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Durante la Sexta Conferencia de las Partes (COP6) del Convenio de Minamata sobre el Mercurio de las Naciones Unidas, que se está realizando en este momento en Ginebra, Suiza, una coalición de organizaciones de la sociedad civil de Colombia, junto con líderes indígenas del bioma amazónico, presentó una serie de recomendaciones para enfrentar los graves impactos del mercurio en la Amazonía.
Los representantes denunciaron que la minería ilegal de oro ha provocado una crisis humanitaria y ambiental sin precedentes. De acuerdo con la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), al menos 200 toneladas de mercurio habrían sido traficadas desde México hacia Colombia, Bolivia y Perú entre 2019 y 2025, alimentando economías ilícitas, la deforestación y la violencia en territorios amazónicos.
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En Colombia, pese a que el uso y la comercialización de este metal están prohibidos desde 2018, sigue ingresando ilegalmente al país para extraer oro. De hecho, como contamos en este artículo, el 80% del oro exportado en Colombia es de origen ilegal.
El grupo, conformado por la Alianza Amazónica para la reducción de los impactos de la Minería de Oro (AARIMO) y el Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, presentó ante los Estados Parte diferentes medidas prioritarias para fortalecer la lucha contra la contaminación por mercurio. Entre ellas, la necesidad de fijar una fecha límite vinculante para prohibir su uso en la minería artesanal y de pequeña escala, dado que sigue siendo permitido a la luz del tratado, a pesar de la contaminación que ha generado.
Además, propuso mejorar el proceso de evaluación de la efectividad del convenio, que incluya la participación de pueblos indígenas, la academia y expertos técnicos. Las organizaciones destacaron la importancia de incorporar la perspectiva indígena amazónica, advirtiendo que las medidas actuales no abordan las causas estructurales de la contaminación en esta región clave para el equilibrio climático.
“La minería ha impulsado la violencia contra los defensores territoriales: por ejemplo, Colombia es el país más peligroso del mundo para defensores ambientales, con 79 asesinatos en 2023, lo que representa el 40% de los casos globales, incluidos 31 líderes indígenas. Reconocemos que el Convenio de Minamata refleja una apertura gradual hacia la participación de los pueblos indígenas, pero sigue siendo insuficiente”, señaló Gonzalo Macuna, secretario general del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, durante su intervención en la plenaria del 5 de noviembre.
Asimismo, propusieron fortalecer la articulación entre el Convenio de Minamata y el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, mejorar la trazabilidad del comercio internacional de mercurio y del oro, y analizar datos comerciales para detectar operaciones ilícitas y el lavado de activos vinculados a la sustancia tóxica.
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