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Pasar de las palabras a la acción. Eso es, según la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio, lo que se busca con la Cumbre Amazónica que se inicia hoy en Bogotá. Del 18 al 22 de agosto, la ciudad acogerá a cerca de 400 personas para dialogar sobre la protección de la Amazonia. Conversarán no solo comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y congresistas, sino que también estarán presentes altos funcionarios de los ocho países que componen la región.
Hasta el momento, de acuerdo con la Cancillería, está confirmada la participación de los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Bolivia, Luis Arce Catacora. El viernes 22 de agosto, junto a su homólogo en Colombia, Gustavo Petro, se encontrarán con las autoridades indígenas y la sociedad civil en la Plaza de Armas del Palacio de Nariño para escuchar sus inquietudes y peticiones. Luego se dará la quinta Reunión de Presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), donde se espera que los presidentes adopten la Declaración de Bogotá.
El documento consolidaría compromisos y reflejaría las prioridades compartidas por los países en torno a la Amazonia. Además, orientaría acciones para enfrentar los desafíos sociales, ambientales y climáticos, de este bioma, la selva húmeda tropical más grande del mundo. El Consejo de Cooperación Amazónica (CCA) será el encargado de elaborar la declaración conjunta, que luego será revisada, concretada y aprobada por los ministros de Relaciones Exteriores, entre ellos Villavicencio.
Pero el pasado jueves, desde el Palacio de San Carlos, la canciller (e) aseguró que las negociaciones no serán sencillas. Posiblemente, uno de los puntos más difíciles de abordar, o que incluso podría ausentarse en los acuerdos (como sucedió en la anterior Cumbre Amazónica, en la ciudad brasileña de Belém, en agosto de 2023), sería la explotación de petróleo y gas.
Mientras que el presidente Petro ha insistido en una transición energética para alejarse de estos combustibles fósiles, Brasil ha mostrado cada vez más interés en convertirse en uno de los principales productores de petróleo, subastando numerosos lotes para su exploración. De hecho, hace unos meses, en entrevista con emisoras brasileñas, Lula da Silva se mostró a favor de adelantar esta actividad en la Cuenca de Foz do Amazonas, asegurando que se podría hacer de modo responsable con el medio ambiente.
Sin embargo, hay aspectos sobre los cuales los Estados amazónicos sí han logrado consensos. “La necesidad de cambiar deuda por inversión es un punto en el que todos estamos de acuerdo”, indicó la ministra Villavicencio. “Hay que convencer a los países que producen mayor contaminación para que compensen a una región que está absorbiendo esto de manera significativa”.
En efecto, uno de los 113 objetivos que pactaron los presidentes en la Declaración de Belém de 2023 fue el de “impulsar mecanismos innovadores de financiamiento de la acción climática, entre los cuales podría considerarse el canje, por parte de países desarrollados, de deuda por acción climática”. El reto ahora es establecer una hoja de ruta clara, con compromisos mucho más específicos y vinculantes.
La voz de los pueblos indígenas
Este lunes 18 de agosto se llevará a cabo el Acto de Apertura Tradicional de los Diálogos Amazónicos que, en palabras de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), simbolizará una “nueva etapa de articulación regional entre los sistemas de gobierno indígena y los Estados”. En el evento también se hará un llamado a reconocer los derechos de estas comunidades étnicas y su papel en el cuidado de la región.
Además, se prevé que durante la cumbre se lance el Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas (MAPI), que también quedó contemplado en la Declaración de Belém. Su fin es fortalecer y promover el diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas amazónicos para contribuir a los objetivos de la OTCA, como el desarrollo sostenible de la Amazonia y el bienestar de sus habitantes.
Según explicó, desde el Palacio de San Carlos, Javier Pava, director de Soberanía Territorial de la Cancillería de Colombia, este mecanismo contaría con un delegado indígena y un delegado del gobierno de cada país amazónico. De ese modo, en la toma de decisiones podría garantizarse una participación oficial de representantes de las comunidades que históricamente han vivido en la región.
David Flórez Valencia es asesor de Políticas para Colombia y Perú de la Rainforest Foundation Norway (RFN) y ha acompañado durante años este tipo de procesos. En su opinión, el lanzamiento del MAPI sería “un paso histórico en la manera como se piensa y se gobierna el bioma amazónico”. Por primera vez, dice, se abriría “un espacio dentro de la OTCA que se centra en garantizar la participación directa de los pueblos indígenas, desde su derecho a la autodeterminación en las decisiones que afectan sus territorios”.
Además, en el marco de esta instancia de cogobernanza, la Declaración de Belém planteó que se impulse un foro de pueblos indígenas, comunidades locales y tradicionales, con el propósito de aportar a la conservación de la Amazonia sus conocimientos ancestrales, científicos e interculturales y mediante la gestión y formulación de políticas públicas. Flórez agrega que el mecanismo debe proyectar una visión común para evitar el punto de no retorno del bioma, protegiendo no solo los bosques, sino también las culturas.
Por su parte, el senador Julio César Estrada, indígena del pueblo wanano, oriundo de Vaupés, señala otras de las posiciones que desde la OPIAC han manifestado al Gobierno nacional: buscan promover durante la cumbre lo que califican de “una oportunidad histórica para corregir décadas de exclusión de los pueblos indígenas de las decisiones que afectan a la Amazonia”.
Una de las urgencias que plantean es la de proteger a los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), que se sabe que, para el caso de Colombia, habitan en inmediaciones del río Puré, en el departamento de Amazonas. Este río enfrenta grandes presiones por la minería ilegal de oro, que amenaza la supervivencia de estas comunidades, especialmente vulnerables ante enfermedades externas y la contaminación por mercurio. Por eso, Estrada enfatiza en la importancia de no contactarlas.
En esa misma línea, el senador y la OPIAC subrayan que se requieren acciones coordinadas entre los países para detener estas actividades extractivas no consentidas, así como la deforestación. A estas voces se han sumado las de la academia y las organizaciones que advierten sobre el crimen organizado transfronterizo que involucra a actores ilegales, como las disidencias de las FARC, en Colombia, y el Comando Vermelho, en Brasil. Durante la Cumbre Amazónica se discutirá cómo los gobiernos pueden articular esfuerzos para abordar esta situación.
“Otro aspecto al que le hemos apostado en los diálogos del movimiento amazónico es el financiamiento; crear mecanismos para poder llevar los recursos de manera directa a las comunidades y a los pueblos, quienes son los que ejercen la protección de los territorios”, añade Edison Yandun, delegado de la Mesa Regional Amazónica (MRA) por Putumayo.
Todos estos asuntos serán discutidos durante los próximos días. La idea, además, es que los Estados de la OTCA lleguen con una posición concreta y unificada a la cumbre de discusión climática más importante del mundo, la COP30, que se llevará a cabo del 10 al 21 de noviembre de este año, precisamente, en una ciudad amazónica: Belém. Para la canciller Villavicencio, es importante “dejar de pensar que cada país de la región puede actuar solo ante problemas que van mucho más allá de sus fronteras”.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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Por Catalina Sanabria Devia
