La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó la licencia ambiental a un proyecto minero localizado en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba. Se trata de “Minero El Alacrán”, cuya titular es Cobre Minerals S. A. S., y que ahora cuenta con la autorización para la explotación del mineral estratégico cobre y minerales asociados, como oro y plata.
El proyecto se desarrollará entre los ríos San Pedro y San Jorge, y tiene un área de intervención de 733,22 hectáreas. Según la ANLA, la licencia incluye “estrictas medidas socioeconómicas que exigen la protección integral de los derechos humanos en los procesos de asociatividad minera en la comunidad, la sustitución de economías tradicionales y la relocalización integral de los habitantes”, escribieron en un comunicado.
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La razón es que el proyecto implica el reasentamiento de la población, el desvío de una fuente hídrica, requiere de un alto grado de especialización y tiene características de alta complejidad técnica, ambiental, social y económica, según explicó la ANLA.
Por esto, el proceso de evaluación incluyó un Espacio de Participación Ampliada, que permitió escuchar a comunidades, entidades, actores sociales y habitantes dentro y fuera del área de influencia del proyecto, además de la información presentada por el solicitante de la licencia.
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Además, tuvo un órgano asesor que estuvo conformado por entidades estatales, especializadas y técnicas, entre ellas, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. También participaron entidades territoriales, como la Gobernaciónn de Córdoba, la Alcaldía de Puerto Libertador y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS).
“Esta decisión refleja una evaluación seria, rigurosa y profundamente participativa, en la que la evidencia técnica se articula con el diálogo social, y la presencia institucional en el territorio”, resaltó Irene Vélez Torres, directora de la ANLA.
El proyecto debe garantizar, entre otras cosas, la participación de las comunidades para la toma de decisiones cuando se haga el traslado, la implementación del Acuerdo de Escazú mediante monitoreos participativos y atención oportuna y diferencial para la población del área de influencia del proyecto, así como la reestructuración y recuperación ecosistémica funcional de la quebrada Valdé, entre otras exigencias.
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