10 Apr 2022 - 8:27 p. m.

“Artemisa es una política de golpes de opinión”: Estefanía Ciro, de A la Orilla del Río

La semana pasada, en el marco de la Operación Artemisa, fue capturado el gobernador indígena nasa Reinaldo Quebrada Quilcué, a quien señalan como gran deforestador de Caquetá, algo que la comunidad de la zona niega totalmente. El Espectador consultó a Estefanía Ciro, investigadora del centro de pensamiento amazónico A la Orilla del Río, ubicado en Caquetá, quien hace un análisis de esta política. Entrevista.

Redacción Amazonia

Imágenes de un sobrevuelo realizado por el ministro de Ambiente y el ministro de Defensa sobre el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.
Imágenes de un sobrevuelo realizado por el ministro de Ambiente y el ministro de Defensa sobre el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.
Foto: Cortesía Minambiente

Usted ha asociado ciertas acciones, como la Operación Artemisa, con el concepto de populismo militarista. ¿En qué medida Artemisa es una política populista basada en la fuerza pública?

Hay una concepción de la seguridad muy populista de parte de nuestras élites y de los últimos Gobiernos, por lo menos desde finales de los noventa. Es una idea en la cual converge también la guerra contra el terrorismo, la guerra contra las drogas, y es convertir sus intereses estratégicos en asuntos de seguridad nacional. Entonces, el populismo militarista es constituir la idea de la seguridad como la política pública por excelencia. Cuando hablamos de cómo se articula la seguridad, el militarismo y el populismo, es cómo la seguridad se constituye como un ejercicio de poder, de control y de violencia sobre la población para legitimarse y tener un discurso popular.

Así se construyó la seguridad democrática durante Uribe. Así se vendió la seguridad y el programa de seguridad durante Santos y así se está vendiendo y se quiere vender. Esto no es un asunto de ahorita sino de una larga duración.

Puede ver: Artemisa: La respuesta militar del Gobierno a un problema ambiental

Y en la Amazonía se ve muy claro porque en la Amazonia operan muchos discursos. El discurso del incivilizado, el discurso de la tierra de nadie, el discurso de tierras desocupadas, el discurso de donde hay narco cocaleros y ahorita el tema del discurso de los deforestadores. A eso me refiero con el populismo militarista: cómo empiezan a construir enemigos y problemas cuya única resolución desde el Estado es desde la idea de la seguridad y de la militarización. El caso de Reinaldo Quebrada es clarísimo, hace unas semanas le invaden su territorio y luego lo están capturando.

En ese sentido, ¿qué impacto ha tenido sobre la deforestación y sus dinámicas el Acuerdo de Paz y el posconflicto?

El posconflicto exacerba muchas cosas porque el posconflicto no nos trae, por supuesto, un cambio estructural, no nos trae un cambio en el modelo de desarrollo. El posconflicto nos trae una cosa que sí se puede decir con contundencia y es que las FARC se reincorporan, las FARC ya no están en el territorio y eso es lo que se exacerba en el posconflicto, en todos sus escenarios: donde estaban las FARC surte un cambio inmediato.

Por un primer lugar hay una continuidad histórica de una incomprensión de la Amazonia por parte del Estado y de las élites colombianas, donde ven esta región como un lugar de extracción de recursos. Un segundo lugar, es el lugar de la Amazonia y del Chiribiquete y de toda esta región en la discusión global que está exacerbada también. Tercero, la atención por los minerales raros.

Y hay otro escenario que es el escenario del posconflicto, ahí también hay presencia de disidencias y que hacen parte pues de estos reductos de lo que queda del conflicto.

Puede ver: Las versiones sobre el líder indígena que Fiscalía señala de gran deforestador

¿De qué forma encaja la ley de delitos ambientales en el panorama?

La ley de delitos ambientales no es gratis y es el proceso de convertir al campesino colono en un actor criminal y delincuente, y eso es lo que hace la ley de deforestación, entonces lo que quiero señalar aquí es cómo el populismo militarista construye un actor delincuente, cuando lo que

debe hacer son mil actos de reconocimiento, de regulación de control, de involucrar a la población en la defensa de la Amazonia y lo que actúa es a partir de la militarización.

Entonces es ese doble juegos de traer a los campesinos a las mesas, a dialogar, a conversar, a construir, pero a la vez son mesas en las cuales no se escucha, no se decide nada, no hay decisiones vinculantes, hay mucho saboteo y la solución termina siendo la criminalización.

Para el caso de Quebrada, El Espectador consultó al ejército y afirmaron que no entraron al cabildo indígena de La Esperanza, sino que la operación se dio en el Parque de Chiribiquete, que estaba empezando a ser ocupado por los indígenas.

De diez años para acá ha habido un proceso de ampliación del Parque Nacional de Chiribiquete y no solo con los nasa, con todos los pueblos alrededor. Ellos duraron haciendo eso mucho tiempo con el Gobierno, entonces sus resguardos de repente se ampliaron a lo que se llaman las zonas de ampliación, pero las zonas de ampliación son eso: zonas de ocupación de los pueblos.

Hay algo que no entiende tampoco Occidente ni el gobierno ni las élites y es que los resguardos fueron actos de reducción de los pueblos. Los pueblos andan la Amazonia, que es un gran lugar de caminos; los pueblos no están estáticos, sino que ellos se van moviendo, entonces las ampliaciones para estos pueblos fueron muy importantes porque ellos se volvieron protectores de más tierra y empezaron a andar más tierras. Y eso es natural.

Entonces, creo que argumentar que se hacía la ampliación, pero que no se pueden mover hacia la ampliación, pues, primero, es un absurdo, se contradice el mismo Estado. Segundo, por más que quieran, la militarización no les va a resolver lo que quieren hacer, si ellos quieren resolver el problema de que la gente no invada el parque, pues simplemente no hay plata para militarizar todos los parques. Tendrían que llenar eso de batallones, ¿cuánto cuestan los batallones?, tendrían que hacer operaciones, ¿cuánto cuestan esas operaciones? Y estamos hablando de territorios vastísimos.

Simplemente costo beneficio, no tiene ninguna lógica esperar que operaciones de ese sentido vaya a desincentivar que la gente se mueva por el territorio y use el territorio. Eso es una política que ni siquiera en la lucha contra las drogas ha servido. En este caso si usted quiere manejar grandes territorios, usted tiene que tener políticas que permitan entender las dinámicas de esos territorios. Artemisa es una política absolutamente anacrónica, que solo son golpes de opinión y lo que usted genera es un escenario de confrontación que tiene que ver más con generar un ambiente de tensión, una zona de conflicto.

Otro de los argumentos del ejército es que hay zonas del Parque en las que no vive gente hace décadas, como algunos afirman, sino que en muchos casos son familias que llegan “engañadas” a unas tierras que les venden.

Para la misma ONU hay una contradicción de objetivos. Si tú quieres cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a costa de asesinar a los receptores de los ODS, pues estás mal. Si tú tienes unos objetivos de desarrollo y tratados de defensa del cambio climático, pero para cumplir uno estás acabando con la posibilidad del desarrollo y proyecto de vida de los ODS, pues hay una contradicción muy clara Es lo mismo que ocurre con la lucha contra las drogas: tienes una política internacional que te exige luchar contra las drogas, ¿pero para eso destruyes media selva asperjando?

Hay muchas cosas, el costo de tumbar selva que se le va de las manos a cualquier campesino, eso está calculado entre $350.000 pesos por una hectárea hasta tres millones de pesos por cinco hectáreas, y de hecho hay otros datos que dicen que es mucho más caro, entonces el acceso a tumbar montaña no es tan fácil, la gente no tiene la capacidad para hacerlo a ese nivel. Y lo que aquí hay que hacer es lo que hay que hacer con todos los ejercicios de criminalización, y es desarrollar sistemas de inteligencia y de monitoreo. Pero cuando tú no tienes un catastro, cuando no hay una información actualizada y clara en las oficinas de instrumentos públicos sobre dueños y no dueños, pues lo que estás creando es un escenario de impunidad que está escondiendo no al pequeño, sino a la gran propiedad que está detrás de la destrucción de todo esto.

El tema de la gente, y sobre todo del pequeño campesino, es un tema de sobrevivencia. Creo que en Colombia no somos conscientes aún del nivel de destrucción económica que no solo se venía dando a lo largo del tiempo, sino que la pandemia dejó y que los acuerdos de paz y el incumplimiento de los acuerdos, dejaron. Esos dos fenómenos: la irresolución del tema del desarrollo rural y la pandemia, son dos procesos que tuvieron un impacto muy fuerte en el campo, que para algunos la coca fue la salida y la coca evitó el hambre, y para otros fue irse selva adentro.

¿Qué es lo que hasta ahora se puede concluir sobre Artemisa y la lucha contra la deforestación?

La solución nunca va a ser militar. Creo que Colombia tiene en sus manos la posibilidad de crear una estrategia muy poderosa de concertación, de una apuesta por la defensa de la región, de la selva y de la reproducción de la vida en la Amazonía.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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