Un pescador artesanal wayuu —apaalanchi, como se les conoce en su cultura— inicia su jornada en las aguas del Caribe, en La Guajira, cuando cae el atardecer. “Desde niños, aprendemos a organizar las redes y a trazar las rutas para ir a buscar el alimento”, cuenta Aaron Laguna Barliza, indígena wayuu del Cabo de la Vela, en el extremo norte del país. En medio de la oscuridad, se ubican en el mar como si llevaran un GPS. “Es parte de nuestro territorio, como si fuera un barrio. Así lo recorremos nosotros”, añade Barliza.
Las zonas de pesca se van moviendo a lo largo del año, dependiendo de la temporada de reproducción de cada especie. “Hay épocas de subienda de pargo, otras de langosta o de carite (pez sierra)”, explica el pescador, que echa de menos algunas especies que eran usuales en las aguas de su comunidad hace 20 años, como el cazón de aleta negra o el pez martillo. Sus faenas, que terminan al amanecer, luego de 12 horas navegando, son cada vez menos abundantes. “El calentamiento del mar y la pesca industrial han ahuyentado a muchos animales”, señala.
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Aunque los pesqueros industriales se fueron de las zonas en las que Barliza pesca con su familia cuando dejó de ser rentable la actividad, ahora los apaalanchi tienen otra preocupación, cuenta Barliza: desde hace cuatro años se habla del potencial que tienen los vientos guajiros para generar energía utilizando aerogeneradores, ya no en tierra, sino en el mar. Como los vientos soplan más fuerte antes de llegar a la costa, el Ministerio de Minas y Energía estableció en 2022, en la Hoja de Ruta para el despliegue de la energía eólica costa afuera, que la costa Caribe colombiana tiene un amplio potencial para el desarrollo de este tipo de energía.
Para hacerse a una idea, ese documento estima que podrían generarse aproximadamente 50 gigavatios de energía utilizando turbinas eólicas en el mar. Eso es más del doble de la energía eléctrica que hoy produce todo el país y al menos 35 de esos gigavatios se encuentran en aguas de La Guajira.
Tras conocer ese potencial, Colombia lanzó la primera ronda para empezar a asignar las áreas en las que podrían instalarse proyectos eólicos costa afuera y ocho empresas manifestaron su interés en participar de ese proceso. Hoy, solo una de esas empresas decidió presentar una oferta para hacer la exploración inicial en una de las áreas definidas por el Estado, convirtiendo a Colombia en el país de América Latina que más se ha acercado a la generación de energía eólica en el mar.
El 30 de junio, además, el Ministerio de Ambiente publicó los términos de referencia que deberán tener en cuenta esa empresa, y otras que quieran desarrollar proyectos en el futuro, para solicitar la licencia ambiental de estos parques eólicos. Esa entidad ya había publicado un borrador de ese documento a inicios de 2025 y, tras recibir varias críticas, estuvo varios meses ajustando los requisitos ambientales para producir energía eólica costa afuera en el país.
El nuevo documento aplicó varias de las recomendaciones que hicieron expertas del sector, y que recopilamos en un artículo publicado hace poco más de un año. Aunque contar con esta norma “es un paso muy positivo, aún faltan otros elementos del marco regulatorio ambiental” para desarrollar la energía eólica costa afuera en Colombia, aseguran desde la Asociación de Energía Eólica Marina de Colombia.
Los retos de poner turbinas en el mar
Una de las críticas que tuvieron Joanna Barney, investigadora de Indepaz, y Margarita Nieves, PhD en derecho y directora de la Asociación de Energía Eólica Marina de Colombia, frente al borrador que publicó el Minambiente hace más de un año, era que tenía varios vacíos frente a los posibles impactos ambientales de los proyectos eólicos costa afuera, y dedicaba parte importante del documento a impactos que correspondían a otro tipo de proyectos, como la explotación de gas costa afuera. Por ejemplo, varias páginas hablaban de lineamientos para los vertimientos y el tratamiento de aguas residuales, algo propio de los proyectos de hidrocarburos, pero no de energía eólica, mientras que dedicaba muy poco a la medición y mitigación de impactos en la acústica marina, que sí ocurren en la eólica costa afuera.
El nuevo documento publicado por la cartera ambiental incorpora, por ejemplo, el requisito de hacer estudios detallados de la acústica marina para identificar los impactos que tendrán la construcción y el funcionamiento de los aerogeneradores en los ecosistemas marinos. “Entre ellos se incluyen áreas de pesca, infraestructura social, económica, cultural o recreativa, zonas turísticas y áreas naturales protegidas, en concordancia con la caracterización del medio socioeconómico; así como Áreas Marinas Protegidas (AMP), rutas migratorias y zonas de avistamiento o registros de presencia de mamíferos marinos, tortugas marinas y especies de peces”, explican dentro de los lineamientos.
Los términos de referencia también incluyen cambios que piden tener en cuenta las visiones de las comunidades, como la de Aaron Laguna Barliza en La Guajira, sobre sus territorios y la relación que tienen con el mar. También se establecen obligaciones para los proyectos más allá de su infraestructura en el agua, pidiendo que midan y mitiguen sus impactos en tierra, por donde pasan sus puntos de conexión para llevar la energía al resto del país.
Otro punto clave está en lo que pasará con los parques eólicos en el mar una vez cumplan su vida útil, que se estima que será de 30 años. Sobre esto, la norma publicada por el Minambiente pide a las empresas que, desde el inicio, establezcan cómo se hará el cierre de los proyectos, el desmantelamiento de la infraestructura y el cuidado de los ecosistemas artificiales que podrían crearse durante los años en los que funcionen los aerogeneradores.
Nieves, quien también es autora principal de un documento de recomendaciones de política pública elaborado por la Asociación de Energía Eólica Marina de Colombia, explica que si bien el documento publicado por el Minambiente “incluye requerimientos generales sobre el desmantelamiento de los proyectos de eólica marina, nuestro reporte identifica que aún existen vacíos regulatorios en esta materia. En particular, se requieren normas o lineamientos técnicos más detallados sobre aspectos como los estándares de remoción de la infraestructura, los criterios para determinar cuándo procede la remoción total o parcial de elementos como cimentaciones y cables submarinos, la restauración ambiental del sitio y el monitoreo posterior al desmantelamiento”.
Un referente clave, menciona la abogada, es el del Reino Unido, que tiene una guía detallada para la planificación y ejecución del desmantelamiento de un parque eólico costa afuera, en la que se explica cómo se debe gestionar cada componente y residuo producto de la operación del proyecto. Por ejemplo, en la cimentación submarina, en donde pueden formarse ecosistemas artificiales, se necesitan evaluaciones para definir si debe removerse la cimentación total o parcialmente, o si debe mantenerse para proteger a las especies que la habitan.
“Este tipo de lineamientos proporciona mayor certeza técnica y jurídica tanto para las autoridades como para los desarrolladores y constituye un referente valioso para el fortalecimiento del marco regulatorio colombiano. Una guía como esa no existe aún en Colombia, por eso los términos de referencia son un primer paso, pero los vacíos regulatorios persisten”, señala Nieves.
Los territorios en los que se desarrollará la energía eólica marina
Aunque Colombia impulsó desde 2022 la designación de áreas para el desarrollo de la energía eólica costa afuera, fue apenas hasta 2024 que empezaron a conocerse los primeros borradores con los lineamientos ambientales para este tipo de proyectos. En palabras de Weildler Guerra, antropólogo wayuu, el proceso se ha hecho “al revés, porque no ha habido un ordenamiento territorial de la transición energética”.
Se refiere, por ejemplo, a que las regiones con mayor potencial de vientos en La Guajira también albergan Sawäirü, un área protegida marina de 67.000 hectáreas, que abarca parte del Cabo de la Vela. “No todo el territorio indígena tiene las condiciones para la energía eólica marina. No digo condiciones técnicas, sino sociales o ambientales”, apunta Guerra.
Esa también es una de las recomendaciones que hace Nieves, quien asegura que el país “no cuenta con legislación ni regulación sobre evaluación ambiental estratégica, instrumento ampliamente utilizado en Europa y Estados Unidos que permite evaluar los impactos ambientales de un programa de eólica marina y otro tipo de infraestructuras en el mar, antes de asignar áreas a proyectos individuales, identificar zonas sensibles, excluir áreas protegidas y gestionar impactos acumulativos de múltiples parques desde el inicio”.
Desde La Guajira, Barliza pide que se tenga en cuenta que comunidades como la suya dependen de la pesca y del turismo que hay alrededor del mar. Además, que su relación con el agua no es solo económica, sino cultural. “Que nos cuenten claramente cuáles van a ser las condiciones, qué impactos va a tener para nosotros. Y si va a afectar nuestra seguridad alimentaria, que no se hagan en nuestro territorio”, concluye el pescador.
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