia ha usado la autoridad ambiental que ejerce en varios departamentos de la Amazonia, y con ello su poder sobre la deforestación, para presionar los diálogos. De hecho, apunta la cofundadora de CORE, las cifras del Global Forest Watch se conocen en un momento de incertidumbre en la mesa de negociación con la disidencia que lidera Calarcá.
Justo por estos días, el Gobierno Nacional deberá decidir si prorroga la suspensión de operativos militares contra el EMBF o no. En caso de que el presidente Petro decida mantener la suspensión, Vélez cree que existe la posibilidad de que la deforestación disminuya, sobre todo teniendo en cuenta una serie de acuerdos que giran en torno a esta problemática y que firmaron las delegaciones del gobierno y las disidencias en abril de este año en La Macarena (Meta). Eso sí, advierte la analista, “si a ellos les llegan a levantar totalmente la mesa, la que puede sufrir mucho es la selva”.
En esta misma línea, el informe de WRI señala que “para que la pérdida de bosques vuelva a caer, el gobierno debe mantener el acuerdo de paz y desarrollar fuentes de sustento sin deforestación para las comunidades locales”.
Aun con la continuidad de la mesa de negociación, Vélez se pregunta por cuál es la capacidad del Estado para monitorear y hacer cumplir lo acordado en La Macarena. “Si juzgamos por lo que ha pasado hasta ahora, la descoordinación, la falta de método, y todo lo que ha tenido esta mesa, es muy difícil que esto realmente se concrete”, acota la investigadora de CORE.
En este punto, Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), insiste en una idea que ha manifestado desde hace algunos meses: “El asunto es mucho más complejo que simplemente señalar que las disidencias tienen presencia en áreas donde hay ganadería, cultivos y minería. En lo que he insistido mucho, y es lo que nos está mostrando esto, es que estos grupos armados tienen otro modelo de planeación y uso del territorio que no se compadece ni va en la misma vía de lo que el Estado ha planeado para la Amazonia”. A este fenómeno, Botero le denomina un proceso de contraordenamiento territorial.
Este, continúa Botero, no solo se está apalancando en economías ilegales, sino con la movilización de las poblaciones, lo que dificilmente va a permitir que se aborde en las mesas de negociación. Para el director de la FCDS, además, hay un punto que no se puede pasar por alto y que se configura como uno de los principales retos para el Estado colombiano. “En muchas partes del territorio, hay un Estado funcional a ese modelo de contraordenamiento. La institucionalidad, en muchas zonas, es complaciente con ese modelo. Hay un caos institucional a nivel nacional en el cual no se dialoga ni coordina”.
Un llamado de alerta
De regreso al panorama mundial, el reciente informe declara que “no podemos ignorar el llamado de alerta del 2024”. En 2021, recuerdan los autores, líderes de más de 140 países —entre esos Colombia— firmaron la Declaración de Glasgow en la que se comprometieron a detener y revertir la pérdida de bosques para 2030. Teniendo en cuenta el récord que se estableció el año pasado, la tala de bosques deberá caer un 20 % cada año con respecto a los niveles de 2024, para cumplir con lo prometido.
Para lograrlo, señalan desde WRI, se requiere; un liderazgo político sostenido, la separación de la producción de productos básicos de consumo de la pérdida de bosques, una sólida prevención y respuesta a los incendios, combatir los delitos contra la naturaleza, un mayor financiamiento para la protección y restauración forestal, que las economías forestales sean dirigidas por la comunidad, así como alinear los esfuerzos por reducir la deforestación con los objetivos del Marco Global para la Biodiversidad.
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