La Contraloría General de la Nación alertó este viernes 27 de febrero que la actual estrategia nacional de financiamiento climático del Gobierno Nacional no estaría siendo eficaz y que presentaría “serias limitaciones en el rastreo y monitoreo de recursos privados e internacionales”.
El ente de control se refiere a la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático que el Gobierno de Gustavo Petro actualizó en 2022, en un documento lanzado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). El rol de este plan es aumentar el movimiento de recursos para cumplir con las metas climáticas del país.
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Sin embargo, según el estudio de la Contraloría a la estrategia entre 2022 y 2023, se encontró que, si bien se logró aumentar la movilización de recursos públicos para enfrentar el cambio climático, existen limitaciones significativas en el rastreo y monitoreo de las fuentes privadas e internacionales.
“Esta falta de seguimiento impide evaluar con precisión la eficacia de la estrategia y determinar si realmente se ha avanzado en el cierre de la brecha de financiamiento climático, ya que no fue posible estimar adecuadamente las necesidades de recursos en los años analizados”, indicó el ente de control, a través de un comunicado.
Uno de los puntos sobre los que alerta la Contraloría es que la información disponible no permite establecer de manera clara el cierre de las brechas de financiamiento. Para esto, el informe pone en la mesa algunas cifras de cómo se han movilizado estos recursos en los últimos años. Se estima, por ejemplo, que en los años 2022 y 2023, el país recibió COP 2.0 billones de fuentes internacionales para el financiamiento climático. Para ponerlo en perspectiva, en los últimos 10 años se han movilizado 24 billones de pesos para la acción climática en Colombia.
Además, las cifras apuntan a que en 2022 se destinaron COP 3.798,9 miles de millones (0,26 % del PIB) y en 2023 COP 5.224,3 miles de millones (0,33 % del PIB), ambos por encima del promedio histórico de 0,16 % del PIB.
“Sin embargo, este crecimiento no permite concluir que la brecha de financiamiento haya disminuido, pues no fue posible estimar las necesidades de financiamiento para dichos años”, advierte el ente de control.
En concreto, frente a los recursos internacionales, la Contraloría señala que no se están contabilizando ciertos instrumentos como créditos, donaciones en especie y asistencia técnica.
“Específicamente, el sistema no captura la contribución financiera del sector bancario, el sector asegurador, los mercados de carbono, el sector empresarial y las organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta omisión dificulta el seguimiento y la posibilidad de determinar con precisión el aporte real de las fuentes privadas al cierre de la brecha”, concluye la Contraloría.
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