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En las costas del Chocó, la pesca artesanal tiene una lógica propia que poco se parece a la pesca de río o de litoral. Los pescadores de esta región del Pacífico colombiano recorren largas distancias en alta mar para llegar a caladeros ricos en especies de alto valor, una práctica que sus comunidades han perfeccionado durante generaciones.
Una de sus técnicas ancestrales más ingeniosas es el “payao”, en el que se sumerge un tronco de mangle nato (Mora oleifera), se ancla al fondo con cuerdas y estas se cubren con ramas de palma de coco para crear refugios artificiales donde, por acumulación progresiva de algas, moluscos y peces pequeños, terminan congregándose las especies más grandes. “Es una forma de llamar al pez sin perseguirlo”, describe Mauricio Bechara, investigador de la Universidad Tecnológica del Chocó.
Pero la distancia que hace posible esa pesca también la encarece y la complica. Hasta hace algunos años, el único punto de venta de hielo en toda la zona era Ciudad Mutis, la cabezera principal de Bahía Solano: un pescador que llegaba desde Cabo Marzo debía hacer más de tres horas de trayecto adicional solo para conservar su captura, quemando combustible y reduciendo sus márgenes de ganancia. Con el apoyo de ABRIGUE (Agroecología, Bioeconomía, Resiliencia, Innovación, Gobernanza y Unión Europea) y la cooperación de la Unión Europea, esa barrera comenzó a romperse. Se instalaron equipos de producción de hielo en salmuera fabricado con agua salada que tarda más en derretirse que el hielo convencional, en puntos estratégicos de la costa, acercando la cadena de frío a donde el pescador trabaja.
Las soluciones implementadas en estas zonas son parte del programa ABRIGUE, liderado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) y con el respaldo del programa DeSIRA (Desarrollo de Innovación Inteligente a través de la Investigación en Agricultura) de la Unión Europea, que durante los últimos cinco años se desarrollaron iniciativas para transformar los sistemas agroalimentarios del país de Colombia, en particular en alianza con organizaciones comunitarias, hacia modelos más sostenibles y resilientes al cambio climático.
“El proyecto ha trabajado directamente con comunidades campesinas y afrodescendientes, para fortalecer sus capacidades técnicas, organizativas y de gobernanza para desarrollar modelos productivos que integran conocimiento local y ciencia aplicada. Entre sus principales resultados se destacan avances en cadenas de valor como cacao, canangucha o moriche (Maurita flexuosa), ganadería láctea, copoazú, vainilla, coco y sistemas de pesca artesanal sostenible”, explica Luz Marina Mantilla Cárdenas, directora general del Instituto Sinchi.
Según datos de la FAO, más del 90 % de los 570 millones de granjas agrícolas del mundo tienen una gestión individual o familiar y dependen sobre todo de mano de obra familiar. Según se lee en un documento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la gran mayoría de las fincas del mundo son pequeñas o muy pequeñas, que se definen como espacios de menos de dos hectáreas.
Con este enfoque se impulsaron producciones de en pequeñas parcelas de copoazú, cacao, ganadería láctea y canangucha en el sur del Caquetá, en los municipios de San José de Fragua, Belén, Montañita, y en el sur del Meta, en Mesetas, Uribe, Vista Hermosa y Macarena, como puede ver en el mapa, y fueron apalancados en una alianza del Instituto SINCHI con el Ministerio de Ciencias, el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD) de Francia, AGROSAVIA y la Universidad Tecnológica del Chocó.
Como explica Carlos Rodríguez, coordinador del proyecto ABRIGUE, “el sur del Meta, el Caquetá, el Chocó marino-costero son zonas que han cargado décadas de conflicto armado, economías ilegales, deforestación acelerada, donde se asientan comunidades rezagadas de la inversión del Estado. Son territorios de frontera, donde el Estado y la legalidad ha tenido que ganarse el espacio palmo a palmo. Y en ese sentido, el proyecto buscaba, con sus impactos, contribuir a la paz territorial”.
En total, el proyecto trabajó directamente con 586 familias en estos 10 municipios, que desarrollaron prácticas agroecológicas, que consisten en aplicar principios ecológicos al diseño y gestión de sistemas agrícolas sostenibles a través de cambios en sus modos de producción. En esta línea, se desarrollaron 12 productos de bioeconomía que benefician a 1.149 familias vinculadas a 14 organizaciones sociales.
Las plataformas de innovación
En los diferentes municipios en los que operó el proyecto, explica Rodríguez, del Sinchi, se desarrollaron diez plataformas de innovación, un modelo de trabajo en red de múltiples actores aplicado en varias regiones del mundo y ajustado por ABRIGUE para las zonas del proyecto, y en el marco del cual se realizaron 50 encuentros para co-diseñar y probar soluciones de agroecología y bioeconomía para las necesidades locales y fortalecer las diferentes cadenas productivas de las comunidades.
En estos espacios, comunidades, investigadores y miembros de la cooperación internacional presentaron proyectos e ideas para avanzar hacia sistemas agroecológicos y se generaron las bases para la co-creación de conocimientos y tecnología.
“A estas redes de trabajo las soluciones no llegaron hechas, sino que estas y los problemas se encontraron ahí. Y para esto se trazó un plan con una estrategia, cada una de las cuales poseía una serie de innovaciones para determinar cómo se avanzaría hacia el sistema agroecológico”, sostiene Rodríguez, de SINCHI. La agroecología se basa en la aplicación de principios ecológicos para diseñar y gestionar sistemas agropecuarios que sean productivos, resistentes y sostenibles.
En algunas zonas del Chocó, cuenta Becharra, docente de la UTC, crecen de “manera silvestre” plantas de Vanilla planifolia, la especie de la que, luego de un curado, se vende para gastronomía y también se saca su extracto. Algunas familias han obtenido de allí el material vegetal para plantarlas en sus fincas y su posterior aprovechamiento.
“La humedad del Chocó es casi siempre por encima del 80 % y uno de los trucos del manejo de la vainilla es el secado, intercalando periodos de sol y sombra. Y para esto se construyó un domo, un espacio para mejorar este proceso, en lo que era una de las falencias de este producto en el Chocó”, precisa el investigador.
Por su parte, cuenta Miguel Serrano López, director de Agrosavia, una de las vulnerabilidades que tienen los sistemas agroalimentarios en estos territorios es su vulnerabilidad al cambio climático. “Para esto, una de las claves es tener sistemas diversificados. Este es el caso de la cadena de cacao, se está trabajando en sistemas agroforestales, que incorporan especies que tengan otras utilidades, como el aprovechamiento de madera o que permitan el autoabastecimiento, pues una planta de cacao no va a producir el mismo año de la siembra”, puntualiza.
En ese sentido, Serrano recuerda que “para las comunidades campesinas este no es un experimento, es un medio de vida, y hay una responsabilidad de ayudar a estas producciones para ser más rentables, no solo en su producción, sino en aspectos sociales y ambientales”.
En el balance del proyecto se señaló aquellas fincas que “completaron un 80 % de su transición hacia la agroecología lograron reducir en un 17,4 % su impacto en el calentamiento global”, indica Mantilla, del instituto Sinchi.
En el caso de los sectores piloto del Caquetá, estimaciones del mismo instituto, apunta a que si las prácticas de agroecología y bioeconomía se adoptan masivamente en los sectores piloto en el departamentos, las emisiones de CO2 podrían reducirse en más de 19 millones de toneladas cada año. Vale señalar que, en materia de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), el país se comprometió, a finales de 2025, a que en 2030 las emisiones no superen los 169,44 millones de toneladas de CO₂ equivalente y que para 2035 se ubiquen en un rango máximo de 155 a 161 millones de toneladas.
Según cifras del Sinchi además, en las fincas que participaron en el programa incrementaron en 36 % las reservas de carbono almacenado, 35 % de su diversidad taxonómica de plantas y hongos del suelo, en más de 30 % la riqueza de macrofauna del suelo y en 66,4 % la diversidad productiva de la finca respecto al sistema tradicional. Adicional a estos impactos ambientales, familias con fincas en un avanzado estado de transición pueden alcanzar, a los 8 años, unas tasas de rentabilidad entre 30 y 35% superiores a la que se recibe con actividades como la ganadería.
Por su parte, durante estos espacios se generaron productos comerciales: chocolate artesanal, vainilla curada, aceite de coco, derivados de la canangucha y copoazú y otros subproductos asociados que reciben un sello de garantía comunitario creado mediante un Sistema de Garantía Participativo, donde las mismas comunidades certifican el origen orgánico y cero deforestación de los productos.
“Y es un campo que no podemos perder de vista es la importancia de las decisiones de consumo. Es decir buscar formas para hacer que los productos agroecológicos no sean consumidos por unos pocos consumidores, sino hacerlos mucho más accesibles para todos”, explicó Isabelle Vagneron, doctora en Economía e investigadora del Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD) .
El El proyecto ABRIGUE también realizó, en un proceso liderado por Minciencias, una caracterización de las capacidades, el financiamiento y la gobernanza y en ciencia, tecnología e innovación para la agroecología y la bioeconomía en los tres departamentos. Con esta base se desarrollaron 10 propuestas para avanzar hacia sistemas más sostenibles y en áreas como redes de conocimiento, servicios de apoyo técnico, ecosistemas de financiamiento, sistemas de garantía de calidad participativos y apropiación social de la innovación.
Además, se desarrollaron propuestas de instrumentos de política para planes departamentales de bioeconomía con bases agroecológicas, sistemas territoriales de innovación, criterios para la pesca artesanal responsable, compensación por servicios ecosistémicos y reorientación del financiamiento rural hacia modelos sostenibles.
El reto de escalarlo
En línea con esto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez, durante el evento de cierre, expresó que “durante estos cinco años, el proyecto ABRIGUE ha demostrado que es posible transitar hacia modelos agroalimentarios que son más sostenibles y resilientes al cambio climático”.
El instituto Sinchi asegura que los desarrollos conceptuales, metodológicos y las evidencias de las transiciones hacia la agroecología y bioeconomía ya han sido incorporados en iniciativas de alcance nacional como en los Núcleos de Desarrollo Forestal y la Biodiversidad liderados por el Instituto Sinchi, en el que este modelo de transiciones es uno de los pilares conceptuales. Además, más de 4.100 personas recibieron conocimientos y capacidades técnicas para sus proyectos.
El desafío, según el Instituto Sinchi, es ampliar su implementación y acompañarlo con instrumentos de política pública y financiamiento. “El modelo está probado y validado con las comunidades; necesitamos la voluntad de escalar a otras zonas del país”, concluye Luz Marina Mantilla, del Sinchi.
