Los escenarios ante fin del plazo para que Frente 33 se preconcentre en ZUT de Catatumbo

Delegados del Gobierno y representantes del Frente 33 tuvieron una reunión extraordinaria en Cúcuta para firmar el documento sobre Zona de Ubicación.

Foto: Archivo Particular

Este domingo vence el plazo estipulado en el decreto presidencial que suspendió las operaciones militares ofensivas contra la disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), y que, además, otorgaba un margen de un mes para el tránsito hacia una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), que por ahora será solo con el Frente 33 de esa estructura en Catatumbo.


Con el tiempo en contra, el Gobierno Nacional se enfrenta a una decisión estratégica que puede consolidar o fracturar el proceso con ese grupo armado y que definirá la viabilidad de esa zona de preconcentración.


El decreto vigente, que forma parte de unas medidas excepcionales adoptadas por el presidente Petro tras no prorrogar el cese al fuego con ese grupo armado, estableció una suspensión de operaciones de la Fuerza Pública contra el EMBF, pero condicionado al cumplimiento de compromisos concretos, entre ellos justamente la creación de zonas de ubicación verificables.


Hace una semana Colombia+20 contó que las negociaciones entre el Gobierno y el Frente 33 han avanzado en aspectos logísticos para habilitar la zona y que se trabaja en la adecuación de espacios físicos, aunque hay cientos de detalles que aún se desconocen, como la zona geográfica, quién hará el monitoreo de esa zona o si habrá o no desarme, entre otros.

Según lo que pudo establecer este diario, la prioridad de la delegación del Gobierno no está enfocada necesariamente en la renovación del Decreto 0448 del 17 de abril, sino en uno nuevo que debe firmar el presidente Petro, en el que se reglamentará la creación y el funcionamiento de la Zona de Ubicación Temporal.

Durante la última semana los negociadores aceleraron todos los pormenores para entregarle al mandatario un documento con la hoja de ruta completa apenas llegue este domingo de su gira por China y el Vaticano, donde estará en la misa de inicio de pontificado del papa León XIV.

Fuentes en la Casa de Nariño han afirmado que el jefe de Estado fue tajante en que solo firmará -tanto el posible nuevo decreto como la prórroga- si se prueba que se han cumplido los compromisos expuestos en el Decreto 0448.

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En otras palabras, el presidente Petro quiere saber si hay o no voluntad no solo del Frente 33, sino de todo el EMBF de transitar hacia zonas de preconcentración -la idea ha generado choques en el mismo grupo armado-. Ya el ministro del Interior, Armando Benedetti, había condicionado la continuación del proceso a ese tránsito.

El escenario
si se amplía el plazo

Una posible extensión del decreto permitiría consolidar la zona de ubicación como un “laboratorio de confianza” -si se llegan a concretar todos los detalles-, y avanzar en una nueva etapa del proceso con el EMBF.

Si el presidente Petro decide prorrogar la medida se contaría con más tiempo para culminar su traslado hacia la zona de ubicación y ajustar los mecanismos de verificación y logística necesarios. Además, avanzar en los protocolos del cese al fuego y darle mayor forma al plan piloto de desarrollo territorial que acompaña esta iniciativa.


El gran punto que aún no se resuelve es el de las armas.

“Para que la fuerza pública puede proteger a los del Frente 33 sería en el contexto de una movilización hacia el desarme. No tienen que estar desarmados desde el momento que inicia el proceso, pero eso debería ser el camino. Esto para que no sea lea como que la Fuerza Pública está protegiendo a un actor armado sobre del otro. Sería casi como tomar partido en el conflicto en Catatumbo. Las condiciones de la ZUT requieren mucho desarrollo, aún estamos lejos de eso entonces. La única opción que le queda al gobierno si quiere ir por ese camino es extender los plazos de tiempo”, explica Elizabeth Dickinson, investigadora senior para Colombia de International Crisis Group.

Daniel Parra y Francisco Daza, investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), advierten que hay otras preocupaciones por la ubicación de la ZUT en Catatumbo.

“Aunque el Gobierno ha manifestado que la zona estaría protegida por la fuerza pública, la realidad es que Tibú constituye un territorio altamente disputado, donde la presencia activa del Ejército de Liberación Nacional (ELN) genera condiciones de extrema vulnerabilidad. En este contexto, la eventual concentración del Frente 33 en una ubicación fija podría representar una oportunidad para el ELN, que ha intensificado su ofensiva armada en la región, incluyendo el uso de drones con explosivos y emboscadas, para debilitar o expulsar a su contraparte del territorio”, aseguraron.

En el escenario de la prórroga y de la creación de un nuevo decreto para reglamentar la Zona de Ubicación Temporal, el Gobierno tendría que asumir los costos políticos de mantener una especie de “tregua” con un grupo armado que, en paralelo, ha sido señalado de continuar con actividades ilegales en otras regiones.

No obstante, el riesgo es que la prórroga sin resultados verificables amplíe la brecha de confianza con la sociedad civil, especialmente con las víctimas y comunidades que han denunciado violaciones al cese del fuego por parte de frentes del EMBF.

La investigadora Dickinson explica que aunque el modelo podría replicarse a nivel local, es muy lento.

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“Estas zonas de ubicación vienen de un modelo en el cual las dos partes, tanto el Gobierno y el Estado Mayor de los Bloques y Frente han intentado crear algunas burbujas con tres componentes: reducir la violencia, inversión del Estado para transformar el territorio y, por último, buscar un camino hacia la legalidad. La pregunta es qué tan factible es en otras regiones del país. Este modelo se puede desarrollar a nivel local, pero es muy lento, toma mucha energía por parte del Gobierno y si es factible replicar en múltiples zonas al mismo tiempo, es una pregunta abierta dado la capacidad del Estado de implementación”, afirma.

En el Gobierno Petro, el reloj no siempre marca el fin

Aunque el plazo del decreto vence este 18 de mayo, no sería la primera vez que el Gobierno permite una “extensión tácita” más allá de lo estipulado formalmente o, peor aún, que en la práctica no pase nada con el fin de un plazo. Ya ocurrió con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en septiembre de 2023, cuando el cese bilateral pactado por 180 días venció sin que se anunciara inmediatamente su renovación. Durante varios días, las hostilidades siguieron suspendidas y la extensión formal se firmó días después.

Un caso similar se dio con el propio EMBF a comienzos de 2024, cuando el plazo de un anterior cese fue superado sin una decisión pública de inmediato. En algunos de esos casos, la lógica del Gobierno ha sido priorizar la continuidad del diálogo y evitar una ruptura abrupta, incluso a costa de moverse fuera de los tiempos normativos estrictos.

Estos antecedentes abren la posibilidad de que el Ejecutivo opte por una figura intermedia: no renovar aún formalmente el decreto, pero mantener de facto la suspensión de operaciones mientras se ajustan elementos técnicos o políticos. Este margen de maniobra le permitiría ganar tiempo sin renunciar al proceso.

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Lo que sí puede pasar es que si no hay renovación de la suspensión de operaciones, el proceso con el EMBF podría entrar en una fase de tensión. El frente 33 quedaría expuesto a operativos militares en Catatumbo, lo que podría reactivar el conflicto armado en esa región estratégica.


Esta decisión enviaría un mensaje de firmeza frente a las exigencias del cumplimiento de compromisos, pero también podría interpretarse como el fracaso de una de las apuestas más ambiciosas de la paz total.


La suspensión de operaciones


El otro tema es la suspensión de operaciones, y en ese los avances son lentos y se desconoce cuál será la estrategia que adoptará el presidente. Cercanos al proceso de paz le han pedido que se alargue la suspensión de operaciones ofensivas, pues esto no solo facilitaría la construcción de la ZUT, sino que bajaría el nivel de confrontación en la región, ya azotada con la crisis humanitaria que se desató a principios de año por el ataque del ELN y los posteriores enfrentamientos con el frente 33.

Asimismo, organizaciones sociales han asegurado que en los últimos días los combates se han incrementado.

El más reciente ocurrió el viernes y dejó como víctima a un menor de 12 años en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander. El hecho dejó heridos a otros cinco niños y a dos adultos. Autoridades del departamento afirman que el ataque, en el que se usó drones, se dio en medio de las confrontaciones entre el ELN y el Frente 33.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció este sábado sobre el hecho y dijo que era inaceptable los señalamientos y ataques a la población y dijo que sigue la duda sobre el Frente 33 sí está en camino de la paz y el desarme.

El Frente 33 se refirió a la situación y “lamentó el hecho”, pero pidió a las comunidades no dejar de utilizar las casas como escudo de ningún actor armado. Esto demuestra que el Frente 33, igual que lo hace permanente el ELN, irrespeta sistemáticamente el Derecho Internacional Humanitario, especialmente el principio de distinción entre combatientes y civiles, y justifica su accionar despiadado, señalando a la sociedad civil de ser cómplices o simpatizantes de uno u otro grupo armado. Ahora niños resultan asesinados y responsabilizan a las comunidades de sus crímenes. Esto es inaceptable y extremadamente doloroso. ¿El Frente 33 de las disidencias está en camino a la paz y al desarme o está escalando la guerra contra el ELN tomando represalias contra la población civil?

Por otro lado, el ala militar -más escéptica de este tipo de medidas- sigue aconsejando que se retomen los operativos. Esto por los enfrentamientos que se libran en zonas como Caquetá y Putumayo, pero especialmente por el ataque en Guaviare -perpetrado apenas unos días después de que se expidiera el decreto de suspensión de operaciones- que dejó siete militares muertos.

Fuentes cercanas al proceso aseveraron a este diario que se han dado reuniones y contactos telefónicos con delegados de la disidencia en la mesa, e incluso con el mismo “Calarcá Córdoba”, uno de los comandantes del EMBF, y que han mostrado voluntad para la extensión del decreto. De hecho, se pensaba que tanto el viernes como el sábado habría reuniones bilaterales, pero el Gobierno no concretó dichos encuentros. “Están concentrados en el tema de las ZUT que no se han concretado. De la suspensión aún no se ha hablado”, dijeron a este diario fuentes de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, solo hasta el lunes en el consejo de paz y seguridad se analizará qué se hará con la suspensión de operaciones.

“Se evaluará si se cumplieron o no los objetivos de este decreto, los índices de seguridad y se mirará discriminadamente cada uno de los bloques o frentes para ver cómo está organizado este grupo al margen de la ley. Y el tercer punto es que se harán las recomendaciones respectivas. Lo sabremos (si se prorroga o no la suspensión) después de dicha reunión, que ocurrirá muy seguramente el lunes con el señor presidente”, dijo el viernes en declaraciones a Caracol Radio.

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El desarrollo de la zona de ubicación ha sido visto como un “experimento” para probar la voluntad del EMBF, pero también como una oportunidad para que el Estado recupere presencia institucional en una región históricamente marginada. Con el vencimiento del decreto esa apuesta está en la balanza.

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