Las versiones sobre el líder indígena que Fiscalía señala de gran deforestador

El Gobierno lo señala de deforestador y secuestrador en la zona del Chiribiquete.

Foto: Fiscalía

Reinaldo Quebrada Quilcué, gobernador indígena del resguardo La Esperanza en San Vicente del Caguán (Caquetá), fue capturado el pasado 6 de abril en el marco de la Operación Artemisa, la cual busca frenar la deforestación en el país. El Gobierno Nacional señala a Quebrada como uno de los principales deforestadores de la zona y como secuestrador, por la retención de un soldado que habría entrado irregularmente al resguardo. Por su parte, organizaciones de sociedad civil y la misma comunidad sostienen que las acciones contra el hombre son ilegítimas, pues estarían desconociendo su autoridad indígena.

La Fiscalía manifiesta que Quebrada Quilcué es “considerado como el supuesto mayor auspiciador de la deforestación en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete”, así como también, para el ente investigador, “sería el responsable del secuestro de un soldado profesional del Ejército Nacional”, el pasado 6 de marzo. El ente acusador igualmente sostiene que, al parecer, incentivó a la comunidad del resguardo para que torturara al militar, obligó al soldado a grabar una prueba de supervivencia y lo forzó a firmar un documento en el que aceptaba recibir latigazos como condición para ser dejado en libertad.

En cuanto al tema de deforestación, la Fiscalía señala que Quebrada habría “promovido, dirigido, facilitado y financiado la quema y corte de amplias extensiones de bosque y vegetación”, zona en la que, según sus cifras, han sido deforestadas más de 33 hectáreas entre diciembre de 2021 y marzo de 2022. Asimismo, el ente investigador asegura que el hombre incumplía una orden impuesta en septiembre de 2021 por un juez de control de garantías, quien le prohibió entrar al Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, luego de ser capturado por supuesta invasión de área protegida.

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En la más reciente actuación contra el líder indígena, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a Quebrada Quilcué los delitos de secuestro extorsivo; promoción y financiación de la deforestación; financiación de invasión de áreas de especial importancia ecológica; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Ninguno de estos cargos fue aceptado por el hombre.

El otro lado de la historia es narrado por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que defiende al imputado líder indígena. La CCJ expresó que condena y rechaza la captura de Reinaldo Quebrada y los señalamientos que le hacen las autoridades y el Gobierno Nacional, especialmente el Ministro de Defensa, Diego Molano, quien en redes ha presentado al líder indígena como un “delincuente”. Dichos señalamientos, dice la CCJ, serían estigmatizantes, porque “lo acusa de ser determinador de la deforestación y de auspiciar protestas violentas contra la Fuerza pública, desconociendo su calidad de autoridad tradicional de los pueblos indígenas”.

Sobre el hecho en el que fue retenido un soldado en el resguardo La Esperanza, la CCJ asegura: “los militares quemaron varias casas de la comunidad, agredieron a la población allí asentada y murió una persona en circunstancias aún por esclarecer”, obligando a las autoridades indígenas a intervenir. Como el uso de armas dentro del resguardo está prohibido, añadió la defensa del líder indígena, Quebrada, “ejerciendo su rol de mando tradicional, hizo cumplir la sanción que le fue impuesta al soldado por la comunidad, en ejercicio legítimo de la facultad que tienen las autoridades de los pueblos étnicos para resolver conflictos al interior de sus colectividades de acuerdo con su cosmovisión, usos y costumbres”.

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El actuar de Quebrada habría sido consentido por el soldado, quien, al parecer, no se opuso a la sanción. En el procedimiento, asegura la CCJ, estuvieron presentes la Defensoría del Pueblo y la Personería “y no lo consideraron arbitrario o violatorio de los derechos fundamentales del uniformado”, así como tampoco plantearon un conflicto de competencias entre la jurisdicción indígena y la justicia ordinaria.

Sobre los hechos en general, la CCJ pidió a la Fiscalía investigar “el contexto en el que se dieron el operativo del 6 de marzo y la sanción al soldado”, para tener certeza de lo ocurrido. De igual manera, exigieron al ministro Molano “rectificar sus declaraciones y reconocer la legitimidad de las autoridades indígenas en Colombia”, ya que, para ellos, este actuar es un retroceso “con el reconocimiento del derecho a la autonomía de las autoridades étnicas y el derecho del ejercicio de su justicia propia”.

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