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Desde hace años la lucha contra la deforestación se convirtió en una prioridad en Colombia. Aunque han sido muchos los esfuerzos para acabar con este problema en el país, no todos han sido efectivos. De hecho, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, recientemente aseguró ante el primer Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación que algunas acciones, como la Operación Artemisa, no han sido efectivas para contrarrestar este problema.
hace unas semanas, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente presentaron las cifras de deforestación de 2021. Según el informe de ambas instituciones, este problema aumentó un 1,5 % en comparación con 2020 y 8 % en comparación con 2019. Aunque es un porcentaje de un solo dígito, estiman que se perdieron más de 174.000 hectáreas de bosque, más o menos el mismo tamaño de extensión que Bogotá.
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En lo que coinciden muchos expertos e investigadores es que la judicialización de diferentes actores por la tala ilegal de árboles, como era el objetivo de la Operación Artemisa, es ineficiente para contrarrestar la deforestación. Por el contrario, es fundamental incluir a las comunidades en los procesos de conservación, proponer diálogos de educación ambiental y fomentar el desarrollo rural sostenible, que incluye a los bosques.
En Colombia existe una iniciativa que desde 2016 realiza proyectos con las comunidades para contribuir a la reducción de la deforestación, conservar la biodiversidad y fomentar el desarrollo rural sostenible para mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales en las zonas más afectadas por la violencia en el país. Se trata del Fondo Colombia Sostenible (FCS), un medio multidonante con aportes de los gobiernos de Noruega, Suecia y Suiza bajo la administración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El principal objetivo del Fondo, sin duda, es la lucha contra la deforestación y el apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz.
“El Fondo nació en un contexto de complementariedad de esfuerzos para el cumplimiento de los compromisos que tiene el país en materia ambiental y de lucha contra la deforestación”, explica Alejandra Sánchez, especialista ambiental y de desarrollo sostenible de la Unidad Técnica (UTC) del FCS. “El propósito desde el inicio ha sido implementar proyectos de intervención territorial y fortalecimiento de capacidades, orientados hacia la conservación de los bosques y la lucha contra la deforestación en territorios que se caracterizan por estar afectados por el conflicto”.
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Según Sánchez, los proyectos del Fondo tienen tres tipos de enfoques: conservación ambiental, desarrollo rural sostenible y fortalecimiento de capacidades. “Son una serie de intervenciones integradas entre sí, que están orientadas a la continuidad de un gran propósito: la lucha contra la deforestación y el mejoramiento de los medios de vida de las comunidades rurales”, añade.
El FCS ha incidido en 17 departamentos, 54 municipios y más de 711.000 hectáreas en el país. De los municipios, el 89 % están en subregiones PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) -un instrumento de gestión y planificación del Gobierno que impulsa el desarrollo económico, social y ambiental en las zonas más afectadas por el conflicto armado- y el 63 % están en núcleos activos de deforestación (NAD) identificados por el Gobierno Nacional.
“También hemos incidido en 28 cadenas productivas, en donde transformamos los procesos de producción para volverlos más sostenibles, eso es compatible con reducir la emisión de gases de efecto invernadero y hacer procesos productivos que sean más resilientes y con estrategias de adaptación al cambio climático”, explica Andrés Salazar, especialista en planeación y monitoreo de la UTC del FCS.
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Por ejemplo, tienen incidencia en cadenas productivas con cultivos agroforestales, como el cacao, café y plátano; con productos forestales no maderables, como el acai, camu camu y achiote, y con productos pecuarios, como la leche y la carne.
En uno de sus proyectos más recientes, el FCS acompañó a un grupo de productores a mejorar los cultivos de chontaduro orgánico y a tramitar los registros ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para la comercialización de harina, salmuera y almíbar hechos del mismo fruto y con una visión sostenible con el ambiente.
“Hemos recibido capacitación, fortalecimiento técnico, apoyo para certificarnos en buenas prácticas ambientales e incluso el mejoramiento de áreas para el acopio”, dice Tatiana Beltrán, indígena del pueblo inga y asociada de Asochón, una organización comunitaria encargada de promover, estimular, fortalecer, producir y transformar en el departamento de Putumayo el mercado del chontaduro del país.
Un enfoque integral
El problema de la deforestación no se enfrenta únicamente con la declaración de áreas protegidas o la disminución de la tala de árboles. Por ejemplo, es fundamental incluir procesos de restauración ecológica, rehabilitación y recuperación, además de proyectos productivos que puedan relacionarse, de manera sostenible, con los bosques, explica Sánchez. Este enfoque les permite apoyar de manera integral proyectos productivos como los de la asociación Ecoserranía.
“El bosque es una fuente de ingresos y de vida al mismo tiempo. Muchas veces lo hemos visto como algo que estorba para generar economía, agricultura o ganadería, pero es posible incluir de manera sostenible los bosques en los procesos económicos”, asegura Marlon Galeano, representante legal de la asociación Ecoserranía, una organización que tiene como objetivo el aprovechamiento forestal comunitario.
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Lo que hace Ecoserranía, con el apoyo técnico del FCS, es el aprovechamiento de madera en bloque de bosques nativos en el departamento de Antioquia para comercializar en las principales ciudades. Además, están en el proceso de conocer los beneficios de las especies de árboles no maderables para incluirlas en sus cadenas productivas.
“El hecho de que se tale un árbol no significa, obligatoriamente, que estemos aportando a la deforestación. La madera, al ser un recurso renovable, si tiene un buen manejo, como le estamos dando nosotros, no se va a acabar. Eso es administrar el bosque de una manera sostenible, sin quitarle su función ecológica”, asevera Galeano.
Lo que buscan con estos proyectos, dice Sánchez, es hacer un proceso de recuperación ambiental, reconversión productiva y manejo forestal sostenible de productos maderables y no maderables. “A través de ellos intentamos generar el aprovechamiento sostenible de la madera por medio de procesos comunitarios y asociativospara el fortalecimiento de cadenas de valor”.
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Adicionalmente, el FCS viene implementando otro bloque de intervenciones, que tienen un enfoque de desarrollo rural sostenible. “Se relaciona con el enfoque anterior, pero este está centrado en la producción agropecuaria sostenible”, explica la técnica del área ambiental del FCS.
Lo anterior lo desarrollan a través del fortalecimiento de capacidades técnicas de las organizaciones, procesos de transformación productiva y el mejoramiento de las cadenas de valor. “En el caso de la ganadería, podemos ver proyectos que están implementando, por ejemplo ganadería sostenible por medio de sistemas silvopastoriles”, asegura Andrés Salazar.
El FCS también tiene el objetivo de fortalecer las capacidades de las organizaciones campesinas, étnicas, de mujeres y de jóvenes rurales, además de las instituciones públicas. “Por ejemplo, el empoderamiento de las organizaciones étnicas y los conocimientos tradicionales, la participación de la mujer en la toma de decisiones sobre el desarrollo de sus territorios y la participación de los jóvenes para el relevo generacional”, puntualiza Sánchez.
Todo esto lo realizan con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia para la Cooperación Internacional, agencias ejecutoras y socios locales, además de las comunidades.
Proyectos con inversión social
También acompañan proyectos productivos y sostenibles de excombatientes, como el de la Cooperativa Multifacética del Pueblo Putumayense, que es una organización que tiene como actividad principal la agricultura y piscicultura. “Somos 163 asociados que estamos trabajando para nuestra reincorporación a la vida social y económica”, dice Gustavo Chambo, representante legal. Con el proyecto “Sueños de Assai”, 80 de ellos quieren sembrar 80 hectáreas de esta planta con procesos de agroforestería.
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“A veces más que un acompañamiento técnico, las comunidades necesitan mano de obra e insumos, y el Fondo tiene la posibilidad y la integralidad de realizar esas intervenciones. Además, trabajamos en zonas complejas, con problemáticas económicas y sociales, pero igual con altos valores ambientales y humanos para impulsar el desarrollo sostenible en los territorios”, asegura Sánchez. “El Fondo realiza proyectos de inversión territorial, pero acompañado de un proceso de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones”.
“La implementación de las intervenciones del Fondo busca incidir en el mejoramiento de vida de las comunidades rurales y aportar a los esfuerzos nacionales y regionales a la lucha contra la deforestación”, concluye el equipo de la Unidad Técnica de Coordinación del FCS.