La Contraloría General emitió recientemente una alerta dirigida a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente sobre la obra del Canal del Dique, uno de los proyectos fluviales más importantes que se adelantan actualmente en Colombia.
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La obra busca brindar una solución a las inundaciones recurrentes que afectan a las comunidades de 19 municipios del Caribe. Para ello, se tiene previsto invertir $3,25 billones en un canal de 116 kilómetros de longitud entre Calamar (Bolívar) y la bahía de Cartagena. El proyecto incluye esclusas y compuertas para controlar el ingreso de caudales y sedimentos.
Aunque este tema es de vieja data, volvió a tomar relevancia nuevamente por unas declaraciones del presidente Gustavo Petro durante un Consejo de Ministros. En su intervención, el mandatario afirmó que la expansión del Canal del Dique permitiría “echar el agua sucia del río Magdalena que trae el río Bogotá al Golfo de Morrosquillo, donde viven los negros, y se limpia la bahía de Cartagena”. Luego le señaló a la ministra de Ambiente, Lena Estrada, que de esta forma “se limpia la bahía de Cartagena, linda, donde viven los más ricos del mundo”.
Días después de las declaraciones, por medio de una alerta, la Contraloría advirtió que frenar esta obra sería un “error histórico”, debido a su impacto ambiental, social y económico. En la alerta, la entidad destacó que el proyecto va mucho más allá de la descontaminación de la bahía de Cartagena y contó que esta obra tiene 10 beneficios.
Uno de ellos, añadió el ente de control, es la regulación activa del ingreso de caudales al sistema del Canal del Dique. También está el control de tránsito de sedimentos entre el Canal del Dique y las Bahías de Cartagena y Barbacoas; el de las inundaciones y niveles de agua; y el del avance de la intrusión salina sobre las aguas dulces.
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Además, la Contraloría subrayó que el proyecto podría generar condiciones favorables para enfrentar el cambio climático; mejorar la conectividad entre ciénagas y entre estas y el canal; y contribuir a la restauración de ecosistemas clave como el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, y las rondas de cuerpos de agua en la región.
Con esta obra también se busca, en opinión del ente de control, garantizar el acceso al recurso hídrico para agua potable, riego, pesca, ganadería y otros usos, así como mejorar la navegabilidad del canal, lo cual favorecería la economía local.
En cuanto a la suspensión del cobro de valorización ordenada por la Corte Constitucional, la Contraloría reiteró su respeto por las decisiones del Gobierno Nacional, pero recordó que, si se ratifica la medida, deberá cumplirse con lo establecido en la Ley 1819 de 2016, el Decreto 1618 de 2023 y demás normas vigentes aplicables.
De acuerdo con el cronograma, las obras comenzarían en 2029 y finalizarían en 2037, con el objetivo de recuperar el Canal del Dique a lo largo de 115,5 kilómetros del río Magdalena. El área de influencia del proyecto abarca 435.000 hectáreas y beneficiaría a 1,5 millones de personas. Se espera la generación de más de 61.000 empleos locales y que la obra esté completamente terminada antes de 2050.
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En abril de este año, se firmó un “otrosí” que extendió la fase de preconstrucción, permitiendo avanzar en los trámites técnicos y jurídicos necesarios, especialmente en lo relacionado con la licencia ambiental. Esta firma aseguró que los $3,2 billones asignados para transformar este corredor estratégico entre Bolívar, Atlántico y Sucre no queden en el limbo.
Cabe recordar que, en noviembre del año pasado, la Contraloría ya había advertido sobre los desafíos que enfrenta la obra, entre ellos, los nuevos requisitos para la licencia ambiental, la inclusión de un protocolo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la recuperación de posibles víctimas de desaparición forzada en la zona, y las consultas previas con comunidades adicionales.
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