¿Alguna vez se ha preguntado cuántos productos plásticos utiliza cada año? En los años 80, la estimación de consumo por persona era de alrededor 7 kilogramos por habitante cada año. Pero, desde entonces esa cifra solo ha ido creciendo. Actualmente, el consumo de las personas que viven en América Latina y el Caribe está en aproximadamente 35 kg anuales, y en algunos países como Brasil y México supera los 40 kg.
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Según datos de Naciones Unidas, cada año se producen en el mundo alrededor de 430 millones de toneladas de plástico. Su producción ha aumentado en los últimos 50 años y se espera que se duplique en los próximos 20 años. Y aunque muchos de estos productos son necesarios, como los que se utilizan en la industria farmacéutica, el problema radica en que la gran mayoría se convierten en desechos que están contaminando los ecosistemas, pues se recicla menos del 20 %. Solo en 2021, se calcula que el mundo generó 139 millones de toneladas métricas de residuos plásticos de un solo uso, (como los pitillos o los vasos desechables), eso equivale a más de 13.700 torres Eiffel.
Este problema es de tal magnitud que se considera como una de las tres crisis que enfrenta el planeta, junto al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Por esto, cada vez es más evidente la necesidad de generar acciones que permitan hacerle frente a la contaminación por plásticos, como el desarrollo de marcos normativos que orienten políticas públicas efectivas en cada país.
Recientemente, la Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA) y Break Free From Plastic, dos organizaciones que han trabajado en la búsqueda de soluciones a esta problemática, lanzaron un informe en el que revisaron las políticas relacionadas con los plásticos en los 34 países de América Latina y el Caribe.
En términos generales, encontraron que hay 23 países de la región que cuentan con legislación nacional específica, otros cuatro países han desarrollado marcos departamentales o estatales significativos, y otros siete aún carecen de regulación.
Estos marcos normativos se han venido registrando desde 2012, cuando Haití se convirtió en el país pionero de la región en prohibir ciertos productos plásticos de un solo uso. Luego Paraguay en 2015 estableció la “Ley Antihule”. Desde entonces más países se han ido sumando, entre ellos Colombia, que en 2022 expidió la Ley Chao Plásticos, la cual entró en vigencia el 7 de julio de 2024 y prohíbe la comercialización, distribución e introducción en el territorio nacional de determinados productos plásticos de un solo uso. Además, establece sanciones que van desde 100 hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes incumplan.
El informe resalta que el 100 % los países del Caribe (14 en total), tienen una legislación nacional respecto a este tema, mientras que en Centroamérica y México está el menor avance; solo Belice, Costa Rica y Panamá tienen un marco normativo frente al uso de plásticos, y en México hay pero a nivel estatal. En el caso de Sudamérica, el alcance es del 50 %.
La mayoría de los países con legislación frente a este tema han emitido cuatro grupos principales restricciones: bolsas plásticas (en 28 países), pajillas o pitillos (22 países), elementos de poliestireno expandido —como el icopor— (18 países) y contenedores de alimentos de plástico de un solo uso (15 países). En Colombia, específicamente, la normativa prohíbe ocho productos: bolsas de punto de pago, de rollo de fruver, empaque de revistas y recibos, bolsas de lavandería, pitillos, mezcladores, soportes plásticos para bombas de inflar y para copitos de algodón.
De la ley a la cotidianidad
Para Felipe Torres, PhD. especialista en prevención de residuos, investigador de la Universidad de São Paulo, y autor del informe, la aprobación de leyes nacionales es solo el primer paso. ¿Qué hace falta ahora? “Implementarlas, fiscalizarlas y ajustarlas para garantizar su efectividad, logrando así que la transición hacia sistemas productivos más sostenibles sea una realidad tangible”, dice.
Por ejemplo en Colombia, aunque ya hay normas, la eficacia general de la ley, dice el informe, se ve potencialmente comprometida porque se permiten “alternativas sostenibles con un enfoque de economía circular”. Esto quiere decir que las empresas tienen permitido evitar la prohibición si demuestran que reciclan el 100 % del plástico de sus productos, o que reciclan el 50% y combinan el 50% restante junto con otros plásticos. “Esta exención sigue enviando una señal equivocada… que podría permitirles seguir produciendo y utilizando plástico de un solo uso en lugar de transformar sus sistemas de empaques por alternativas sostenibles”.
Otro punto que menciona el informe sobre el caso de Colombia, es que “los observadores nacionales lamentan que aún no se hayan adoptado normas técnicas que definan los criterios para que los productos plásticos de un solo uso sean biodegradables y/o compostables en condiciones ambientales naturales, lo que dificulta el proceso de implementación de la ley”.
También se ha criticado, en otras ocasiones, que en la ley colombiana no se haya incluido el icopor utilizado para alimentos, el cual no es reciclable y altamente contaminante. Como contamos en este artículo, la normativa del país establece, de manera muy resumida, que se adelantarían campañas de sensibilización para mejorar las tazas de reciclaje, y la promoción de alternativas sostenibles para su acceso para el público. Organizaciones, como Greenpeace y la Fundación Natura, aseguraban el año pasado que sin el componente educativo y sin la responsabilidad por parte del consumidor no será posible avanzar en la meta de reducir el problema que ha significado los plásticos.
A nivel general, como explicaba Torres, otro de los retos es la fiscalización. Por esto, Alberto Quesada, consultor de políticas en Costa Rica, señala que la sociedad civil tiene un rol fundamental y necesario para acompañar los procesos de implementación. “Quienes están en el día a día actuando como personas consumidoras, tienen la gran posibilidad de ser el termómetro o la principal línea para conocer si se están aplicando o no efectivamente estas normativas. Claro que también los Estados deberían tener mecanismos para que la ciudadanía pueda acceder a reportar, a denunciar o a solicitar información”.
El otro reto, está relacionado con los intereses de las compañías que tienen como objetivo hacer crecer sus operaciones, y con ello “generar grandes cantidades de plásticos de un solo uso”, sostiene Torres, el autor del informe.
La (hasta el momento fallida) oportunidad de un tratado internacional
Así como hay retos, también hay oportunidades. Una de estas es el tratado internacional de plásticos que busca reducir y eliminar progresivamente la contaminación mundial por estos productos. Alrededor de 180 países se han reunido en cinco ocasiones para tratar de construir un acuerdo que tenga principalmente dos características: que sea vinculante, es decir, que las obligaciones que se adoptan allí deben ser cumplidas por los estados ratificantes, y que aborde todo el ciclo de vida de los plásticos, desde su producción hasta su disposición final.
“Si el tratado es vinculante, puede aportar mucho porque habría una armonización y una homogeneización de las reglas. De esa forma podríamos avanzar en dirección a la solución del problema. Pero, si no es vinculante y cada país que quiere se adhiere o no, continuaría de una forma muy parecida a como está hoy”, resalta Torres.
Aunque este tratado venía avanzando a buen ritmo, en las dos últimas reuniones se ha estancado. En agosto de este año, los países se reunieron en Ginebra, Suiza y tras más de 10 días de negociaciones, después de haber aplazado la sesión en diciembre de 2024, no lograron llegar a un acuerdo.
Países como China y Rusia, y otros países petroleros han presionado para no tener un acuerdo con las características principales, pues sus economías dependen en gran parte del crudo que venden a la industria de plásticos para la producción.
