En febrero de 2021, el Grupo Prodeco, un conjunto de empresas de la multinacional suiza Glencore, anunció, de manera inesperada, que terminaría su operación en dos minas de carbón en Cesar que llevaba explotando por más de 20 años. La decisión tomó por sorpresa a los más de 6.000 trabajadores, entre directos e indirectos, al municipio de la Jagua de Ibirico, donde el 67 % del PIB territorial depende de este mineral e, incluso, al Estado colombiano que no tenía una hoja de ruta clara para este tipo de eventos.
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A poco más de 1.000 kilómetros al sur, los habitantes de Putumayo también han visto como una de sus actividades económicas principales, la explotación de petróleo, ha disminuido. Aunque no de manera tan abrupta como en Cesar, la producción de petróleo disminuyó un 47,3 % entre 2015 y 2024, y podría ser del 66,5 % para 2030. Los ingresos petroleros para la región, según un análisis del Departamento Nacional de Planeación (DNP), podrían caer un 57 %.
Ambos casos, dice Ana Carolina González, directora Sénior de Programas del Natural Resource Governance Institute (NRGI), sirven para plantear una discusión que poco se ha dado en Colombia y el mundo: cómo planear la transición energética justa en países productores de petróleo y, sobre todo, en las regiones que dependen en gran medida de los ingresos de estas actividades, como Putumayo.
“En países como Colombia, que son dependientes de las exportaciones de petróleo, donde también juegan un rol muy importante para los ingresos públicos y especialmente para las economías de esos territorios productivos, tenemos que ser capaces de planear los escenarios de la transición energética”, agrega González.
En el marco de la COP30 de cambio climático, que se celebra en Belém (Brasil), y donde dos de las discusiones más agitadas giran en torno a cómo alejarnos de los combustibles fósiles y cómo acelerar la transición energética justa, González presentó una investigación en la que analiza la transición energética en regiones de seis países productores de petróleo del Sur Global: Colombia, Ghana, México, Nigeria, Perú y Túnez.
Si bien alerta que este ha sido un tema ausente en las negociaciones de cambio climático y en las discusiones a nivel nacional, también lo ve como una “oportunidad para pensar que estamos en el momento adecuado para empezar a planear transiciones, que no solo son energéticas, sino económicas y sociales, y que no toman uno, dos o tres años, sino décadas”.
La transición: una cuestión de oferta y demanda
Además de los compromisos internacionales que nos han llevado a hablar de la transición energética, como los que se han logrado en el marco de las COP de cambio climático, González cree que hay un argumento clave para hablar de transición energética en países productores de petróleo que se suele pasar por alto: organizaciones como la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estiman que, si seguimos con las políticas actuales, estaríamos enfrentando un pico en la demanda de petróleo para finales de esta década.
De hecho, agrega la experta de NRGI, en países como Colombia el declive en la explotación de petróleo ya es estructural. Mientras el país sacaba 1 millón de barriles diarios en 2015, actualmente produce 750.000 y, para 2030, podrían ser 500.000. En ese sentido, apunta González, la transición no debe hacerse solo para contribuir al cambio climático, “sino que tenemos que hacerla para fortalecer nuestra economía y evitar los riesgos que pueden venir con una caída en la demanda del petróleo”. En 2024, las exportaciones de petróleo representaron el 30 % de las exportaciones del país
A pesar de esta tendencia, el tema de la transición en regiones petroleras ha estado muy ausente de los debates en las COP de cambio climático y a nivel nacional, dice González. Su reporte, realizado en conjunto con su colega Razaan Bailey, busca poner sobre la mesa esta discusión. Tras analizar los seis países mencionados, González y Bailey identificaron cuatro riesgos a los que están expuestas estas regiones y plantearon cuatro recomendaciones al respecto.
Aunque la experta advierte que cada caso tiene sus particularidades, es posible también encontrar puntos comunes. El primero de ellos, tiene que ver con la afectación a las rentas públicas locales. Otro ejemplo, además del de Putumayo, para evidenciar este punto, son los estados del delta del Níger, en Nigeria. De acuerdo con la investigación, entre el 55 % y el 92 % del presupuesto de estos estados se financiaba con ingresos del petróleo y derivados. Cuando los precios del crudo caen, los estados enfrentan graves déficits fiscales, impidiendo el pago de salarios públicos, recortes en servicios esenciales y estancamiento del desarrollo de infraestructura.
El segundo riesgo está relacionado con el tema de los empleos. Si bien la industria petrolera no es una gran fuente de empleo a nivel nacional, asegura González, sí lo es a nivel local. Un tercer punto resalta la brecha que existe en términos de definir cuáles son los estándares para una salida responsable de la industria. Y, finalmente, “hay una brecha en todos los casos de participación ciudadana. La gente no sabe qué está pasando, no tiene acceso a información de cómo las empresas piensan salir del territorio y de lo que puede pasar”, señala González.
Con ese panorama claro, las autoras de la investigación plantean cuatro recomendaciones, una por cada punto. En primer lugar, los gobiernos locales deberían fortalecer su resiliencia fiscal con el apoyo de los gobiernos nacionales y la comunidad internacional. Esto lo pueden hacer a través de la planificación de escenarios fiscales (reconocer y evaluar los riesgos), gestionando de manera prudente los ingresos, aumentando la transparencia sobre el presupuesto público e identificando fuentes alternativas de ingresos públicos.
Justamente, promover la diversificación sostenible e inclusiva de las economías locales es la segunda recomendación. Esto, dicen, se puede lograr a través de empleos verdes (pasando los trabajadores de la industrial del petróleo a la de energías renovables) y asegurándose de que las empresas petroleras nacionales, como Ecopetrol, definan planes de transición justa.
Un tercer punto está relacionado con la prevención de los pasivos sociales y ambientales, que son los impactos que no tienen una gestión clara o un plan de recuperación tras la salida de las actividades extractivas. “Los gobiernos nacionales, las empresas (incluidas las empresas petroleras nacionales) y los inversionistas privados deben establecer y hacer cumplir los requisitos para una salida responsable de los países y regiones productoras de petróleo. Una salida responsable es una obligación tanto para las instituciones estatales como para las del sector privado”, apuntan las investigadoras.
Finalmente, se requiere de mayor apoyo a los trabajadores formales e informales, mujeres, jóvenes y comunidades locales, para que cuenten con las habilidades y los recursos técnicos y financieros para prosperar en el proceso de transición. Esto implica, dicen González y Bailey, “no solo garantizar que se beneficien de las políticas de transición, sino también que dispongan de los recursos y los espacios necesarios para ser agentes del cambio”.
¿Cómo está el panorama en Colombia?
Lo primero que reconoce González es que el país ha dado un paso muy importante en poner el tema de la transición energética justa sobre la agenda. Sin embargo, sí cree que ha faltado dar un debate más profundo sobre las implicaciones económicas que tendría no transitar hacia energías renovables. “Es un debate que ha estado ausente y que al mismo gobierno le ha faltado dar con más fuerza”, opina la experta de NRGI.
A pesar de que también celebra que haya iniciativas puntuales para transiciones en regiones que explotan o explotaron carbón, advierte que “no existe en este momento ninguna política pública que diga cómo se va a hacer la transición más allá de los combustibles fósiles en las regiones petroleras”.
Por último, como estas son transformaciones “demasiado profundas: económicas, sociales y casi que culturales, no se pueden hacer a menos que se construyan coaliciones y consensos entre diferentes actores que queden plasmados en políticas públicas que trasciendan los gobiernos de turno”.
Sobre este punto, González considera que todavía nos falta, como país, construir esos consensos “que son necesarios para nuestras economías, pero también para la supervivencia del país”.
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