En la mañana de este miércoles, 19 de agosto, el Ministerio de Ambiente, liderado por Fabio Arjona, revocó la resolución mediante la cual se había declarado la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo ‘La Baja’, ubicada por fuera del páramo de Santurbán.
Con esta decisión, se revocó una de las tres delimitaciones del páramo Santurbán que había dejado el gobierno de Gustavo Petro, y quedan sin vigencia los efectos sobre las 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, y el trámite para su delimitación deberá surtir un nuevo proceso de consulta pública.
En contexto: Santurbán, vuelve y juega: ¿Qué pasará con su delimitación ahora que hay nuevo Gobierno?
Según afirmó el actual Minambiente, “la decisión, ratificada en la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, responde a la necesidad de corregir las irregularidades identificadas en el trámite y cumplir las órdenes impartidas por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que dispuso reiniciar el proceso para garantizar su validez, transparencia y participación ciudadana. El fallo judicial también ordenó dejar sin efectos la consulta pública adelantada en el marco de ese trámite al identificar la posible vulneración de tres derechos fundamentales de los habitantes de California (Santander)”.
En ese sentido, la cartera de Ambiente aseguró que la anterior resolución fue emitida a pesar de haber una tutela admitida en curso por posible vulneración de derechos y mientras se encontraba pendiente una recusación contra la entonces ministra encargada, Irene Vélez.
Según precisó el Ministerio, por el momento se adelantará una nueva evaluación técnica y jurídica integral sobre la protección del área. “La revocatoria no constituye un pronunciamiento en contra de los fundamentos técnicos, científicos o ambientales que dieron origen a la iniciativa de protección de la microcuenca de la quebrada La Baja. Se trata de una decisión orientada a garantizar que el proceso se adelante bajo las condiciones legales y procedimentales exigidas”, indicó la cartera, a través de un comunicado.
Cabe recordar que Santurbán es una fuente hídrica estratégica para más de 2,5 millones de personas en Santander y Norte de Santander y constituye uno de los territorios fundamentales para la protección del agua y la biodiversidad del país.
La decisión fue criticada por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, quien aseguró en redes sociales que “no pasó ni un mes y el gobierno de Abelardo de la Espriella empezó a desmontar las medidas que protegen Santurbán. Mientras el país enfrenta la emergencia por el terremoto, el Minambiente aprovechó para tumbar la primera resolución que prohíbe el proyecto Soto Norte de la multinacional minera Aris Mining en Santurbán”.
Uno de los puntos claves para entender esta discusión es que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-361 de 2017, ordenó al Ministerio de Ambiente hacer una nueva delimitación de Santurbán, después de considerar que la expedida en 2014 vulneró el derecho a la participación de las comunidades afectadas.
Precisamente, para garantizar ese derecho, la Corte ordenó que el nuevo proceso debía involucrar no solo a los municipios con territorio dentro del área de influencia del páramo, sino también a aquellos que se benefician de sus servicios ecosistémicos, como el abastecimiento de agua. Por esa razón, Bucaramanga y su área metropolitana participan en las mesas de concertación, que se deben desarrollar en 40 municipios: 27 de Norte de Santander y 13 de Santander.
La propuesta del Ministerio de Ambiente, durante el Gobierno de Gustavo, se dio a conocer el 15 de julio. En el documento se explica que la delimitación se basa en el área de referencia elaborada por el Instituto Humboldt, en los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales correspondientes y en la comprensión integral del complejo ecosistémico.
Esa área de referencia fue hecha en 2014 por el Humboldt y abarcaba 135.253 hectáreas, un área casi nueve veces más grande que Bucaramanga, y que quedó establecida en la Resolución 2090 de 2014. Esa delimitación definía qué zonas quedaban protegidas y cuáles podrían destinarse a otras actividades, como la minería. Pero, esa es la propuesta que fue demandada por un grupo de personas, entre ellas representantes del Comité para la Defensa del Páramo, quienes alegaron que se vulneraron los derechos al debido proceso, acceso a la información, petición y participación ambiental.
La Corte les dio la razón y dejó sin efecto la Resolución 2090. Sin embargo, como eso podía dejar un vacío en la protección del ecosistema, el Tribunal Administrativo de Santander emitió un auto en septiembre de 2018 donde señalaba que la delimitación de 2014 debía conservar su vigencia hasta que el Ministerio de Ambiente expidiera y publicara una nueva.
Mientras eso ocurría, en 2019, el Instituto Humboldt actualizó la información técnica y la zona de páramo pasó a tener 138.699 hectáreas, es decir, 3.445 ha (2.48 %) más que en 2014. Esta nueva área de referencia, y la de 2014, son las que se están teniendo en cuenta en el proceso de delimitación actual.
Acá puede leer la resolución completa:
🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜
