Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Recientemente, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge decretó (CVS) alerta roja por la alta probabilidad de desastres naturales en las cuencas baja y media del río Sinú. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres para que tome acciones para prevenir “sin esperar a que ocurra una tragedia”.
En un comunicado, la Defensoría asegura que en mayo de 2022, en un informe dirigido a las entidades que componen el sistena de prevención, hizo 110 recomendaciones para mitigar y prevenir los riesgos a los que estaban expuestas las comunidades de estas cuencas.
“El informe defensorial emitido por la entidad de derechos humanos en su momento sigue teniendo como propósito esencial visibilizar las problemáticas en materia ambiental, así como aquellas sobre gestión del riesgo, por eventos de inundación y erosión, que constituyen una amenaza y generan afectaciones a las comunidades ribereñas”, explicó la entidad en el comunicado.
Esta alerta pide “soluciones de fondo” para las afectaciones que se presentan como causa de las crecientes e inundaciones durante las temporadas de lluvias en las comunidades que viven en las cuencas baja y media del río Sinú.
“Las intensas lluvias de las últimas semanas han causado que tanto el río Sinú como el San Jorge aumenten su caudal, razón por la que municipios como Tierralta y San Pelayo, en Córdoba, además de su capital Montería, enfrenten mayores amenazas, requiriendo la gestión y articulación institucional para la prevención y atención de posibles emergencias”, indica el comunicado.
Según la Defensoría, ya se están presentando inundaciones en los municipios de Montelíbano, Ayapel, La Apartada y Puerto Libertador en este departamento. En Lórica, otro de los municipios en riesgo, se está evaluando la posibilidad de declarar calamidad pública y se pidió el acompañamiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Gobernación de Córdoba y la CVS.
Las 110 recomendaciones emitidas hace más de dos años por la Defensoría, dice la entidad, contienen acciones para restablecer los derechos de las personas que viven en municipios en riesgo o que ya habían sufrido inundaciones u otros desastres relacionados con el aumento del caudal de los ríos.
“Las autoridades nacionales (ministerios de Ambiente y Vivienda, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y UNGRD), departamentales (Gobernación de Córdoba y la CVS), como también las locales (alcaldías ribereñas), desde sus competencias y con un enfoque transversal, subsidiario y complementario, deben poner en marcha las medidas, planes de preparación y obras necesarias, de acuerdo con la Política nacional para la gestión del riesgo (Ley 1523 de 2012)”, apuntó la Defensoría.
🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜
