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La expansión de las áreas naturales protegidas, que representa uno de los principales compromisos globales para proteger los ecosistemas y su biodiversidad, ha avanzado hasta abarcar actualmente, según cifras del Banco Mundial, más del 15 % de la superficie del planeta. Una de las características de estas zonas, que quizá sea fácil de omitir, es que en ellas frecuentemente habitan, o han habitado, comunidades que desarrollan actividades con impacto en estos territorios.
A pesar de lo que se pueda imaginar, esta situación no siempre tiene consecuencias negativas. Un ejemplo es lo registrado en el nuevo Parque Nacional Natural Serranía de Manacacías, ubicado en los llanos orientales colombianos, el cual fue declarado oficialmente por Parques Nacionales Naturales (PNN) a finales de 2023, con más de 68.000 hectáreas.
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Como contamos en este diario, en parte, el buen estado (casi inmaculado) de esta serranía se debe en gran medida a sus pobladores, que han conservado sus sabanas, así como a los efectos colaterales del conflicto armado en Colombia que mantuvo esta zona por fuera del alcance del desarrollo de proyectos productivos a gran escala por más de 50 años.
“Si bien las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales tienen una categoría de conservación estricta, estas, en su mayoría, tienen presencia de comunidades campesinas o étnicas”, indica Luisz O. Martínez, director de PNN. “Esta condición determina la necesidad de avanzar en estrategias de relacionamiento con dichas comunidades, que permitan establecer mecanismos de participación y coordinación para fortalecer la efectividad del manejo y la mejora en el estado de conservación de los ecosistemas y el buen vivir de las comunidades”.
Para potenciar este tipo de procesos, en el que se impulsa la sinergia entre comunidades y conservación, la Unión Europea (UE), a través de sus esfuerzos de cooperación, ha financiado más de 5.200 acuerdos con comunidades rurales en el país; entre estos 1.500 en los últimos siete años para promover la sostenibilidad económica y ambiental bajo la figura de uso, ocupación y tenencia con comunidades campesinas.
Estos esfuerzos, según indican voceros de la Unión Europea, hacen parte de aportes que se hacen en el escenario de posacuerdo, en el que se ha impulsado el desarrollo de la política ambiental del país, con mejoras en las iniciativas de economía local de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes que han sido víctimas del conflicto armado. Estas, además de encontrarse en condiciones de vulnerabilidad y marginalidad, habitan (en muchos casos por desplazamiento forzado) en sitios caracterizados por su importancia ambiental y social.
La ardua tarea de proteger
En Colombia, como parte de su política pública, la conservación de zonas protegidas ha sido considerada un ejercicio guiado por una comprensión de la compleja relación entre sociedad y naturaleza, la cual puede desembocar en impactos negativos para la naturaleza. Un ejemplo de esto es la deforestación.
Como explica Carlos Mauricio Herrera, director de Conservación y Gobernanza de WWF Colombia, si bien las cifras oficiales muestran que “la deforestación ha venido disminuyendo, sigue habiendo deforestación al interior de las áreas protegidas del sistema de parques, lo cual, como el principal baluarte de la conservación de la biodiversidad en nuestro país, es inaceptable”.
Según Herrera, del Fondo Mundial para la Naturaleza en Colombia (WWF por sus siglas en inglés), de acuerdo con el último reporte oficial, a pesar de que es una cifra menor a lo registrado en años anteriores, en los Parques Nacionales se registraron más de 12.000 hectáreas, por lo que es una situación a la que “hay que prestarle atención”.
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Pero ¿a qué se deben estas intervenciones humanas en las áreas protegidas del país? Según Herrera, de WWF Colombia, en el caso del Arco de deforestación amazónico, esto se debe a que están en medio de zonas “marcadas por la informalidad”, en donde se dan dinámicas como apropiación de bienes sin permiso, acaparamiento de tierras, carreteras informales, conflicto armado, inseguridad jurídica y desplazamiento. “La gran deforestación está relacionada con actividades delictivas asociadas a la apertura de trochas y, sobre todo, al acaparamiento de tierras, que luego se disfraza de actividad ganadera”.
Además de estos retos, Parques Nacionales Naturales, que cuenta con $170.000 millones en el presupuesto para este año, tiene proyectos desfinanciados por valor de $566.851 millones. Por esta razón son claves los recursos de la financiación internacional.
Para atender esta situación y potenciar la función de las áreas protegidas del país, la Unión Europea ha destinado parte de sus recursos de cooperación en el país (alrededor de 46 millones de euros entre 2018 y 2021) para mejorar y fortalecer las economías locales basadas en el uso sostenible de la biodiversidad. Con esto se busca ofrecer alternativas económicas y productivas a poblaciones locales, para frenar economías ilícitas como la deforestación en áreas protegidas.
“Durante cerca de 15 años hemos cooperado con Parques Nacionales con el objetivo de establecer un modelo de desarrollo sostenible que permita, a través de la conservación y gestión de las áreas naturales protegidas, acercarnos a las comunidades rurales de las regiones más marginadas y apartadas”, explica Alberto Menghini, jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea para Colombia.
Acuerdos para conservar y producir
Estos acuerdos, como explica Martínez, director de PNN, consisten en “estrategias articuladas para adelantar acciones como la restauración ecológica participativa, ecoturismo comunitario, monitoreo, investigación, educación ambiental y sistemas sostenibles para la conservación”.
Con este modelo, indica el director de la entidad, se logra desarrollar la función amortiguadora de las zonas aledañas, mejorar el ordenamiento territorial y, entre otros, cerrar la frontera agropecuaria.
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Para desarrollarlos se ha hecho un intenso trabajo de campo, con el que se reconocieron las iniciativas de economía local sostenibles y las familias beneficiarias que habiten o frecuenten las áreas protegidas y sus zonas de influencia. Tras conocer su estado actual y su potencial, estas fueron registradas en el Portafolio de Iniciativas de Negocios Ambientales de Parques Nacionales.
Posteriormente, estas fueron asesoradas para mejorar sus índices de sostenibilidad y mapear los puntos débiles de sus cadenas productivas. Con las bases sentadas, se inició el plan de inversión en infraestructura, equipos, herramientas, insumos, dotaciones y en intangibles como capacitaciones, trámites legales, fortalecimiento organizativo, asociativo y empresarial.
Según Menghini, a través del programa “Desarrollo Local Sostenible”, se fortaleció esta estrategia institucional y en 2021 se logró alcanzar 27.801 hectáreas bajo sistemas de restauración, recuperación y sostenibles derivados de usos legales en PNN y sus zonas de influencia. Asimismo, se consolidaron 305 emprendimientos comunitarios que mejoran la sostenibilidad de actividades económicas locales y fomentan un desarrollo territorial armónico con el medio natural”.
Parte del éxito se debe a que las comunidades locales suelen tener mejores resultados en la conservación de sus territorios. Así lo muestra un estudio de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, que demuestra que las zonas mejor conservadas de la Amazonia son aquellas en donde habitan las comunidades indígenas.
“En el caso de las familias campesinas, tanto al interior de los parques como en sus zonas aledañas, que es uno de los principales esfuerzos que se tienen, se deben mantener y aumentar si queremos disminuir estas tasas de degradación ambiental. Hay evidencias de que, al estar vinculadas con procesos de conservación, al llevar más tiempo en el territorio, tienen la capacidad de hacer un mejor manejo y una mejor contención de fenómenos como la deforestación”, explica Carlos Mauricio Herrera, director de Conservación y Gobernanza de WWF Colombia.
Lo que viene
En el país, recientemente estos acuerdos se están implementando a través de nuevas iniciativas de financiamiento como “Paisajes sostenibles: Herencia Colombia”, financiada por la UE y ejecutada bajo el liderazgo de FAO, Invemar, el Instituto Humboldt y WWF. Bajo esta se trabaja con comunidades campesinas de pescadores e indígenas en la Ciénaga Grande de Santa Marta y la Sierra Nevada, así como con pequeños productores en la región de los Andes centrales. Todo esto con el propósito de impulsar, financiar y consolidar proyectos productivos basados en bioeconomía, turismo ecológico, agroecología y otras alternativas de uso sostenible de los bienes y servicios que proveen estos ecosistemas naturales.
Según información de PNN, en los últimos diez años, se han logrado más de 6.000 Acuerdos de Uso, Ocupación y Tenencia, aproximadamente la mitad de ellos con población campesina y otro tanto con comunidades indígenas y afrodescendientes.
“La gran apuesta es lograr un fortalecimiento para generar estrategias de transformación, de sostenibilidad de largo plazo y, en ese sentido, el Fondo para la Vida y la Biodiversidad es una de las grandes apuestas que ha hecho este Gobierno, pensando en ecosistemas, en ecorregiones, pero también sin duda en garantizar y atender la crisis climática”, indica Luisz O. Martínez.
Por el momento, hay gran expectativa por los resultados de la implementación de los fondos para la conservación que anunció el Gobierno Nacional, de la cooperación internacional como la financiada por el Gobierno alemán a través del KFW (que también apoya la implementación de los acuerdos entre PNN y comunidades rurales en el país), así como de nuevas plataformas de financiamiento que permitan mantener el flujo de recursos como “Herencia Colombia”.
“En conjunto con el actual Gobierno vamos a iniciar la implementación del programa ‘Bosques: biodiversidad, clima y paz en Colombia’ y estamos diseñando un nuevo programa, que retomará las buenas prácticas de la cooperación de la UE y la de nuestros Estados miembros, asociando de manera más estrecha conservación de la naturaleza, generación de medios de vida sostenibles para comunidades locales y construcción de paz territorial, bajo el concepto de paz con la naturaleza de la política de paz total”, concluye Menghini.