En el Consejo Comunitario del Bajo Mira y Frontera, en la zona rural de Tumaco (Nariño), se desarrolla un proyecto de incentivos a la conservación que busca darle la vuelta al modo en que estas estrategias se venían desarrollando tradicionalmente. La idea es potenciarlas, de cara a la COP16 —la principal cumbre de biodiversidad en el mundo—, como una figura que resulta de gran interés para invertir recursos de financiamiento climático y ambiental.
Para entender el giro que este proyecto significa para este tipo de mecanismos, es importante entender qué son exactamente los incentivos a la conservación en Colombia. A pesar de existir bajo otras formas previamente, estos fueron reglamentados en 2017 a través del único decreto del Ministerio de Ambiente aprobado en el ‘fast track legislativo’ de los Acuerdos de Paz; se trata del Decreto 870 de 2017 reglamentado por el Decreto 1007 de 2018.
En la normativa se estableció y delimitó la propuesta de entregar incentivos en dinero o en especie a las personas o comunidades que realizaran acciones de preservación y restauración en sus predios, bajo la premisa de que “Conservar Paga”. Estos se suman a los proyectos de Reactivación Económica Sostenible y Ambiental (RESA) liderados por la Corporación Autónoma Regional del Nariño (CORPONARIÑO), que buscan impulsar la economía de ciertas zonas del país, en particular después de la pandemia del covid-19.
Para el caso de Tumaco, los incentivos a la conservación llegan al territorio por gestión de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la mano de la Fundación Sacha LLaqta, una organización comunitaria de la zona. Su propuesta fue estructurada desde 2021, con el apoyo del Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET II) de la Unión Europea, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y la FAO. Durante el proceso se tomaron en cuenta las dinámicas propias de las comunidades y los objetivos de conservación en este ecosistema estratégico. Además del apoyo de la cooperación internacional, el proyecto contó con la asistencia técnica de CORPONARIÑO.
La estrategia detrás del impulso de estos proyectos, por parte del programa DRET II, es pilotear políticas públicas en los territorios para, a partir de estas experiencias, llevar hacia el nivel central, insumos y lecciones aprendidas desde los territorios y poder escalar las mejores prácticas e iniciativas a escala mayor; este proceso se ha logrado a la perfección en el caso del proyecto piloto de Incentivos a la conservación en Tumaco.
“Nuestro objetivo principal en estos proyectos, y en general como gobierno, es fortalecer las capacidades de las comunidades como sujetos de bienestar y desarrollo y no como objeto de atención. La visión de DRET, con su apuesta de valor, fue fundamental para el éxito de la consolidación de este acuerdo de conservación, en un proceso que muestra cómo la cooperación internacional puede lograr articulaciones con mayor coordinación multiactor y con un enfoque territorial”, precisa José Manuel Perea, del ministerio de Ambiente.
De hecho, una vez la iniciativa cumplió con los requisitos de la modalidad de “regulación y calidad hídrica”, estipulados en la Guía de Proyectos Pago por Servicios Ambientales (PSA), la empresa CENIT, compañía filial del Grupo ECOPETROL, decidió financiar el proyecto a través del mecanismo de “obras por impuestos”, el cual se enfoca en conectar al sector privado con inversiones directas en las áreas más impactadas por el conflicto armado. Como resultado, se cuenta con un presupuesto total de $8 mil millones para su ejecución y se prevé que impactará 1.000 hectáreas en preservación y 300 en restauración pasiva y que beneficiará a 2.300 familias en el Consejo de Bajo Mira y Frontera durante dos años.
En los predios que hacen parte del proyecto se desarrollarán acciones claves para el impulso de la producción de cacao (con la compra de materias primas, asistencia técnica y apoyo económico a las unidades productivas), el fortalecimiento a la estrategia comercial de mariscos; así como inversiones para aportar en la sostenibilidad social, económica y ambiental de las diferentes cadenas productivas que se desarrollan en este territorio colectivo e infraestructura comunitaria.
Además de esto, también se fortalecerá la organización territorial de las comunidades con capacitaciones sobre temas de equidad de género, y, entre otros, tenencia de la tierra para niños, niñas, jóvenes y adultos. Por otra parte, se ofrecerán talleres sobre la formulación de proyectos verdes y sobre capacidades técnicas-ambientales de los productores de la comunidad. Todo esto se sumará a la gestión ambiental en el territorio con el objetivo de reducir la transformación de ecosistemas estratégicos, la deforestación y la vulnerabilidad del territorio al cambio climático.
Se espera que el proyecto incida favorablemente en la resolución de conflictos, ya sean ambientales o sociales, al permitir combinar la conservación de zonas estratégicas con el desarrollo de actividades productivas.
Incentivos para conservar
Por el momento, en el país hay más de 500.000 mil hectáreas conservadas bajo el esquema de PSA y otros incentivos a la conservación, que busca proteger ecosistemas estratégicos que prestan diversos servicios a las comunidades locales y la sociedad como manglares, paramos, bosques húmedos tropicales, entre otros. Uno de los objetivos del Gobierno Nacional es incluir dentro de estos mecanismos más de 300 mil nuevas hectáreas protegidas en el periodo 2022 - 2024.
La evolución de este tipo de proyectos ofrece, además, un gran potencial para la implementación de los Acuerdos de Paz. “Actualmente, los incentivos a la conservación se han reformulado abriendo la posibilidad para que las víctimas del conflicto y comparecientes ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) realicen acciones de preservación o restauración de ecosistemas estratégicos, lo cual hace que sea un mecanismo de reincorporación y resarcimiento”, afirmó la ministra de Ambiente, Susana Muhammad.
Sin embargo, existen aún retos por resolver. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, la baja calidad de la información e inconsistencias en las cartografías dificultan ubicar a los beneficiarios y la durabilidad de los proyectos. Para aportar a la resolución de estas dificultades, el programa DRET II también está impulsando otros dos proyectos en el páramo Cruz Verde (Sumapaz) y en el páramo de El Duende (Valle del Cauca), en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil Aguasisol y Fedena, y como un hito en la financiación multiactor, a través de asistencia técnica, cartografía e identificación de beneficiarios, entre otras acciones, en colaboración con las autoridades locales y nacionales. En ambos casos también se prevé un escalamiento a mayor nivel.
El objetivo es seguir potenciando este tipo de mecanismos, en especial para atraer la atención de inversionistas ambientales y climáticos, ya que la COP16 se llevará a cabo entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024 en la ciudad de Cali.
“Para la COP16 se realizará una feria de Negocios Verdes, en la que estará la representación de las economías populares sostenibles de todo el país. Para esto también tenemos pensado abrir una convocatoria para que proyectos verdes de delegaciones de otros países visiten la cumbre y, así, generar un espacio de intercambio”, explicó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.
El Pacífico y la Amazonía serán, según la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las zonas en las que más desarrollarán este tipo de proyectos que busca articular la conservación de la naturaleza con nuevas economías centradas en modelos sostenibles que beneficien a todos los actores.