La ruta opaca del coltán en Colombia: contrabando y control armado para exportar “oro negro”

Villavicencio se ha convertido en un punto crucial para las incautaciones de coltán ilegal, que proviene de la Amazonia colombiana.

Foto: Ejército

En este momento, usted tiene coltán en sus manos o muy cerca de ellas. Está en su celular, su computador portátil o en casi cualquier aparato tecnológico que use una batería o un procesador. También está en los carros eléctricos, en el acero de las hélices de parques eólicos y en los sistemas de transmisión de energía de los paneles solares. Por eso es considerado uno de los minerales críticos para la transición energética.

El coltán es, en realidad, la unión de dos elementos químicos (el niobio y el tantalio) que se caracterizan por soportar temperaturas muy altas, resistir a la corrosión y conducir muy bien la energía, aun en poco espacio. Por eso, es apetecido por la industria tecnológica. Gracias al coltán, por ejemplo, los celulares pueden ejecutar muchas funciones, procesar gran cantidad de información y manejar altos niveles de energía en un aparato que cabe en la palma de la mano.

Un 80 % de las reservas mundiales de este mineral están en República Democrática del Congo. Allí, su explotación fue el punto de partida de “la guerra del coltán”, un conflicto que se desarrolló entre 1998 y 2005 por la explotación de los recursos naturales de este territorio, en el que murieron más de cinco millones de personas. En la lista, aunque con muchas menos reservas en sus suelos, le siguen otros como Australia, China, Brasil y Venezuela.

En Colombia, aunque el Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó en 2012 que hay zonas potenciales para la extracción de coltán, no hay proyectos de minería a gran escala. Aun así, durante varios años, el país ha reportado la exportación de miles de kilogramos de niobio y tantalio. La mayoría provienen de Guainía, un departamento en el nororiente de la Amazonia que tiene casi todo su territorio bajo alguna figura de protección ambiental y en el que, de hecho, no se ha emitido ningún permiso para explotar este mineral.

¿De dónde está saliendo ese coltán y quién lo está explotando? Según un informe publicado recientemente por Global Financial Integrity (GFI) y el Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes), detrás de esta actividad podría haber grupos armados ilegales, contrabando traído desde Venezuela y varias fallas por parte del Estado.

Un mineral difícil de rastrear

Las cifras de explotación de coltán en Colombia “no cuadran”. Así lo plantean los autores del informe con base en cifras de producción y exportación. En 2015, por ejemplo, se registraron 135,6 kilogramos de producción de este mineral, de acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM). Para 2019 se reportó una producción de más de 657.000 kg. Al comparar ambos años con las cifras de UN Comtrade, la base de datos de Naciones Unidas sobre las exportaciones e importaciones de más de 140 países, hay una diferencia abismal en los datos, pues Colombia habría exportado 2.591 kg de coltán en 2015 (2.455 kg más de lo que se produjo). En 2019 la brecha es mayor, pues apenas se reportaron exportaciones por 6.338 kg, con una diferencia de 650.000 kg frente a la producción.

A esto, dicen desde GFI y Cealdes, se suman dos aspectos preocupantes. Por una parte, de acuerdo con información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la autoridad ambiental regional (CDA), durante ese período no hubo licencias ambientales vigentes para explotar coltán en el país. Es decir, si se extrajo el mineral de algún punto en el país, se hizo ilegalmente. Además, que en Colombia no hay industrias que consuman niobio y tantalio, como fábricas de acero o de celulares inteligentes, que expliquen que en 2019 se hayan quedado 650.000 kg sin vender al exterior.

La ANM reportó la mayoría de esa producción en departamentos como Guainia, Vaupés, Vichada y Guaviare. De estos, el departamento con más títulos mineros para minería de coltán en el país es Guainía, pero allí no hay ninguna licencia ambiental para explotarlo. También aparece producción en departamentos como Antioquia y Cesar, donde no solo no hay ninguna licencia, sino que ni siquiera hay indicios de que haya coltán en el suelo. En Colombia solo se ha probado el potencial de este mineral en el nororiente de la Amazonia, porque “está ubicada en la misma formación rocosa que parte de Brasil, el escudo guyanés, que es una de las formaciones más antiguas del planeta”, apunta Camila Bermúdez, ecóloga e investigadora de Cealdes.

Identificar coltan no es fácil. Su apariencia es similar a la arena de un río, oscura y con pequeñas piedrecillas, lo que hace difícil diferenciarlo del estaño, de otros residuos de la minería y de las llamadas “arenas negras”. De hecho, en el país ni siquiera existe una definición formal de lo que es el coltán y las autoridades suelen confundirlo.

De 2020 en adelante no hay datos sobre producción de niobio y tantalio, o regalías aportadas por este mineral desde la ANM. Pero sí hay reportes de incautaciones en 2021 (49 toneladas) y 2024 (94 toneladas). También, en abril de 2025, las autoridades colombianas incautaron 45 toneladas de lo que denominaron “arenas negras”, compuestas por coltán y estaño, con destino a China. “Detectado en la ciudad de Villavicencio, procedía del Guainía y Vichada y sería enviado a través del puerto de Cartagena”, dice el informe de GFI y Cealdes.

Entonces, ¿de dónde está saliendo todo ese mineral? Hay varias hipótesis. Una sugiere que hay tráfico ilegal desde Venezuela. “A través de corredores como el río Orinoco y puntos como Puerto Páez (Guainía), el coltán extraído ilegalmente en el estado Bolívar (Venezuela) ingresa a Colombia bajo el control del ELN y las disidencias de las FARC. El mineral es trasladado hacia zonas de acopio en Guainía y Vichada, donde se mezcla con producción local, lo que dificulta aún más su trazabilidad”, explican las autoras en el documento. También podría haber explotación ilegal en algunos puntos de la Amazonia colombiana, ocasionando degradación ambiental, bajo el control de grupos armados, de acuerdo con el informe.

La falta de una definición formal de lo que es coltán, el desconocimiento de las autoridades aduaneras y las dificultades para identificarlo conforman el escenario perfecto para legalizar niobio y tantalio de contrabando. “Si el funcionario en un puerto como Cartagena no sabe que en Antioquia es geológicamente imposible que haya coltán, validará una exportación que venga con un título de esa zona”, advierte Acosta.

Un problema de coordinación

¿Cómo es posible que la ANM reporte producción de coltán en zonas donde no hay licencias aprobadas y en departamentos donde ni siquiera se ha probado el potencial de explotación? Hasta 2022, la entrega de títulos mineros por parte de la ANM funcionaba de manera independiente del ordenamiento ambiental del país. Es decir, explica Bermúdez, “las autoridades mineras no tenían el deber de verificar que un título minero tuviera licencia ambiental ni que esta se estuviera cumpliendo” a la hora de reportar cifras de producción. Esta desconexión entre las instituciones del Estado para regular quién puede explotar minerales y en dónde, aseguran en el informe, ha permitido la concentración de actividades ilícitas en algunos territorios.

“Regiones como el Guainía, con alta riqueza biocultural y profunda marginalización estatal, han sido transformadas en zonas de sacrificio, donde se concentran los daños ambientales, los conflictos armados y las economías ilegales, mientras otros actores se benefician del valor agregado en las cadenas globales”, dice el reporte de los investigadores. Una situación similar ocurre con el oro, como contamos hace dos años en El Espectador.

En zonas como la Reserva Nacional Natural Puinawai, en Guainía, ya se registró una deforestación de 48 hectáreas asociada a la extracción de coltán y oro, fragmentando un bosque crucial para la conexión entre la Amazonia y la Orinoquía, así como la conexión hídrica de la región, detallan Cealdes y GFI.

En 2022, el Consejo de Estado emitió una sentencia conocida como la ventanilla minera, en la que ordenó al Gobierno tomar acciones para articular las autoridades ambientales con las de minería. Aunque puso una primera piedra para que exista esa coordinación entre los sectores minero y ambiental, todavía hay un largo camino por delante.

Aún no existe una definición formal de lo que es el coltán ni un mecanismo claro para determinar si su origen es lícito antes de que salga del país. También, señala Bermúdez, hay falencias en las normas que algunos países deben cumplir para garantizar que los minerales de zonas de conflicto, como Colombia, tengan un origen legal. “La regulación aplica sobre todo para la Unión Europea. Pero el mayor productor de paneles solares es China, y allí no existen estos mismos mecanismos de control ambiental o debida diligencia”.

También, concluyen, es necesario crear equipos especializados de investigación criminal que sepan cómo identificar el coltán y las zonas en las que es posible extraerlo y está autorizada su explotación. Sin estos mecanismos, la Amazonia colombiana podría continuar como una “zona de sacrificio” en nombre de la transición energética y la eficiencia tecnológica.

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