Antioquia lleva la delantera en acción climática en el país
Este departamento reconoció su crisis climática a comienzos de año y trabajó por incluir en el Plan de Desarrollo acciones para enfrentarla. Una de ellas es la alianza “Unidos por el Planeta”, con la que busca aportar a la conservación de 70.000 hectáreas de áreas protegidas, la recuperación de 10.000 hectáreas degradadas y a sembrar 25 millones de árboles para 2030.
Redacción Bibo
Dicen que la forma más inteligente de empezar a afrontar un problema es aceptándolo. Y eso fue precisamente lo que la Gobernación de Antioquia quiso hacer en febrero de 2020, cuando declaró el estado de emergencia climática en el departamento, con la idea de que sus habitantes pudieran generar cambios de hábitos a partir del reconocimiento de los efectos del cambio climático sobre sus vidas y, al tiempo, con el propósito de implementar acciones concretas para la adaptación y mitigación a este fenómeno. (Lea: ¿Cómo el sector privado y la naturaleza pueden impulsar una recuperación verde?)
Recientes eventos, como los deslizamientos causados por fuertes lluvias en Urrao y Dabeiba, el desabastecimiento de agua en Arboletes y las inundaciones por cuenta del desbordamiento de los ríos Arquía y Murrí en Vigía del Fuerte, son algunos de los ejemplos que menciona Carlos Ignacio Uribe, secretario de Medio Ambiente de Antioquia, para explicar cómo el cambio climático está relacionado con los antioqueños y para reiterar que, aunque se perciban como aislados, estos hechos son producto de un desbalance en los ecosistemas naturales que ha sido ocasionado por actividades humanas.
Para el momento de la declaratoria, que fue un suceso inédito en el país (luego también se sumó Bogotá), la Gobernación ya estaba construyendo un Plan de Desarrollo que tuviera en cuenta las estrategias del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático de Antioquia —formulado en 2018 y adoptado mediante ordenanza a finales de 2019—, y estaba socializando ese trabajo con todas las secretarías e instancias a su mando para convertir la crisis climática en un eje transversal de todas las estrategias de gobierno.
“El Plan Integral incluía programas relacionados con temas como el desarrollo urbano resiliente, manejo integral de residuos, agricultura resiliente y transporte sostenible, pero todo eso no estaba en el conocimiento de los equipos técnicos que iban a formular el Plan de Desarrollo, así que nos movilizamos mucho internamente para empezar a crear las capacidades. Hoy, nuestro Plan de Desarrollo tiene 283 indicadores y 82 programas con sello de emergencia climática”, explica Uribe.
Con esa alineación interna (un proceso que continúa), la Gobernación declaró la emergencia y diseñó, con el respaldo de WWF, el programa “Unidos por el Planeta”, concebido para avanzar hacia la conservación de 70.000 hectáreas de áreas protegidas, la recuperación de 10.000 hectáreas degradadas y la siembra de 25 millones de árboles para el año 2030. También, para promover la movilidad activa (formas de desplazamiento no motorizadas), reducir la generación de residuos sólidos e incrementar su aprovechamiento en un 30 % y crear soluciones puntuales frente a problemáticas como la erosión del suelo, la deforestación, los incendios forestales y el deterioro de la calidad del aire. (Puede leer: Pescadores indígenas de la cuenca del río Caquetá registraron varias especies de peces amenazadas)
Dora Milena Zapata, quien lidera este proceso desde WWF Colombia, explica que, con estrategias de educación ambiental, la alianza entre la organización y la Gobernación ya ha impactado más de cincuenta municipios antioqueños con actividades relacionadas con la movilidad activa, el manejo integral de residuos sólidos, la producción sostenible, los negocios verdes y la participación ciudadana, en las que han alcanzado alrededor de 2.200 personas de forma directa y 50.000 personas de forma indirecta.
También, destaca los esfuerzos que han hecho para vincular actores públicos y privados a los propósitos de la alianza, estableciendo metas cada vez más ambiciosas, teniendo en cuenta que, para afrontar la crisis climática, se requiere su compromiso. “En estas alianzas es clave contar con los diferentes sectores, incluyendo la sociedad civil y la industria, con el fin de avanzar en la adopción de prácticas que aseguren el mantenimiento de los ecosistemas y la generación de cambios transformadores desde y para los territorios”.
Por su parte, Uribe añade que en Antioquia se generan alrededor de 23 millones de toneladas de CO2 (dióxido de carbono) anuales, de las cuales el sector agrícola aporta el 26 %, el forestal el 24 % y el industrial el 23 %. “Esto quiere decir que tenemos unos retos muy grandes con los gremios, y por eso nos hemos encargado de promover alianzas con entes públicos y privados, además de académicos y comunitarios, para generar compromisos alrededor de la protección de ecosistemas naturales”.
El aporte de la industria
Hoy en día, el programa tiene 46 aliados con los cuales se ha pactado la recuperación de 7.800 hectáreas de áreas degradadas y la siembra de más de 2,9 millones de árboles, pero, según dice Uribe, falta mucho más por construir con los gremios y la industria, y espera que 2021 sea un año de grandes logros en ese sentido. Pero ¿qué tan interesados están los empresarios en admitir el impacto de sus actividades sobre los ecosistemas naturales? (Le puede interesar: Asocaimán: de cazadores a guardianes del caimán aguja)
Alicia Lozano, directora de Sostenibilidad de Bavaria, percibe que tanto grandes como pequeños empresarios son conscientes de que la transición hacia procesos más limpios es un paso que se debe dar. En el caso de su compañía, el camino se está transitando desde hace varios años bajo la premisa de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Además, a partir de 2018 creamos metas propias para 2025, entre ellas, hacer que el 100 % de nuestra energía eléctrica comprada provenga de fuentes renovables y reducir el 25 % de emisiones de carbono a lo largo de nuestra cadena de valor”.
La compañía tiene grandes apuestas con miras a 2021, como incorporar 200 camiones eléctricos a su flota de distribución y suplir, con paneles solares, el 25 % de la energía interna consumida. “Nos estamos tomando muy en serio este tipo de compromisos. Esto no solo tiene un efecto sobre el medio ambiente, sino también sobre nuestro negocio, teniendo en cuenta que son inversiones económicamente viables que traen beneficios en el largo plazo. Por eso, nos sumamos a la alianza con la Gobernación de Antioquia, con la que ya hemos trabajado en distintas administraciones. Les damos nuestro apoyo para que podamos seguir visibilizando la sostenibilidad y motivar a otras empresas a que hagan lo mismo”.
Sobre el interés del sector empresarial en la adopción de procesos limpios y sostenibles también hay opiniones que surgen desde el punto de vista de los pequeños y medianos empresarios. Es el caso de Marleny Ramírez, gerente de producción de Natural Connection, un laboratorio —con sede en el municipio de El Santuario— —que se dedica a la producción de cosméticos naturales a partir de extractos de plantas cultivadas de forma orgánica por campesinos de municipios como El Peñol, El Carmen de Viboral y Marinilla.
Para Ramírez, la clave de una producción que tenga el menor impacto posible sobre la naturaleza es, más que las leyes y normativas (también necesarias), la consciencia. Entender que la manera en la que se diseñan nuevas alternativas para los consumidores debe estar conectada con el cuidado del planeta. Y eso es lo que ella y su equipo han tratado de hacer, pues saben que de la salud de los ecosistemas dependen las materias primas para su producción, así como el bienestar de sus comunidades.
“Trabajamos bajo un modelo de comercio justo, consumo consciente y responsable, apoyo a las familias campesinas y a la mujer rural. Nuestros productos han sido pensados para no generar presiones sobre el medio ambiente. Por ejemplo, utilizamos espumantes 100 % biodegradables, para evitar daños sobre la vida acuática”, explica ella, y añade que así como su empresa, hay muchas que están entendiendo que, en este momento de la historia, las ideas de negocio deben motivar cambios de hábitos en sus consumidores para beneficio del planeta.
¿Qué están haciendo otras regiones?
En Colombia, la Ley 1931 de 2018 definió que las gobernaciones de todos los departamentos, en asociación con las Corporaciones Autónomas Regionales, deben formular sus respectivos Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (Pigcct); es decir, una hoja de ruta en la que se puntualicen medidas y acciones de adaptación y mitigación de emisiones de gases efecto invernadero.
Para respaldar esa formulación y estandarizar la información presentada por las regiones (para facilitar el seguimiento de las acciones implementadas), el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible creó una guía que será presentada en el primer trimestre de 2021, pero que ya ha ido implementándose, al haber sido creada con la participación de los Nodos Regionales de Cambio Climático (entes autónomos que toman decisiones alrededor del trabajo en cambio climático) y las autoridades ambientales de los departamentos.
Esto ha sucedido en Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Sucre, donde se está terminando la formulación de los Pigcct. Mientras tanto, hay 26 departamentos que tienen planes con componente de adaptación, pero a los que les falta integrar acciones de mitigación, uno que está iniciando el proceso (Boyacá) y otro en el que aún tiene desafíos de articulación institucional para empezar la propuesta (Bolívar). Al final, se espera que los planes se adopten mediante ordenanza departamental para generar perdurabilidad en el tiempo y un carácter vinculante; es decir, una disposición normativa que debe ser cumplida.
Dicen que la forma más inteligente de empezar a afrontar un problema es aceptándolo. Y eso fue precisamente lo que la Gobernación de Antioquia quiso hacer en febrero de 2020, cuando declaró el estado de emergencia climática en el departamento, con la idea de que sus habitantes pudieran generar cambios de hábitos a partir del reconocimiento de los efectos del cambio climático sobre sus vidas y, al tiempo, con el propósito de implementar acciones concretas para la adaptación y mitigación a este fenómeno. (Lea: ¿Cómo el sector privado y la naturaleza pueden impulsar una recuperación verde?)
Recientes eventos, como los deslizamientos causados por fuertes lluvias en Urrao y Dabeiba, el desabastecimiento de agua en Arboletes y las inundaciones por cuenta del desbordamiento de los ríos Arquía y Murrí en Vigía del Fuerte, son algunos de los ejemplos que menciona Carlos Ignacio Uribe, secretario de Medio Ambiente de Antioquia, para explicar cómo el cambio climático está relacionado con los antioqueños y para reiterar que, aunque se perciban como aislados, estos hechos son producto de un desbalance en los ecosistemas naturales que ha sido ocasionado por actividades humanas.
Para el momento de la declaratoria, que fue un suceso inédito en el país (luego también se sumó Bogotá), la Gobernación ya estaba construyendo un Plan de Desarrollo que tuviera en cuenta las estrategias del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático de Antioquia —formulado en 2018 y adoptado mediante ordenanza a finales de 2019—, y estaba socializando ese trabajo con todas las secretarías e instancias a su mando para convertir la crisis climática en un eje transversal de todas las estrategias de gobierno.
“El Plan Integral incluía programas relacionados con temas como el desarrollo urbano resiliente, manejo integral de residuos, agricultura resiliente y transporte sostenible, pero todo eso no estaba en el conocimiento de los equipos técnicos que iban a formular el Plan de Desarrollo, así que nos movilizamos mucho internamente para empezar a crear las capacidades. Hoy, nuestro Plan de Desarrollo tiene 283 indicadores y 82 programas con sello de emergencia climática”, explica Uribe.
Con esa alineación interna (un proceso que continúa), la Gobernación declaró la emergencia y diseñó, con el respaldo de WWF, el programa “Unidos por el Planeta”, concebido para avanzar hacia la conservación de 70.000 hectáreas de áreas protegidas, la recuperación de 10.000 hectáreas degradadas y la siembra de 25 millones de árboles para el año 2030. También, para promover la movilidad activa (formas de desplazamiento no motorizadas), reducir la generación de residuos sólidos e incrementar su aprovechamiento en un 30 % y crear soluciones puntuales frente a problemáticas como la erosión del suelo, la deforestación, los incendios forestales y el deterioro de la calidad del aire. (Puede leer: Pescadores indígenas de la cuenca del río Caquetá registraron varias especies de peces amenazadas)
Dora Milena Zapata, quien lidera este proceso desde WWF Colombia, explica que, con estrategias de educación ambiental, la alianza entre la organización y la Gobernación ya ha impactado más de cincuenta municipios antioqueños con actividades relacionadas con la movilidad activa, el manejo integral de residuos sólidos, la producción sostenible, los negocios verdes y la participación ciudadana, en las que han alcanzado alrededor de 2.200 personas de forma directa y 50.000 personas de forma indirecta.
También, destaca los esfuerzos que han hecho para vincular actores públicos y privados a los propósitos de la alianza, estableciendo metas cada vez más ambiciosas, teniendo en cuenta que, para afrontar la crisis climática, se requiere su compromiso. “En estas alianzas es clave contar con los diferentes sectores, incluyendo la sociedad civil y la industria, con el fin de avanzar en la adopción de prácticas que aseguren el mantenimiento de los ecosistemas y la generación de cambios transformadores desde y para los territorios”.
Por su parte, Uribe añade que en Antioquia se generan alrededor de 23 millones de toneladas de CO2 (dióxido de carbono) anuales, de las cuales el sector agrícola aporta el 26 %, el forestal el 24 % y el industrial el 23 %. “Esto quiere decir que tenemos unos retos muy grandes con los gremios, y por eso nos hemos encargado de promover alianzas con entes públicos y privados, además de académicos y comunitarios, para generar compromisos alrededor de la protección de ecosistemas naturales”.
El aporte de la industria
Hoy en día, el programa tiene 46 aliados con los cuales se ha pactado la recuperación de 7.800 hectáreas de áreas degradadas y la siembra de más de 2,9 millones de árboles, pero, según dice Uribe, falta mucho más por construir con los gremios y la industria, y espera que 2021 sea un año de grandes logros en ese sentido. Pero ¿qué tan interesados están los empresarios en admitir el impacto de sus actividades sobre los ecosistemas naturales? (Le puede interesar: Asocaimán: de cazadores a guardianes del caimán aguja)
Alicia Lozano, directora de Sostenibilidad de Bavaria, percibe que tanto grandes como pequeños empresarios son conscientes de que la transición hacia procesos más limpios es un paso que se debe dar. En el caso de su compañía, el camino se está transitando desde hace varios años bajo la premisa de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Además, a partir de 2018 creamos metas propias para 2025, entre ellas, hacer que el 100 % de nuestra energía eléctrica comprada provenga de fuentes renovables y reducir el 25 % de emisiones de carbono a lo largo de nuestra cadena de valor”.
La compañía tiene grandes apuestas con miras a 2021, como incorporar 200 camiones eléctricos a su flota de distribución y suplir, con paneles solares, el 25 % de la energía interna consumida. “Nos estamos tomando muy en serio este tipo de compromisos. Esto no solo tiene un efecto sobre el medio ambiente, sino también sobre nuestro negocio, teniendo en cuenta que son inversiones económicamente viables que traen beneficios en el largo plazo. Por eso, nos sumamos a la alianza con la Gobernación de Antioquia, con la que ya hemos trabajado en distintas administraciones. Les damos nuestro apoyo para que podamos seguir visibilizando la sostenibilidad y motivar a otras empresas a que hagan lo mismo”.
Sobre el interés del sector empresarial en la adopción de procesos limpios y sostenibles también hay opiniones que surgen desde el punto de vista de los pequeños y medianos empresarios. Es el caso de Marleny Ramírez, gerente de producción de Natural Connection, un laboratorio —con sede en el municipio de El Santuario— —que se dedica a la producción de cosméticos naturales a partir de extractos de plantas cultivadas de forma orgánica por campesinos de municipios como El Peñol, El Carmen de Viboral y Marinilla.
Para Ramírez, la clave de una producción que tenga el menor impacto posible sobre la naturaleza es, más que las leyes y normativas (también necesarias), la consciencia. Entender que la manera en la que se diseñan nuevas alternativas para los consumidores debe estar conectada con el cuidado del planeta. Y eso es lo que ella y su equipo han tratado de hacer, pues saben que de la salud de los ecosistemas dependen las materias primas para su producción, así como el bienestar de sus comunidades.
“Trabajamos bajo un modelo de comercio justo, consumo consciente y responsable, apoyo a las familias campesinas y a la mujer rural. Nuestros productos han sido pensados para no generar presiones sobre el medio ambiente. Por ejemplo, utilizamos espumantes 100 % biodegradables, para evitar daños sobre la vida acuática”, explica ella, y añade que así como su empresa, hay muchas que están entendiendo que, en este momento de la historia, las ideas de negocio deben motivar cambios de hábitos en sus consumidores para beneficio del planeta.
¿Qué están haciendo otras regiones?
En Colombia, la Ley 1931 de 2018 definió que las gobernaciones de todos los departamentos, en asociación con las Corporaciones Autónomas Regionales, deben formular sus respectivos Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (Pigcct); es decir, una hoja de ruta en la que se puntualicen medidas y acciones de adaptación y mitigación de emisiones de gases efecto invernadero.
Para respaldar esa formulación y estandarizar la información presentada por las regiones (para facilitar el seguimiento de las acciones implementadas), el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible creó una guía que será presentada en el primer trimestre de 2021, pero que ya ha ido implementándose, al haber sido creada con la participación de los Nodos Regionales de Cambio Climático (entes autónomos que toman decisiones alrededor del trabajo en cambio climático) y las autoridades ambientales de los departamentos.
Esto ha sucedido en Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Sucre, donde se está terminando la formulación de los Pigcct. Mientras tanto, hay 26 departamentos que tienen planes con componente de adaptación, pero a los que les falta integrar acciones de mitigación, uno que está iniciando el proceso (Boyacá) y otro en el que aún tiene desafíos de articulación institucional para empezar la propuesta (Bolívar). Al final, se espera que los planes se adopten mediante ordenanza departamental para generar perdurabilidad en el tiempo y un carácter vinculante; es decir, una disposición normativa que debe ser cumplida.