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Hace unos días, entre el 25 y 26 de junio de 2026, inició la consulta previa en torno a un proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente con el que busca declarar una reserva en el bioma amazónico colombiano. Su objetivo es que en la región no se otorguen nuevas concesiones mineras ni se celebren nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Durante la sesión No. 006 de la Mesa Regional Amazónica (MRA), un espacio de concertación entre los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana y el Gobierno Nacional, se instaló formalmente el proceso.
“Se acordó una ruta de la consulta con el fin de que los pueblos indígenas de la Amazonia puedan participar en el análisis y plantear sus posiciones. Para ello, se están realizando despliegues territoriales en los nueve departamentos”, dice la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) a este diario. Por su parte, el Ministerio del Interior indicó que en el proceso han intervenido pueblos indígenas como el Nasa, Embera, Pastos, Yanacona e Inga, asentados en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guainía y Vaupés, entre otros.
Desde la OPIAC agregan que también están participando todos los garantes: la Procuraduría, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior y la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Las comunidades ya venían trabajando en el alistamiento técnico y en una preconsulta desde febrero. De acuerdo con la OPIAC, construyeron un primer documento de observaciones al proyecto de resolución y el Minambiente les presentó una propuesta ajustada, que es la que los pueblos indígenas se encuentran discutiendo en varios territorios. Aunque por el momento los delegados prefieren no referirse a aspectos puntuales de la apuesta, esperan protocolizar sus acuerdos en aproximadamente dos semanas, y presentar sus recomendaciones frente al articulado.
En contexto: ¿Amazonia como una reserva sin petróleo? Primero hay que hacer consulta previa: Mininterior.
La pregunta que varios se hacen es si el ministerio logrará expedir la resolución a tan solo un mes de que llegue el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. María Aponte, abogada y consultora sénior en Holland & Knight, una firma de abogados que asesora a empresas del sector energético, afirma que intentar culminar en tan corto tiempo el proceso consultivo podría generar “cuestionamientos sobre la suficiencia de la participación y el debido análisis de las opiniones de las comunidades y de la ciudadanía”.
Otro abogado, experto en asuntos indígenas y ambientales, que conoce de cerca el proceso, pero prefiere no ser citado, también duda de que esta idea del Minambiente, pueda completarse en un mes. “Aunque la representación está en la OPIAC, a veces hay disputas internas con otras organizaciones regionales, pueden tener sus diferencias”, dice.
El Mininterior explica que la consulta previa no está sujeta a un plazo determinado, y se trata de un escenario de diálogo y concertación en el que las comunidades étnicas y el ejecutor del proyecto, que es el Minambiente en el caso de la reserva que se quiere declarar en la Amazonia, construyen conjuntamente una ruta metodológica para el desarrollo del proceso.
Una mirada de contexto
Durante la COP30, la cumbre de cambio climático más importante del mundo, en noviembre del año pasado, la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, dijo con orgullo que Colombia había declarado su territorio amazónico como una reserva libre de actividades de gran minería e hidrocarburos. Aunque el anuncio se replicó rápidamente en varios medios de comunicación, y muchos lo aplaudieron, la iniciativa todavía no ha quedado en firme. Para sacarla adelante, el ministerio debe adelantar una consulta previa con los pueblos de la Amazonia, que darán o no su visto bueno.
El primer borrador de esta propuesta fue publicado por el Minambiente el 26 de septiembre del año pasado. Planteaba delimitar los 483.283 kilómetros cuadrados de la Amazonia colombiana, alrededor del 42 % del territorio continental del país, para que este libre de actividades de gran minería e hidrocarburos. “Lo hacemos para evitar la pérdida y degradación de bosques; el acaparamiento hídrico y la contaminación de nuestros ríos”, comunicó, en su momento, la ministra (e) Vélez.
Sin embargo, pocos días después, el Mininterior envió un concepto a la cartera de Ambiente, aclarándole que, antes, debía llevar a cabo un proceso de consulta previa, pues el proyecto “regula aspectos concretos y [es] de especial interés colectivo para los pueblos étnicos”. Además, le recordó que en la región se han identificado 566 comunidades étnicas, a las cuales se les debe “valorar y respetar el conocimiento propio”, así como sus “métodos tradicionales para identificar y relacionarse con su territorio”.
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Por ahora, Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado por De la Espriella, ha recibido con escepticismo la medida que ha querido implementar el Gobierno Petro. En entrevista con este diario, dijo que “reglamentar no es gobernar”, refiriéndose a la manera en que se atienden las diversas y complejas dinámicas en la Amazonia. “Cuando se hacen ese tipo de exclusiones (especialmente de minería), lo que se está fomentando es una enorme ilegalidad”, aseguró. Para Arjona, una declaración de la Amazonia libre de explotación minera, se queda en el papel, pero en la práctica “va a contribuir a la ilegalidad”.
Desde este diario consultamos al ministerio de Ambiente sobre este proceso, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Posibles escenarios
El abogado especialista en asuntos indígenas rescata algunos aspectos de la iniciativa del Minambiente. Dice que es ambiciosa y comparte el objetivo de proteger la Amazonia frente a actividades extractivas, pero tiene algunas dudas desde el punto de vista jurídico y procedimental. La principal es sobre la vinculatoriedad de la resolución. En otras palabras, no ve claro qué efectos jurídicos obligatorios tendría.
“El riesgo es que las empresas del sector minero energético la demanden y las cortes, en algún momento, decidan a su favor diciendo, por ejemplo, que el ministerio no tenía competencia para hacer esa declaratoria”, señala el abogado.
Aponte también explica que si la resolución se logra expedir antes de la posesión de De la Espriella, el nuevo gobierno podría impulsar su modificación o derogatoria a través de un nuevo acto administrativo, especialmente si considera que genera impactos económicos importantes sobre los sectores de hidrocarburos o de minería.
“Incluso, bajo determinadas circunstancias previstas, podría analizarse la procedencia de mecanismos como la revocatoria directa, aunque ello estaría sujeto al cumplimiento de los requisitos y limitaciones que establece el ordenamiento jurídico”, agrega la abogada.
Con esas visiones concuerda Margarita Flórez, directora de la Asociación Ambiente y Sociedad, una reconocida organización ambiental en Colombia, quien afirma que el proyecto puede ser “fácilmente desmontable”. A sus ojos, en la región hay problemas más grandes, que considera que deberían ser prioridad a la hora de proteger la Amazonia, como la minería ilegal de oro y la contaminación con mercurio que se deriva de ella.
¿Una medida efectiva?
Hace unos meses, poco después de que el Minambiente publicara el proyecto de resolución, Alejandra Laina, actual directora del programa de Alimentos, Suelo y Agua de WRI Colombia, instituto especializado en medio ambiente y asuntos climáticos, planteaba que la iniciativa se enfoca “en la minería y los hidrocarburos legales, mientras que los mayores desafíos ambientales y sociales están asociados a dinámicas ilegales aún no atendidas”.
De manera similar opina Aponte, quien dice que la efectividad de declarar esa zona de reserva podría ser limitada si no se complementa con estrategias para combatir las economías ilícitas en la región. “Las actividades mineras y de hidrocarburos que actualmente cuentan con títulos, contratos, licencias ambientales y demás permisos se encuentran sometidas a vigilancia, seguimiento y control por parte de las autoridades competentes. En contraste, las actividades ilegales escapan en gran medida a esos mecanismos de control y son, precisamente, las que suelen estar asociadas a importantes procesos de deforestación, contaminación de fuentes hídricas y afectación de ecosistemas estratégicos”.
Un reciente informe Crisis Group explica que, en efecto, la Amazonia está siendo gravemente afectada por el crimen organizado. La organización internacional indica que los grupos al margen de la ley presentes en la región, aprovechándose de la débil gobernanza, se adentran cada vez más en la selva, buscando nuevas rutas para el narcotráfico y yacimientos para la minería ilegal.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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Por Catalina Sanabria Devia
