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Hace un par de semanas cientos de personas en el mundo celebraron una noticia histórica: el Tratado de Alta Mar, el primer instrumento global y legalmente vinculante para proteger y usar de forma sostenible la biodiversidad marina en las aguas internacionales, alcanzó las 60 ratificaciones necesarias para entrar en vigor. Esto significa que el acuerdo comenzará a producir efectos jurídicos y será obligatorio para los Estados que lo han ratificado.
El hecho fue calificado como un hito histórico para la defensa del océano, pues el tratado, que recibe formalmente el nombre de Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas situadas fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ por sus siglas en inglés), permitirá regular de manera integral aproximadamente el 64 % del océano y cerca de la mitad de la superficie del planeta, espacios que hasta ahora estaban gestionados de forma fragmentada y sectorial.
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En términos concretos, explica Juliana Sintura, especialista de ecosistemas acuáticos y marinos de WWF Colombia, el tratado habilita la creación de áreas marinas protegidas en alta mar, “algo que hasta ahora no existía bajo un marco legal global vinculante”. Estas áreas podrán establecerse en ecosistemas ecológica y biológicamente significativos, como corredores migratorios, montes submarinos o zonas de alta productividad.
A esto se suma la obligatoriedad de realizar evaluaciones de impacto ambiental para aquellas actividades humanas que puedan afectar la biodiversidad marina en alta mar, como nuevas formas de explotación de recursos o infraestructuras. Con ello se da un giro clave, se pasa de un modelo reactivo a uno preventivo, basado en el principio de precaución y en la mejor evidencia científica disponible.
Para Sintura, el tratado es innovador en materia de política exterior, porque, entre otras cosas, permitirá gestionar de manera articulada estas zonas donde ningún Estado ejerce autoridad. Esto contribuirá a “mejorar la capacidad de tomar decisiones colectivas para la conservación de la biodiversidad marina”, sostiene la vocera de WWF.
La fecha clave
El 17 de enero de 2026 será la fecha en que entrará en vigor el tratado de Alta Mar, tras la ratificación del acuerdo por parte de 60 países, el umbral necesario para que se convirtiera en ley internacional. Sin embargo, hasta la fecha (15 de diciembre), otros 18 Estados se han unido al proceso, elevando el total de ratificaciones a 78.
La carrera por la ratificación avanzó lentamente desde que el tratado se adoptó por consenso el 19 de junio de 2023. La fecha máxima para alcanzar las 60 firmas era el 20 de septiembre de 2025.”Existía el riesgo de que, de no alcanzarse ese umbral, el acuerdo no pudiera entrar en vigor ni convertirse en un instrumento jurídicamente vinculante”, sostiene Sintura.
Sin embargo, este año, durante la tercera Conferencia de los Océanos de las Naciones Unidas, coorganizada por Francia y Costa Rica entre el 9 y 13 de junio en Niza (Francia), se dio el impulso político para alcanzar las 60 firmas necesarias, gracias a la acción de Sri Lanka, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona y Marruecos.
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Para la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), que tuvo una participación activa en el proceso, si bien este es un avance notable, es necesario que todos los países se adhieran al acuerdo “para lograr la gobernanza justa, equitativa y sostenible de la biodiversidad en alta mar. Ello garantizará la implementación efectiva del acuerdo, incluyendo el cumplimiento de sus objetivos de conservación y la participación de los países en sus beneficios”, escribieron en un comunicado.
Falta Colombia
Colombia no figura entre los 78 países que han ratificado el tratado de Alta Mar. Esto implica que, por ahora, el país no está jurídicamente obligado a cumplir sus disposiciones, pero tampoco puede acceder de manera directa a los mecanismos de financiamiento que se establezcan para apoyar a las partes, en especial a los países en desarrollo.
Como explica la vocera de WWF, esta situación significa que “Colombia aún no puede aplicar plenamente el tratado, ni exigir evaluaciones de impacto ambiental en alta mar bajo este marco, ni participar con plenos derechos en los órganos de decisión que se crearán, como la Conferencia de las Partes”.
Sin embargo, cabe resaltar que Colombia sí firmó el acuerdo. Se trata, ante todo, de un acto político “que expresa respaldo y voluntad de avanzar, pero aún no genera obligaciones legales”, agrega Sintura.
Hasta el momento, el país no ha definido una posición oficial. Además, Colombia tampoco ha ratificado la Convención del Mar - CONVEMAR, de la cual se deriva el tratado de Alta Mar. Para Sintura, el país aún debe “sostener un diálogo concertado sobre las implicaciones y oportunidades que este tratado representa y contemplar los impactos que tiene sobre los pobladores de los municipios costeros desde una perspectiva inclusiva”.
Para que el tratado sea ratificado, deberá pasar por el Congreso, donde se evaluarían los beneficios y las obligaciones que implica esta decisión. De avanzar en el proceso, el siguiente paso sería la implementación nacional, que supone revisar y, en algunos casos, ajustar el marco normativo colombiano para alinearlo con las nuevas obligaciones internacionales en materia de conservación marina.
“Para Colombia, el tratado abre una oportunidad estratégica para articular la protección de la alta mar con sus esfuerzos de conservación marina nacional, especialmente en el Pacífico. Esto es clave para la protección de especies migratorias, corredores biológicos y ecosistemas compartidos que conectan aguas nacionales con áreas fuera de la jurisdicción nacional”, sostiene Sintura, de WWF.
En otras palabras, la ratificación le permitiría al país proponer la creación de áreas marinas protegidas en ecosistemas de importancia regional beneficiando directamente las economías y modos de vida locales que dependen de mares territoriales conectados con una alta mar saludable.
Para Sintura, Colombia ya cuenta con una amplia experiencia, capacidades y mecanismos de coordinación intersectorial para asumir los compromisos que se derivan del tratado, y por esto, considera que puede ser el impulsor que necesita para seguir posicionándose como país bioceánico..
¿Cómo funcionará el tratado?
Actualmente, el acuerdo cursa el periodo previo a la primera Conferencia de las Partes (COP1) que tendrá lugar en el primer semestre de 2026 y cuya sede aún no ha sido anunciada.
Ese espacio será el principal escenario donde se determinará cómo funcionará el acuerdo. “Las decisiones que se tomen establecerán los mandatos, procedimientos y recursos de los órganos subsidiarios, incluyendo el Órgano Científico Técnico y los mecanismos financieros. Los Estados que participen activamente en esta etapa configurarán las reglas de la futura gobernanza oceánica en aguas internacionales”, explica Sintura.
Las decisiones no se tomarán por consenso, como se hace en otras COP como la de cambio climático o biodiversidad, sino por mayoría de votos. De esta manera, se garantiza que se respete las posiciones de naciones diversas como los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo.
Para monitorear su cumplimiento, el tratado establece una estructura institucional propia y multinivel conformada por la COP y por secretarías internacionales, que serán las responsables de la coordinación operativa, la gestión de información y el apoyo técnico a los Estados. Además, se crearán comités científicos y técnicos que evaluarán propuestas de conservación, revisarán evaluaciones de impacto ambiental y garantizarán que las decisiones se basen en la mejor ciencia disponible
Un elemento clave del tratado, según explica Sintura, es que no busca reemplazar los mecanismos existentes, sino articularse con organismos regionales y sectoriales, como las organizaciones de ordenación pesquera, para mejorar la coherencia y eficacia de la gobernanza en alta mar.
El acuerdo, además, fortalece la cooperación científica, el intercambio de información y la creación de capacidades, especialmente para países en desarrollo, y promueve una gobernanza más coherente entre los niveles global, regional y nacional.
