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Ya está abierto a comentarios el primer borrador de la Hoja de Ruta de Acciones Prioritarias para implementar el Acuerdo de Escazú, el más importante de los últimos 20 años respecto a derechos humanos y cuidado del medio ambiente en América Latina y el Caribe.
El proceso de consulta para recoger aportes de las comunidades, pueblos indígenas, académicos, organizaciones sociales, autoridades territoriales, entre otros actores interesados, irá hasta el próximo 19 de febrero, según anunció el Ministerio de Ambiente. La cartera invitó a la ciudadanía a leer el documento y a dejar sus observaciones y sugerencias aquí.
La ministra (e), Irene Vélez, aseguró que esta ruta “propone acciones concretas para garantizar el acceso a la información ambiental, promover la participación pública incidente en temas ambientales y fortalecer el acceso a la justicia ambiental, con un énfasis especial en la protección de la vida y la dignidad de quienes defienden los territorios y el ambiente”.
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Este instrumento clave, que orientará la implementación del Acuerdo de Escazú, fue elaborado en el marco de una mesa interinstitucional integrada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), los ministerios de Justicia, Defensa, Interior, Minas y Energía y Relaciones Exteriores, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Unidad Nacional de Protección (UNP), bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente. Estuvo, además, acompañada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en su calidad de Secretaría del Acuerdo de Escazú.
Entre los ejes prioritarios del borrador, el Minambiente destaca la protección integral de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, a través de la prevención y coordinación interinstitucional. También subraya el acceso efectivo a la justicia ambiental, así como la garantía del principio de “no regresividad” en la protección de estos derechos.
La Hoja de Ruta también se refiere a la prevención del daño ambiental y a la “superación de injusticias históricas, incorporando enfoques de igualdad, no discriminación y justicia distributiva”. Además, abarca el fortalecimiento del acceso a la información ambiental a través de la consolidación del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC).
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En línea con el propósito del Acuerdo de Escazú, el documento también plantea una participación pública incidente e incluyente, y la incorporación del enfoque de derechos humanos ambientales en la planificación, el ordenamiento territorial, el licenciamiento ambiental y las políticas sectoriales.
“Esta propuesta se prevé implementar a través de la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú, actualmente en proceso de definición y elaboración por parte del Ministerio de Ambiente”, comunicó la cartera. Dicha comisión “tendrá como función principal actuar como una instancia permanente de coordinación y definir las metas, indicadores y plazos para la implementación de la Hoja de Ruta”.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El origen del Acuerdo de Escazú (oficialmente llamado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe) se remonta a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) de 2012.
En ese entonces, diez países de la región se comprometieron a realizar un convenio con el fin de facilitar el acceso a la participación, la información y la justicia en asuntos ambientales. Durante los dos años siguientes se realizaron las reuniones preparatorias y en 2014 se estableció el Comité de Negociación, liderado por las delegaciones de Chile y Costa Rica. Finalmente, en 2018, se acogió el texto final del pacto.
Se le llama Acuerdo de Escazú porque fue adoptado en la ciudad que recibe ese mismo nombre, en Costa Rica. Se trata de un instrumento internacional reconoce el derecho de todas las personas a vivir en un entorno sano. Su objetivo es garantizar el acceso a la información y a la justicia, además de una participación pública en los procesos de toma de decisiones, todo ello en relación con asuntos ambientales. Además, es el primero del mundo que incluye disposiciones específicas para proteger a los defensores de la naturaleza.
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“Por tratarse de un instrumento internacional de derechos humanos y ambiente, el Acuerdo de Escazú otorga derechos a las personas y establece obligaciones y responsabilidades a los Estados, considerando la realidad de América Latina y el Caribe, su multiculturalidad, así como a todos aquellas personas o grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo pueblos indígenas y grupos étnicos”, señala la organización Escazú Ahora.
En Colombia, después de intensos debates en el Congreso, la ley que adoptaba el Acuerdo de Escazú (Ley 2273 de 2022) fue sancionada por el presidente Gustavo Petro el 5 de noviembre de 2022. Así, Colombia se convirtió el decimocuarto país en ratificar el tratado, de los 24 de la región que lo firmaron.
El paso a seguir era que la Corte Constitucional determinara si el Acuerdo de Escazú era coherente con los principios de la Constitución Política. El 28 de agosto de 2024, el alto tribunal lo aprobó por unanimidad.
Ahora, para su implementación, hay varios retos importantes. En lo que tiene que ver con acceso a la justicia, el Acuerdo establece que cada país debe garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, asegurando que las personas puedan expresar su inconformidad ante decisiones que afecten el medio ambiente. También deben establecer medidas para facilitar este acceso, especialmente para grupos vulnerables. Todas las decisiones en temas ambientales deben ser documentadas por escrito, propone el acuerdo, y se deben crear mecanismos de apoyo para quienes lo necesiten.
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