A través de una carta que envió el Ministerio de Exteriores de Brasil, firmada por otros 16 países, entre estos Colombia, Ecuador, México e Indonesia, las naciones le solicitaron a la Unión Europea reevaluar la ley contra la deforestación y abrir un espacio de diálogo para debatir la norma.
De acuerdo con los países, esta ley, que entró en vigor a finales de junio, afecta a “los pequeños productores, que pueden terminar excluidos de las cadenas de valor internacionales, no porque hayan deforestado sus tierras, sino por su incapacidad para cumplir con los estrictos requisitos impuestos”, dice la carta. (Lea: Impulsar la ciencia e innovación, la clave para que Colombia sea potencia en bioeconomía)
Los países firmantes le solicitaron a los altos mandatarios de la Unión Europea que corrijan la ley o que traten de mitigar sus impactos negativos. Dicen, además, que la norma tiene un “carácter punitivo y discriminatorio”.
“Esta legislación ignora las circunstancias y capacidades locales, la legislación nacional y los mecanismos de certificación de los países productores en desarrollo, así como sus esfuerzos para combatir la deforestación y los compromisos asumidos en foros multilaterales”, menciona la carta firmada también por Honduras, Paraguay, Perú, Bolivia, Argentina y República Dominicana.
Pero, ¿en qué consiste la ley contra la deforestación? El 19 de abril de este año, la Unión Europea aprobó una ley con la que buscan asegurar que los productos importados por estos países no sean provengan de la deforestación o degradación de los grandes bosques como el de la Amazonía. (Lea: Impulsar la ciencia e innovación, la clave para que Colombia sea potencia en bioeconomía)
Fue hasta el 29 de junio cuando entró en vigor la ley, que preocupaba desde antes a los países exportadores. La razón es que los productos del sector del cacao, el café, la madera, el aceite de palma, la soya y el ganado, así como sus derivados (cuero, chocolate, muebles, entre otros), deben demostrar la diligencia debida y certificar que sus productos o insumos no vienen de tierras deforestadas.
Desde la implementación la ley, una comisión elaborará una clasificación de los países de origen de los productos según presenten un riesgo bajo, medio o alto, que determinará la frecuencia de los controles. Para esto tienen un plazo de 18 meses.
