Hace casi seis meses, el 25 de junio de 2021, el representante de una pequeña isla del Pacífico llamada Nauru captó la atención de todo el mundo. Ante la Autoridad Internacional de Fondos Marinos (ISA, por su sigla en inglés), cuya sede se encuentra en Kingston (Jamaica), notificó que su estado insular tenía la firme intención de empezar a extraer minerales del fondo marino para 2023. El anuncio podría cambiar el futuro de los fondos marinos del planeta, pues puso un ultimátum las negociaciones alrededor de la minería en aguas profundas que se adelantaban desde hace siete años, pero que seguían estancadas. (Lea: Los impactos que deja la minería en los fondos marinos)
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El fondo marino tiene una gran cantidad de minerales, como magnesio, níquel, cobalto, cinc y hierro, que se han formado durante millones de años. Aunque desde hace tiempo estos recursos han sido extraídos de la tierra, en las últimas décadas se ha impulsado más que nunca la exploración submarina. Las empresas mineras aseguran que estos minerales de los fondos marinos son esenciales para asegurar el éxito de la transición energética, pues la descarbonización requiere baterías, turbinas eólicas o paneles solares para los que son necesarios estos materiales. El problema es que, hasta ahora, no existe un marco internacional claro que evite los impactos ambientales y sociales de esta práctica. El consejo de la ISA, que es un cuerpo creado por la ONU para supervisar el fondo de los océanos, había acordado finalizar las regulaciones de la minería para 2020. Pero el plan fue postergado por la pandemia.
Nauru, que está asociada a una empresa minera llamada DeepGreen, apeló a la letra pequeña de un tratado internacional: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. En pocas palabras, aseguraba que si la ISA no lograba establecer las reglas para la minería en fondos marinos dentro de los próximos dos años, la isla actuaría por su cuenta y, con un permiso provisional, permitiría que DeepGreen empezara a hacer minería en Clarion Clipperton. La medida abriría la puerta a que después cualquier otro país o compañía pudiera hacerlo.
La zona de Clarion Clipperton está en el Pacífico norte, entre Hawái y México, y se extiende por 4,5 millones de kilómetros cuadrados (el doble del territorio de México). Es conocida internacionalmente porque en el fondo marino contiene millones de toneladas de magnesio, níquel, cobre y cobalto, y, según Sandor Muslow, exjefe de la Oficina de Manejo Ambiental y Recursos Minerales de la ISA, tiene 17 contratos de exploración minera de hasta 75.000 kilómetros cuadrados cada uno.
Semanas de negociaciones sobre la minería submarina
Desde la semana pasada, y hasta el 15 de diciembre, tiene lugar en Kingston la segunda parte de la 26ª sesión del Consejo de la ISA en la que avanzan las negociaciones con el fin de establecer una hoja de ruta para regular la minería en los océanos. Según informó el secretario general de la ISA, Michael Lodge, la toma de decisiones está centrada, entre otras cosas, en “proporcionar las reglamentaciones necesarias para que los Estados puedan ejercer sus derechos en virtud de la Convemar, incluido el derecho a patrocinar actividades en la zona y a utilizar los recursos minerales”. (Puede leer: ¿Por qué Greenpeace lanza rocas gigantes al mar?)
Sin embargo, los gobiernos de Alemania, Bélgica, Costa Rica, Chile, Rusia, Ghana y China se opusieron por medio de una declaración a las “regulaciones apresuradas basadas en una fecha límite no vinculante e impuesta por la industria”. En este sentido, rechazaron el llamado a adoptar regulaciones para la minería en aguas profundas para 2023.
Hasta el momento, la ISA ha concedido 31 contratos de exploración que cubren unos 1,3 millones de kilómetros cuadrados del lecho marino e involucran a 22 países. El objetivo es ahora completar un conjunto de normas para la fase de explotación, con el fin de que puedan comenzar las operaciones comerciales.
Los reparos de la minería en el fondo del mar
El océano y sus ecosistemas proporcionan innumerables e importantes beneficios para las personas y las economías de todo el mundo, incluidos los alimentos, los medios de vida, la generación de ingresos y la regulación del clima. Además, es parte integral de la cultura y el bienestar de las comunidades costeras. El fondo marino es parte del patrimonio común de la humanidad. Pero las presiones sobre ellos han ido en aumento. El cambio climático, la sobrepesca y la contaminación son algunas ellas, a las que podría sumarse la minería en aguas profundas.
De las profundidades marinas se conoce muy poco. Aún no hay información científica suficiente sobre la biología, la ecología y la conectividad de especies y ecosistemas. Sin esa información, los riesgos potenciales de la minería en los fondos tampoco pueden comprenderse completamente. Investigadores consideran que la recuperación del hábitat tomaría décadas a siglos y que, en algunos casos, los daños podrían ser irreversibles debido a que ciertos entornos son únicos. (Le puede interesar: Hallan plástico al interior de tortugas marinas)
Por eso, un grupo cada vez más grande de científicos y sociedad civil están llamando a una “Moratoria en la minería de fondo marino”. Aseguran que las regulaciones mineras están siendo desarrolladas sin conocer completamente los riesgos. Entre sus mayores preocupaciones está la pérdida de especies y poblaciones únicas, la destrucción del hábitat del lecho marino, la producción de grandes columnas de sedimentos y la liberación de metales, toxinas y toneladas de carbono que habían sido almacenadas en las profundidades del océano.
“Que esta minería se haga en lugares tan remotos, a más de 200 metros de profundidad, impide que la gente pueda conocer y ver realmente sus impactos. Así nadie puede quejarse”, asegura Sandor Muslow, geólogo marino y profesor de la Universidad Austral de Chile, quien entre 2013 y 2019 se desempeñó como jefe de la Oficina de Manejo Ambiental y Recursos Minerales de la ISA.
Esta, afirma, está encargada de asegurar la protección de los océanos. Sin embargo, sus intereses actuales no pueden estar más distantes de eso. “La autoridad tiene dos mandatos que se contradicen. Por un lado, los artículos 136 y 145 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar (Convemar) aseguran que los océanos son patrimonio de la humanidad. Pero, por otro lado, los artículos 150, 151 y 152 se enfocan en la producción, explotación y beneficios que se puedan sacar”, explica. Además, al ser una autoridad independiente, la ISA no debe rendir cuentas ante la ONU.
Un informe publicado en febrero de este año por el Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF) destaca que los ecosistemas marinos están conectados y muchas especies son migratorias, por lo que la minería de los fondos marinos no puede ocurrir de forma aislada y las perturbaciones pueden cruzar fácilmente los límites jurisdiccionales. Asimismo, los efectos negativos sobre las pesquerías mundiales amenazarían la principal fuente de proteínas de alrededor de mil millones de personas y los medios de vida de aproximadamente 200 millones de personas, muchas de ellas en comunidades costeras pobres.
La Coalición para la Conservación de las Profundidades Oceánicas, una alianza de más de 80 organizaciones que opera desde 2004 y cuyo objetivo es la protección de las profundidades marinas, cuestionó que la propuesta planteada por la autoridad establezca que la forma de vigilancia ambiental dependa de la misma ISA o de los contratistas. Piden que una revisión y asesoramiento científico independiente sea fundamental para todos los documentos ambientales, en especial, para las evaluaciones de impacto ambiental sobre la minería de fondos marinos.
Incluso, grandes empresas que utilizan estos materiales para vehículos eléctricos, baterías y aparatos electrónicos informaron que no usarían en sus equipos minerales provenientes del fondo marino. Entre ellas se encuentran BMW, Volvo, Samsung, Phillips y Google. (Lea también: Gobierno de Brasil promete detener balsas de minería ilegal en río de Amazonía)
Pero la urgencia de dar solución al cuello de botella ha sido evidente. El pasado 3 de diciembre la ISA anunció que había ampliado el plazo para encontrar un consultor legal para identificar, preparar, revisar y brindar asesoramiento sobre las normas y directrices con el fin de finalizar el proyecto de reglamento sobre explotación de recursos minerales del área internacional de fondos marinos. Según indicó, las normas y directrices, que incluyen potencialmente 23 normas, deberán completarse “antes de que la ISA reciba la primera solicitud de un plan de trabajo para la explotación en la zona”, aseguraron.
