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La agricultura colombiana ha venido en un proceso evolutivo que atiende las demandas mundiales, de cara al desafío de ser el soporte principal para alimentar a una población en aumento que, de acuerdo con proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se espera llegue a 9.500 millones de personas en 2025, lo que podría implicar un aumento del 60-70% en la demanda de productos agrícolas.
Temas como la adaptación al cambio climático, la innovación tecnológica y la eficiencia en el uso de recursos naturales, son algunas de las metas destacadas en la ruta hacia la consolidación de sistemas productivos que se desarrollan en las más de 42 millones de hectáreas, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), disponibles como frontera agrícola de Colombia.
Frente a estos desafíos, representantes de la Unión Europea, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y la FAO, aliados en el marco del Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET II), participaron del Facebook Live: Sistemas Agroalimentarios Sostenibles en Colombia, auspiciado por Bibo de El Espectador. Durante el diálogo se resaltaron estrategias claves para reducir el impacto ambiental, fortalecer la seguridad alimentaria y promover la resiliencia desde el campo colombiano.
“Con el programa DRET II encontramos soluciones que combinan desarrollo económico con sostenibilidad ambiental, integrando a los diferentes actores del territorio en un enfoque colaborativo a partir de la transformación de modelos de producción, conservación y consumo desde los territorios” resaltó Alberto Menghini, jefe de cooperación de la Unión Europea en Colombia.
A partir del trabajo conjunto entre instituciones nacionales y locales, productores rurales y actores de conservación ambiental, el DRET II desarrolló 20 iniciativas regionales, definidas como “Rutas Territoriales”, con las que fue posible avanzar de la definición a la acción, en políticas públicas y proyectos piloto que reflejan esta adaptación territorial, fomentando modelos económicos sostenibles y contextualizados, explicó Luca De Paoli, Coordinador de Programas de la AICS.
Dentro de estas iniciativas, la desarrollada en alianza con el Instituto Mayor Campesino (IMCA) y la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca, es muestra de la viabilidad que tiene esta integración intersectorial. Gracias al trabajo desarrollado entre la sociedad civil, instituciones y la cooperación internacional, hoy el departamento del valle es pionero en la inclusión de la agroecología como modelo productivo y desarrollo social, económico y ambiental.
El Plan Departamental de Agroecología del Valle del Cauca 2024-2035, aprobado el 5 de junio bajo la ordenanza 018 de 2024, es modelo para otros territorios del país, destacó Marcos Rodríguez Fazzone, especialista senior del área de Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos de la FAO en Colombia, al mencionar que “con el DRET II encontramos en la agroecología un eje articulador entre dos sectores tradicionalmente separados: el agrícola y el ambiental; esto permitió avanzar en la construcción del Plan Nacional de Agroecología mediante un proceso participativo, que involucró organizaciones sociales y academia, dándole mayor legitimidad e institucionalidad a esta agenda”.
Prácticas sostenibles que incorporan la agroecología, dan cuenta de la relevancia y efectividad del modelo. Con la creación de biofábricas en Tolima y Boyacá, el programa también demostró que la inversión realizada en equipos, de la mano con un acompañamiento, ofrece réditos que impulsan la agricultura sostenible.
Dos pilotos de las Rutas Territoriales que aplicados en la cadena de la guanábana y de la caña panelera, dejaron a productores de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC) la posibilidad de aprovechar su producción para abrir una nueva línea de negocios: la de los insumos de origen biológico; negocio que va en aumento en toda la región y que promete un futuro próspero y sostenible.
Estos casos, entre otros que fueron impulsados en la integración de agendas del agro y el ambiente, dejan bases importantes para el diseño y validación de políticas públicas que permiten con su implementación el aumento en los ingresos para los productores de pequeña escala, así como la tecnificación y comercialización de los alimentos, consolidando la apuesta por el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios, haciendo que estos sean más eficientes, justos y sostenibles.
Políticas que abren nuevas oportunidades al desarrollo en el campo, y para lo que es indispensable seguir trabajando en la reducción de desigualdades, como las que asumen las mujeres rurales. Otro foco de atención que fue abordado por el DRET II, tras incluir un piloto de economía del cuidado con el que a partir de la entrega de dotación para el hogar y un proceso de sensibilización comunitaria, las mujeres de Zurron´s Cacao, cacaoteras de Santander ahora gastan hasta 6 horas menos al día en tareas como la recolección de leña o el lavando de ropa a mano.
De esto se trata el desarrollo rural sostenible, una visión que integra diferentes prácticas de producción, pero también de comportamiento social con las que se vinculan aspectos inherentes a lo que significa el trabajo en el campo. Jornadas que inician desde muy temprano y que terminan hasta altas horas de la noche, pueden cobrar mayor significado si quienes producen los alimentos reciben por su labor un ingreso equivalente al esfuerzo, para llegar a ese ideal es preciso abordar dificultades que aún hoy siguen siendo retos y que van alejando a las juventudes de la ruralidad.
Esta es una problemática que demanda atención prioritaria, en especial si se pone en consideración que es la Agricultura Campesina Familiar Étnica y Comunitaria (ACFEC) la que provee un 70 % de los alimentos en el país. De acuerdo con un estudio del Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural (Rimsip), se estima que la población rural juvenil se reducirá al menos un 20% para 2050; ¿el principal motivo?, la falta de oportunidades como el limitado acceso a la tierra o a tecnologías y mercados.
Frente a esta situación, una de las acciones desarrolladas por el DRET vinculó el trabajo con la Mesa de Empleabilidad y Emprendimiento Juvenil Rural (MEEJR). En esta instancia, integrada por más de 5 mil jóvenes, se abordaron estrategias para ampliar el servicio público de extensión agropecuaria, la educación rural, la innovación y la tecnología en favor de la efectividad de los sistemas agroalimentarios para buscar un avance en paralelo que permita una mejor producción, respetuosa del medioambiente, los recursos naturales y los ecosistemas.
Dichas conversaciones pasan a ser realidad, entre otros, como en el caso del Esquema de Pago por el Servicio Ambiental de Regulación Hídrica de la cuenca abastecedora del río Riofrío, Valle del Cauca, donde jóvenes lideran un proceso de compensación por conservar la biodiversidad y ecosistemas, con un principio básico del cuidado de un territorio de tradición ancestral y con un sello de identidad cultural que les impulsa a cuidar el presente para conservar el futuro.
En la misma línea ambiental desde la AICS se considera prioritario el poder integrar la sostenibilidad en las decisiones productivas. Aunque persisten tensiones entre producción agrícola y conservación, se ha demostrado, de la mano de socios locales, que es posible implementar modelos de paisajes productivos sostenibles basados en la bioeconomía, la agroecología y economía circular. “Es lo que estamos realizando en la región central RAPE, observando que es necesaria una mayor inversión en educación, investigación, infraestructura verde y tecnología adaptada” señalo Luca De Paoli.
Tras cuatro años de implementación, el programa DRET II reafirma que sí es posible avanzar hacia la sostenibilidad ambiental, económica y social del campo y los sistemas agroalimentarios cuando la voluntad, la solidaridad y la integración de agendas y actores se hacen presentes.