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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra Irene Vélez, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y otros funcionarios, por presuntas negligencias en la operación del embalse de Urrá, en Córdoba, donde las lluvias atípicas provocaron inundaciones en la cuenca del río Sinú a principios de 2026.
En contexto: Embalse de Urrá, que no lo distraiga la cacería de culpables; la historia es más compleja.
Al proceso también fueron vinculados Camilo Alexander Rincón, subdirector de la ANLA; Libardo Márquez, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios; Omar Camilo López, superintendente en delegado de Energía y Gas; Orlando Rodrigo Medina, director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS); Enrique Kerguelen, presidente de la empresa Urrá y Juan Acevedo, expresidente de esta misma empresa.
Esta decisión llega luego de una actuación preventiva por parte de una procuradora delegada con funciones mixtas que, en las últimas semanas, recopiló y requirió información sobre las decisiones tomadas en torno a la operación de la planta.
El análisis de esta información llevó a concluir, según se lee en el documento que abre la investigación disciplinaria a los funcionarios, que hubo “una presunta operación negligente y con incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA) por parte de Urrá S.A. E.S.P., que habría infringido la regla de operación de la represa hidroeléctrica, lo que supone una priorización en uno de los propósitos del embalse, que es la generación de energía eléctrica, por encima de otro de los propósitos, que es la regulación de los caudales para evitar inundaciones; además de fallar en la gestión del riesgo de desastres”.
Por su parte, se señala que se habría ocurrido en una presunta omisión del deber de vigilancia, control y aplicación del principio de prevención por parte de la ANLA, “cuya intervención resultó tardía y reactiva frente a un patrón de incumplimientos sistemáticos previamente detectados y conocidos”.
En el caso concreto de Irene Vélez, se le investigará por una presunta inobservancia ante el presunto incumplimiento de la Curva Guía Máxima (CGM) —el nivel máximo del embalse que garantiza poder contar con un volumen vacío en caso de que ocurra una creciente— que debía ser acatada por la empresa desde 2024.
En el caso de la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios, se señaló que esta entidad habría tenido conocimiento de irregularidades en la operación de Urrá, pero cuyas actuaciones no fueron “suficientemente proactivas” para evitar el desastre.
La ANLA le confirmó a este diario que, para las seis de la tarde de este jueves 26 de marzo, aún no han sido notificados por el ente de control y que, apenas esto ocurra, darán a conocer su posición frente a la investigación. Lo cierto es que la entidad tendrá diez días hábiles para entregar información que hará parte del expediente del proceso que ahora adelanta el ente de control.
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