Lula revalida multas ambientales anuladas por Bolsonaro: más de USD $ 5.500 millones
El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva revalidó miles de multas ambientales, por un valor de alrededor de 29.000 millones de reales (unos 5.577 millones de dólares), que habían sido anuladas en la gestión del ultraderechista Jair Bolsonaro. Gran parte de las multas fueron impuestas a agricultores, ganaderos y empresas madereras o de minería que destruyeron áreas protegidas, especialmente en la Amazonia.
Las multas recuperaron su vigencia gracias a dos dictámenes publicados por el jefe de la Abogacía Genera de la Unión (AGU, consultoría jurídica de la Presidencia), Jorge Messias, y que autorizan al Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) a cobrar las sanciones.
Messias dejó sin efectos jurídicos una decisión de la dirección del Ibama en el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) que anulaba las sanciones pecuniarias en los casos en que los multados fueron notificados por edicto y no personalmente. (Lea: Empieza un esfuerzo global para llevar, por fin, agua a 2 mil millones de personas)
Para las autoridades ambientales en la gestión del ultraderechista, que se caracterizó por su retórica antiambiental y por la defensa de la explotación de la Amazonia y de la flexibilización de actividades como minería, quien fue multado por edicto y no pagó puede esperar a que la sanción prescriba para quedar libre del castigo.
En la época en que fue anunciado tal entendimiento, la propia Fiscalía alertó que anularía unas 183.000 multas ambientales, cerca del 84 % de las impuestas por el Ibama.
Para la Abogacía General de la Unión del Gobierno de Lula, en cambio, tras la notificación de una multa por edicto se suspende el plazo en que la misma puede prescribir, por lo que todas las sanciones que se suponían anuladas aún están vigentes. (Lea: Más de 40.000 muertes en 2022, las cifras que deja la sequía en Somalia)
El órgano jurídico citó una ley de 2008 que permite explícitamente que los multados por crímenes ambientales sean notificados mediante edicto. En sus dictámenes, Messias alegó que “las infracciones ambientales no pueden compensar financieramente”.
“En momentos en que la humanidad enfrenta una amenaza con la creciente emergencia climática, la AGU no pude dejar de cumplir su papel de ofrecer seguridad jurídica a uno de los ejes centrales de la protección ambiental: la responsabilización de los que atacan el medioambiente y colocan en riesgo el futuro del planeta”, agrega el documento. (Lea: El 83 % de la capacidad eléctrica añadida en 2022 vino de energías renovables)
Gran parte de las multas revalidadas fueron impuestas a agricultores, ganaderos y empresas madereras o de minería que destruyeron áreas protegidas, especialmente en la Amazonia. Tanto en su campaña electoral como desde que asumió, Lula ha manifestado su compromiso con la preservación de la Amazonia y con el combate a la crisis climática.
🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜
Las multas recuperaron su vigencia gracias a dos dictámenes publicados por el jefe de la Abogacía Genera de la Unión (AGU, consultoría jurídica de la Presidencia), Jorge Messias, y que autorizan al Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) a cobrar las sanciones.
Messias dejó sin efectos jurídicos una decisión de la dirección del Ibama en el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) que anulaba las sanciones pecuniarias en los casos en que los multados fueron notificados por edicto y no personalmente. (Lea: Empieza un esfuerzo global para llevar, por fin, agua a 2 mil millones de personas)
Para las autoridades ambientales en la gestión del ultraderechista, que se caracterizó por su retórica antiambiental y por la defensa de la explotación de la Amazonia y de la flexibilización de actividades como minería, quien fue multado por edicto y no pagó puede esperar a que la sanción prescriba para quedar libre del castigo.
En la época en que fue anunciado tal entendimiento, la propia Fiscalía alertó que anularía unas 183.000 multas ambientales, cerca del 84 % de las impuestas por el Ibama.
Para la Abogacía General de la Unión del Gobierno de Lula, en cambio, tras la notificación de una multa por edicto se suspende el plazo en que la misma puede prescribir, por lo que todas las sanciones que se suponían anuladas aún están vigentes. (Lea: Más de 40.000 muertes en 2022, las cifras que deja la sequía en Somalia)
El órgano jurídico citó una ley de 2008 que permite explícitamente que los multados por crímenes ambientales sean notificados mediante edicto. En sus dictámenes, Messias alegó que “las infracciones ambientales no pueden compensar financieramente”.
“En momentos en que la humanidad enfrenta una amenaza con la creciente emergencia climática, la AGU no pude dejar de cumplir su papel de ofrecer seguridad jurídica a uno de los ejes centrales de la protección ambiental: la responsabilización de los que atacan el medioambiente y colocan en riesgo el futuro del planeta”, agrega el documento. (Lea: El 83 % de la capacidad eléctrica añadida en 2022 vino de energías renovables)
Gran parte de las multas revalidadas fueron impuestas a agricultores, ganaderos y empresas madereras o de minería que destruyeron áreas protegidas, especialmente en la Amazonia. Tanto en su campaña electoral como desde que asumió, Lula ha manifestado su compromiso con la preservación de la Amazonia y con el combate a la crisis climática.
🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜