Cuenta Luis Antonio Valencia que en octubre de 2020 llegó a Cartagena del Chairá, Caquetá, la operación Artemisa contra de deforestación. Capturaron a algunos campesinos y otros lograron huir, pero la población quedó confundida y asustada: hasta donde ellos sabían los operativos de Artemisa estaban dirigidos a zonas de Parques Nacionales Naturales (PNN) de Colombia, como Chribiquete o Tinigua, pero allá, en Cartagena de Chairá, se ha dicho que no hay gente en PNN.
“Entendemos que esos bosques no se puedan tocar, es grave. Pero acá nosotros llevamos más de 40 años viviendo, con fincas, escuelas y centros de salud, y hasta ahora nos dicen que todo esto está prohibido, porque estamos dentro de la ley segunda”, señala Valencia, quien es también coordinador de la Mesa Municipal de Concertación Campesina Agroambiental por el Derecho a la Tierra. En otras palabras, a lo que se refiere, es que ellos habrían estado ubicados en un área de reserva forestal todo este tiempo, sin ser notificados hasta ahora. A punta de señales militares.
El 13 de noviembre de 2020, un mes después de que Artemisa se llevara a unos campesinos, hicieron su primera movilización dentro del municipio. Allí presentaron un pliego de peticiones frente a Corpoamazonia, el Ministerio de Ambiente y algunos representantes, pidiendo llegar a acuerdos sobre el destino de Cartagena del Chairá. “No es a las malas, ni a la fuerza”.
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Son varias las propuestas que presentan en el pliego. Sustraer áreas de reservas forestal que ya se encuentren ocupadas, derogar una resolución de Corpoamazonia para el cierre de unos tramos de vía y que cese la persecución a campesinos de forma inmediata. También hablan de saldar deudas históricas, como que se haga efectivo el cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz, sobre la Reforma Rural Integral (RRI) y que se ponga a funcionar el fondo de tierras para acceder a la propiedad de la tierra.
“Es una zona que ha tenido unos conflictos territoriales muy complejos, donde históricamente ha habitado el campesino sin poder acceder a títulos de propiedad por fallas estructurales de las políticas agrarias y de la tierra”, explica Karla Díaz, investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS). “Pero lo que ha logrado el enfoque militar para contener la deforestación es incrementar las desigualdades, porque poco se ha hecho contra el gran acaparador de tierras, el que concentra la propiedad. Pero sí se van contra las comunidades que habitan territorios al que han llegado por las mismas falencias del Estado”.
“Pero el Gobierno siguió con los operativos”, agrega Valencia. Entonces el 15 de abril de este año, 2021, más de 600 campesinos se movilizaron hasta Florencia, capital del Caquetá, con la misma insignia. “Es totalmente ilógico que nosotros los campesinos terminemos siendo los enemigos del medio ambiente, cuando somos nosotros somos los que históricamente lo hemos cuidado y protegido. En este momento no están haciendo ver ante el país y el mundo como los malos, como los explotadores, los deforestadores o los delincuentes”, explicó Jesús Manual Mejía, campesino de la Unión Penella, durante la movilización. “El Gobierno Nacional jamás nos ha dado una política clara de cómo producir, de cómo cultivar, ni nos ha abierto cadenas de mercado”.
Y es que una pregunta importante que se hacen, y que esté en el pliego, es que por qué no se les informó que no podían estar ahí o que eso era reserva forestal cuando el Incora les adjudicó baldíos, cuando pidieron créditos al Banco Agrario, cuando el gobierno les expidió las personerías jurídicas de acción comunal o, incluso, cuando el mismo estado construyó escuelas y centros de salud.
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“Sabemos que hay cosas que debemos cambiar, pero también necesitamos asistencia técnica y recursos para hacerlo”, comenta Valencia. De hecho, parte de lo proponen a través del pliego es una finca modelo para un “plan amazónico productivo”. Se trataría de una finca que, si tiene 100 hectáreas, 50 serían destinadas a la conservación de bosque, 30 irían para ganadería silvopastoril y 20 hectáreas para cultivo de yuca, papa o plátano, por ejemplo.
“Buscamos con esta propuesta preservar la reservas naturales como son los bosques, mediante un común acuerdo para que al campesino se le garantice un pago por servicios ambientales, con el propósito de incentivar, concientizar y culturizar a los diferentes sectores a que ser amigables con el ambiente también es productivo”, dice el documento que presenta el modelo de la finca.
Aunque aún hay camino por recorrer para lograrlo, las peticiones comienzan a tomar forma. El 7 y 8 de junio, tras el marco del paro nacional, se firmaron los acuerdos de Altamira. Tanto la Mesa de Diálogo Campesina de Caquetá y Sur del Meta, como representantes del Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y el PNN, entre otros, definieron que en dos meses se debía gestionar recursos para hacer estudios sobre la su tracción de áreas de reserva forestal para 2022 y se implementará un plan de formalización rural.
Además, días después también se definió que se deberán financiar cuatro Zonificaciones Ambientales Participativas, un punto establecido en el Acuerdo de Paz, liderado por el Ministerio de Ambiente.
“Por ahora, no hemos vuelto a tener operativos militares y, aunque no es que se haya acabado Artemisa, estamos haciendo un ejercicio nuevo en el territorio. Esperando cómo podremos implementar nuevos modelos de producción”, concluye Valencia.
*Este artículo hace parte de una alianza entre El Espectador y la Asociación Ambiente y Sociedad.