60 mil paneles solares para Colombia, ¿pero a un precio más alto que el usual?

Como contó El Espectador en noviembre de 2025, esos contratos iban a firmarse con un cronograma de ejecución de dos meses, entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de ese año. Funcionarios, empresas y otros actores del sector hicieron varias alertas, recopiladas por este medio, asegurando que era un plazo imposible para cumplir con ese propósito. Tras la publicación, el Ministerio de Minas y Energía aplazó la firma de los contratos, que terminaron adjudicándose en diciembre y con poco más de ocho meses de cronograma, con el objetivo de terminar el 31 de julio de 2026.

Aunque se esperaba que a seis días de finalizar el período de gobierno pudieran inaugurarse las comunidades energéticas, el objetivo no se logró. Hoy, la mayoría de los contratos están por debajo del 50 % de ejecución y todos pidieron una prórroga para finalizar el 31 de diciembre de 2026. Dificultades logísticas, procesos de consulta previa y demoras en la importación de mercancías son algunas de las dificultades que han argumentado los contratistas para solicitar la extensión del plazo.

Pero las demoras en la instalación de las comunidades energéticas en Colombia no son lo único llamativo sobre los 17 contratos del Ministerio de Minas y Energía con Gensa, Electrocaquetá y Dispac, las tres empresas de servicios públicos que están ejecutando los proyectos, que tienen cotizaciones para la compra de paneles solares con precios “muy altos”, de acuerdo con una fuente del sector de energías renovables que pidió la reserva de su identidad. Aunque no todos los proyectos han reportado haber hecho la compra de los paneles, los que sí lo han hecho no mencionan diferencias entre las cotizaciones iniciales y los precios que pagaron.

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El Espectador revisó la documentación de cada proyecto en el SECOP II, el sistema de contratación del Estado, y encontró que en varios de los presupuestos detallados se cotizaron paneles solares para una misma referencia con variaciones de más de COP 270.000 por unidad. Estos precios no incluyen ningún servicio adicional, como el transporte hasta las zonas en las que se instalarán ni la mano de obra para ponerlos en funcionamiento. En total, los sistemas de generación de energía solar en los 28.544 hogares del país implican comprar 60.221 paneles solares.

Pero, antes de entrar en los detalles sobre las cifras, una breve explicación sobre cómo funcionan los sistemas de generación de las comunidades energéticas. Los paneles solares tienen diferentes capacidades según las necesidades de potencia de un sistema de generación de energía: varían entre los 500 W (vatios, que indican la potencia máxima que alcanzan) y los 710 W, en el caso de las cotizaciones para los contratos de comunidades energéticas. Para iluminar un hogar, se necesitan sistemas que logren al menos 1.100 W, por lo que los proyectos para cada uno necesitan de al menos dos paneles.

Hecha esta aclaración, una de las referencias que más se repite en los contratos de comunidades energéticas son los paneles solares de 550 W. Fueron cotizados para algunos de los proyectos que implementan Dispac y Electrocaquetá, pero las variaciones en las cotizaciones son notables.

Para los sistemas de energía solar en Albania y Maicao, en La Guajira, ejecutados por Dispac, los presupuestos incluyen cotizaciones para paneles solares de 550 W a precios entre COP 510.279 y COP 519.104. Contemplan la compra de 21.328 unidades para 10.664 casas. En estas cotizaciones, las variaciones son mínimas.

Mientras tanto, los proyectos que se implementan en Norte de Santander, Magdalena, Santander, Nariño y Cesar, ejecutados por Electrocaquetá, incluyen cotizaciones que están entre los COP 505.469 y los COP 782.383. En estos proyectos, se instalarán sistemas de energía en 8.631 viviendas, que requieren de 17.262 paneles solares. La diferencia entre el precio más bajo y el más alto para paneles solares de la misma capacidad es de COP 276.914.

Eso quiere decir que si todos los paneles solares se compraran al precio más bajo cotizado para los proyectos que ejecuta Electrocaquetá, costarían más de ocho mil millones de pesos (COP 8.725.405.878, para ser precisos); pero al precio más alto, costarían COP 13.505.486.715, una diferencia de COP 4.780.080.837.

Las otras referencias cotizadas para los proyectos que se implementan en 10 departamentos del país están entre los 600 W y los 710 W de capacidad y sus precios en los presupuestos oscilan entre los COP 580.000 y los COP 890.000.

El problema no radica únicamente en la diferencia de precios. El Espectador solicitó cotizaciones a diferentes empresas, consultó a comercializadores de paneles solares y a organizaciones que hacen seguimiento al precio de este producto y encontró que los valores que están registrados en los presupuestos de los contratos están por encima de los del mercado.

Los precios de referencia en el mercado

Los paneles solares que llegan a Colombia, como en casi todo el mundo, provienen de China. Es la principal potencia en producción de tecnologías para la transición energética y la energía solar no es la excepción.

Ember Energy, una organización dedicada a recopilar datos sobre la transición energética en el mundo, ha hecho seguimiento desde 2017 al precio al que se importan los paneles solares hacia Colombia. Entre septiembre y diciembre de 2025, meses en los cuales, según el Ministerio de Minas y Energía, se estructuraron los proyectos, el precio de los paneles solares que llegaban a Colombia era de USD 0,1 por vatio (COP 400) de potencia. Es decir, un panel solar de 600 W llegaba a un puerto del país a un precio de fabricación de USD 60 (dólares), unos COP 240.000, si se toma como referencia la tasa de cambio más alta que hubo durante esos meses (COP 4.000).

Pero ese no es el precio al que se venden los paneles en el país. Edwin Hernández, director ejecutivo de Ecoled, una empresa comercializadora de paneles y que ha ejecutado diferentes proyectos para instalar sistemas de energía solar en Colombia, explica que una vez llega el producto a Colombia, deben pagar entre el 30 % y el 40 % de su valor en impuestos, gastos de aduanas y logística para tenerlo disponible en una bodega para venderlo. Después, se suman márgenes de ganancia para la empresa que suelen estar alrededor del 20 %. Con esto, el valor del panel para ese momento alcanzaría precios de entre COP 400.000 y COP 450.000. Hernández prefiere medirlo en precio por vatio, como hace Ember: unos COP 700 por cada vatio.

Hay varias empresas que en sus páginas web coinciden con estos precios. Emergente, una compañía con una trayectoria de más de 10 años en el sector de la energía solar, exhibe en su página web paneles solares de 550 W por cerca de COP 405.000. Aunque hoy esta referencia está agotada en la mayoría de las comercializadoras, pues no se fabrica desde hace dos años, según varias de las empresas consultadas por este medio.

Entre los paneles que sí se están fabricando actualmente, Emergente tiene opciones de 625 W que están entre los COP 390.000 y los COP 519.000, sin ningún tipo de descuento. También, alternativas de 715 W por COP 519.000.

Tres ejecutivos comerciales de diferentes empresas confirmaron a El Espectador que los precios referenciados por Hernández, de Ecoled, y por la página web de Emergente corresponden a lo que se cobra hoy en el mercado. Además, precisaron que las comercializadoras suelen hacer descuentos de entre el 5 % y el 12 % cuando se trata de compras que superan los 700 paneles, que es la cantidad que trae un contenedor marítimo lleno.

Estos precios coinciden con el análisis de mercado que hace IPSE, la entidad del sector energético que se encarga de revisar la estructuración de proyectos de energías renovables en Colombia. Evalúa los precios de todos los insumos que se necesitan para hacer una comunidad energética y conserva un histórico trimestral de cada referencia.

Según su tablero de consulta, durante el tercer trimestre de 2025 (mismos meses en los que se estructuraron los proyectos), el precio promedio de un panel de 550 W era de COP 424.400. Uno de 600 W costaba COP 471.367, mientras que los de 710 W estaban alrededor de COP 614.000. Estos valores no solo contemplan el precio promedio de los paneles en ese momento, sino que añaden un 15 % correspondiente a posibles variaciones en la tasa de cambio del dólar y la inflación, según confirmaron dos personas que conocen de cerca la construcción de este análisis.

¿Por qué, entonces, las diferencias entre estas cotizaciones realizadas por El Espectador y las que figuran en los presupuestos de los contratos que ejecutan Electrocaquetá, Dispac y Gensa?

Al preguntarle al Minminas, aseguran que “las condiciones técnicas, financieras, presupuestales y operativas de los proyectos estructurados y priorizados para suscribir los contratos se fundamentaron en condiciones económicas y de mercado vigentes en el contexto nacional durante el año 2025. Por lo tanto, al realizar comparaciones con cotizaciones actuales deberán considerarse las variaciones registradas en las tasas de cambio, los indicadores económicos y los costos asociados a la ejecución de los proyectos”.

Pero los precios de los paneles solares durante el último trimestre de 2025, cuando se estructuraron y firmaron los contratos, fueron monitoreados por IPSE y el análisis de Ember Energy muestra que se mantuvieron estables durante esos meses.

En cambio, durante abril de 2026 sí hubo una variación importante en los precios. Wilmar Suárez, analista de energía para América Latina en Ember, explica que en ese momento se eliminaron algunos beneficios tributarios que el Gobierno chino otorgaba a las fábricas de paneles solares. Debido a esto, se “agrega un 9% al costo de los paneles” desde entonces.

Es decir, aunque hubo una reducción en la tasa de cambio del dólar frente al peso, que pasó de COP 4.000 a cerca de COP 3.200, el precio internacional de los paneles solares incrementó, de USD 0,1 a USD 0,12 por vatio, de acuerdo con el monitoreo de Ember. En la práctica, para Colombia los precios de importación pasaron de COP 400 a COP 384 por vatio, una reducción de menos del 5%. Con los costos de nacionalización y logística, señala un documento de monitoreo de precios publicado por Emergente con corte a septiembre de 2026, los precios para paneles de entre 600 W y 790 W están entre COP 560 y COP 790, por cada vatio de capacidad.

Son cifras muy diferentes a las que se leen en los presupuestos de los contratos firmados por el Ministerio de Minas y Energía con las tres empresas de servicios públicos del país: los precios de los paneles por vatio oscilan entre los COP 919 y los COP 1.717.

Sin embargo, Dispac, una de las empresas que se encuentra ejecutando los proyectos en La Guajira y Chocó, explicó en una respuesta enviada por correo electrónico que “la interventoría reporta para la ejecución de las obras módulos de 600 W ZNSHINE SOLAR ZXN7-BD144 en los lotes 1, 3 y 4, y de 590 W ECO Green Energy EGE-590W-144N en el lote 2, los cuales cuentan con las aprobaciones y verificaciones técnicas correspondientes”.

Esto implica que durante el inicio del contrato se ajustó la capacidad de los paneles solares para estos proyectos, aunque se hubieran cotizado unos de menor capacidad. Esto reduciría el costo por vatio de cada panel a menos de COP 900, un precio más cercano a lo que se cobra en el mercado.

Esta explicación, sin embargo, no abarca los proyectos de las otras dos empresas. El Espectador también consultó a Electrocaquetá, que tiene a su cargo los proyectos con las mayores variaciones de precio para una misma referencia, y a Gensa, que tiene a su cargo los proyectos con precios más altos, que incluyen paneles de 710 W a COP 890.000 y un proyecto en el que se cotizaron paneles de 500 W a COP 858.904. Estos últimos están en el presupuesto del Valle de Guamuez, en Putumayo, que incluyó el costo del IVA, a pesar de que los paneles están exentos de pagar ese impuesto. Al cierre de esta edición, no recibimos respuestas de ninguna de las dos compañías.

Los costos adicionales del proyecto

Edwin Palma, exministro de esa cartera, y Víctor Paternina, exviceministro de Energía, quienes estuvieron a cargo de esos proyectos desde su firma en diciembre de 2025 hasta el 6 de agosto de 2026, coinciden con el Ministerio de Minas y Energía en un argumento: los proyectos se estructuraron contemplando el precio por usuario, y no los precios de cada uno de los insumos necesarios para instalar los sistemas solares.

“El costo promedio por usuario de un sistema solar fotovoltaico individual se ubicó alrededor de $31.503.303, con un rango de referencia de $29 millones a $33 millones para proyectos residenciales rurales tipo FAZNI (proyectos destinados a zonas no interconectadas). Ese costo total incluye: el suministro, la instalación y la puesta en marcha de módulos, baterías, inversores, estructuras y protecciones; el transporte fluvial o aéreo hasta veredas dispersas; el acompañamiento social y técnico, la interventoría y la formación de los usuarios”, explica Paternina en un documento enviado a El Espectador.

Si bien es cierto que los proyectos inicialmente fueron contratados basándose en ese indicador, los presupuestos que hoy se encuentran en SECOP II hacen un análisis detallado de los precios y distinguen entre el precio de cada material, como los paneles solares, y el costo del transporte para llevarlos hasta el lugar de instalación y la mano de obra para ponerlos en marcha. Todos los precios que hasta ahora se han mencionado en este artículo están identificados en los presupuestos detallados como precios unitarios de los paneles, sin contar el transporte, la mano de obra para instalarlos ni otros materiales necesarios para que funcionen.

La fuente que pidió la reserva de su identidad y que conoce de cerca el desarrollo de proyectos de energías renovables aseguró que “el valor por usuario es un resultado. Pero el principio de planeación en la contratación estatal obliga a que se verifique que ese valor se está estructurando sobre la realidad del mercado. Por eso se hace un estudio de mercado en el que también se revisan esos precios y se estructura el proyecto analizando cuánto cuesta cada ítem”.

En los estudios de mercado que hacen parte de la documentación de los contratos en SECOP II para cada proyecto, se encuentran registrados los mismos precios unitarios que contemplan los presupuestos detallados, con base en los cuales el Ministerio de Minas y Energía aprobó los proyectos y firmó los convenios interadministrativos.

Al consultar a esa cartera sobre alertas por posibles sobrecostos en los contratos, afirmaron que “a la fecha, el Ministerio de Minas y Energía no ha identificado hallazgos en este sentido. Como se ha señalado, los contratos se encuentran bajo supervisión permanente y en proceso de revisión y verificación, y en caso de advertirse cualquier situación que lo amerite, se adoptarán las medidas que correspondan para la salvaguarda de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines del proyecto en beneficio de las comunidades”.

El exviceministro Paternina, por su parte, insiste en que el precio por usuario debe ser la referencia que se tenga en cuenta a la hora de medir el costo de los proyectos. “Una diferencia de $100.000 a $300.000 por módulo equivale a entre $200.000 y $600.000 por usuario en Valle del Guamuez (dos módulos por solución) y entre $300.000 y $900.000 en Cartagena del Chairá (tres módulos). Eso es, en el peor de los casos, menos del 2 % y menos del 3 % del costo por usuario, respectivamente. Ambos proyectos seguirían dentro del mismo rango de referencia con el que fueron evaluados. Por eso sostengo que no hubo un sobrecosto en el costo de la solución por usuario, que es lo que el Estado reconoce”.

Además, asegura que los recursos de cada uno de los contratos se encuentran en un encargo fiduciario, que paga a los contratistas únicamente cuando se verifica que los sistemas estén funcionando y la interventoría los haya avalado. Explica también que el precio por usuario no puede superarse en ninguno de los contratos.

Para el exviceministro, la diferencia del 2 % en el costo por usuario de los proyectos no implica que salgan del rango esperado durante la estructuración de los proyectos. Sin embargo, una estimación de la diferencia de los precios cotizados para los proyectos y los que se encuentran en el mercado apunta a que la diferencia sería de al menos COP 10.000 millones.

Hoy, la mayoría de las comunidades energéticas que se esperaban para el 31 de julio tienen retrasos en su ejecución y, aunque varias mencionan en sus informes haber hecho la compra de los paneles, en ninguno de esos documentos se hace referencia a que los precios hayan variado con respecto a los presupuestos cotizados en 2025.

Estos son los 17 contratos de comunidades energéticas firmados por el Ministerio de Minas y Energía

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