Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Tras su posesión presidencial, Abelardo de la Espriella habló de uno de los primeros y más importantes desafíos que tendrá que asumir como jefe de Estado: el fenómeno de El Niño, que implica aumentos de la temperatura del aire, alteraciones en los patrones de lluvia, la reducción de caudales en algunas regiones y una mayor probabilidad de que ocurran incendios forestales. El mandatario afirmó que la situación “no da espera” y que, para superarla, es necesario implementar acciones urgentes.
Según dijo durante su discurso, De la Espriella dio instrucciones para adoptar decisiones regulatorias y de inversión que “recuperen el margen de seguridad, aceleren proyectos estratégicos y eviten la amenaza del racionamiento o apagones”. El presidente anunció que fortalecerá la generación térmica. También aseguró que protegerá los embalses y diversificará la matriz energética para reducir la vulnerabilidad del país frente a las sequías que se avecinan. “Eso es lo responsable con Colombia”, mencionó.
Cabe apuntar que el Ministerio de Ambiente y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmaron la llegada de El Niño el pasado 11 de junio, tres meses antes de lo que se había previsto. Las autoridades también han advertido que, en esta ocasión, podría tratarse de un fenómeno ““muy fuerte”, con alta probabilidad de que se fortalezca durante el segundo semestre de este año.
“De concretarse este escenario, podría configurarse uno de los fenómenos de El Niño más intensos registrados desde 1950”, ha advertido el Minambiente. Además, según el más reciente boletín de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), existe un 97 % de probabilidad de que El Niño persista hasta marzo del próximo año.
Ante ese panorama, poco antes de salir del poder, el gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 0802 del 23 de julio de 2026, con el cual declaró situación de desastre nacional. La medida, adoptada para movilizar recursos frente al fenómeno de El Niño, establece que durante 12 meses habrá un régimen especial para la reducción de riesgos, la atención de emergencias y la recuperación.
Con esa declaratoria, la primera orden que dio el ahora expresidente Petro fue trasladar COP 4 billones del presupuesto nacional a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con miras a tomar medidas preventivas y de atención a posibles desastres. De la Espriella no dio detalles de cuál será su estrategia en ese sentido.
La seguridad energética y el fracking
Sobre lo que sí hizo énfasis el presidente este 7 de agosto fue la seguridad energética. Afirmó que “está convencido” de que se debe avanzar hacia fuentes de energía cada vez más limpias, pero, a sus ojos, esa transición debe hacerse “desde la fortaleza y no desde la debilidad, desde la autosuficiencia y no desde la dependencia”.
Es por ello que De la Espriella impulsará una política de exploración y explotación de hidrocarburos y atraerá nuevamente la inversión de ese sector. “No podemos resignarnos a tener reservas probadas de petróleo para apenas unos años, ni aceptar la caídad de nuestra reserva de gas”, afirmó.
También anunció que autorizará, bajo estándares técnicos y ambientales, el desarrollo del fracking “responsable y sostenible”. Sin embargo, como hemos contado en estas páginas, la intención de fracking ha generado tensiones y cuestionamientos en el sector ambiental, pues implica grandes desafíos debido a su potencial contaminación del agua y el suelo y la sismicidad inducida.
Cuando se reguló la realización de pilotos de fracking en Colombia, durante la presidencia de Iván Duque, varios expertos señalaron que las capacidades del Estado en esa materia eran insuficientes. Carlos Lozano, abogado y miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), dijo hace unas semanas a este diario que eso “no ha cambiado” y que la regulación actual “resulta insuficiente para precisar los requisitos técnicos y ambientales que permitan adoptar medidas de prevención y control sobre los efectos adversos del fracking”.
El abogado subrayó que aprobar proyectos de ese tipo iría en contra del principio constitucional de precaución, que plantea abstenerse de aprobar proyectos con incertidumbre sobre sus impactos, en este caso ambientales, con el fin de prevenir daños. De hecho, a finales de 2020, la Procuraduría General de la Nación determinó que el fracking no es compatible con los principios de precaución y de desarrollo sostenible, por lo cual pidió al Consejo de Estado que declarara nulos el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, los cuales establecieron los criterios y procedimientos para la extracción de recursos mediante ese método.
🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜
