![El lío ambiental que empieza a dejar la exportación de aguacate](https://www.elespectador.com/resizer/v2/J6FT354DSVDZLDKA35OJ3YSOQE.jpg?auth=ba6092f36630512e874b5c38e2756ea6429e2e1a424442dc997ad8b3bb7c0594&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
A principios de este mes llegaron a Corea del Sur las primeras 1,6 toneladas de aguacate Hass colombiano. “Coreanos ya saborean el aguacate Hass colombiano”, fue como compartió el ICA la noticia, celebrando haber entrado al mercado del quinto importador de este producto en el continente asiático. Pero días antes, el 29 de mayo, del escenario que se hablaba era otro. Durante el debate de control político al ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea, que realizó la Comisión Quinta desde Armenia, uno de los dilemas ambientales por el que se le cuestionó, al lado de la apicultura y las pequeñas hidroeléctricas, fue el cultivo de aguacate Hass en la región del Quindío.
Mientras su exportación se ha convertido en una de las nuevas banderas del Gobierno –solo en 2020 salieron del país 77.075 toneladas–, en Antioquia, Caldas y Tolima, donde están el 51 % de las áreas sembradas, crece la preocupación por el deterioro ambiental que pueden generar estos cultivos. Parte de la razón es que se trata de una de las frutas que más consumen agua. La plataforma Water Food Network hizo el ejercicio: mientras para un banano –producto que también se exporta a Asia– se necesitan 160 litros de agua, para un aguacate la cifra aumenta a 227 litros.
Por esto en países como México y Chile se les ha hecho responsables de una escasez de agua. Pero, aunque el ministro Zea afirme que el caso para Colombia no es el mismo, pues los departamentos donde se cultiva el aguacate Hass tienen “alta pluviosidad, permitiendo que su siembra sea con drenajes y no con sistemas de riego”, los conflictos sociales y ambientales van más allá del agua. Las aguacateras, muchas con inversiones extranjeras, se empiezan a ubicar dentro o cerca de zonas de reserva forestal, colindando con páramos y saltándose ciertos permisos ambientales.
Desde Pijao, Quindío, Mónica Flores, embajadora del movimiento CittaSlow, el cual busca implementar el buen vivir, recuerda claramente cómo el aguacate se fue infiltrando en el paisaje de la región. Antes de 1989 la vocación era cafetera, pero con la caída del Pacto Internacional del Café, las personas entraron en quiebra y los gobiernos les sugirieron experimentar con nuevos productos. “Primero fueron los cítricos o la granadilla y después llegó el boom del plátano”. Desde 2016 se empezó a hablar del aguacate y, según se ha podido averiguar a través de derechos de petición, de 230 hectáreas de cultivos de aguacate Hass que había para ese año, se subió a 2.000 hectáreas solo en Pijao para 2020. “Llegaron las empresas foráneas a comprar la tierra y a concentrarla para cultivar el aguacate Hass”.
Aunque sus preocupaciones son varias, como que los campesinos tradicionales han tenido que vender sus tierras y que se está perdiendo la vocación cafetera de la región, la alerta mayor está sobre la finca hacienda Doña Eva, un predio que pertenece a la empresa colombiana Inversiones ASL S.A.S. “Son casi 2.000 hectáreas que están sobre el Distrito Regional de Manejo Integrado, amparadas bajo la ley segunda (que establece Zonas de Reserva Forestal y de Bosques), que tienen palma de cera, en donde se ubican dos ríos, el Azul y el Lejos, y que alcanzan los 2.800 msnm”, asegura. Allí, también cuenta, se está cultivando aguacate Hass, lo que estaría poniendo en riesgo un ecosistema estratégico. “No estamos diciendo que no se siembre aguacate, pero que se haga respetando el uso del suelo y los determinantes ambientales”.
Inversiones ASL S.A.S, por su parte, le explicó a El Espectador que de las 2.433 hectáreas que tiene Doña Eva, solo 680 están dedicadas para “el cultivo de aguacate Hass sostenible”. Las 1.753 restantes son de conservación, distribuidas entre zonas de páramo y subpáramo del Chilí, Zona Integral de Manejo Integrado, rondas hídricas, bosque nativo, relicto y vías. “De acuerdo con lo anterior y tal como lo ha verificado la autoridad ambiental en las diferentes visitas al proyecto, ASL no interviene áreas de páramo. Tampoco tiene previsto desarrollar en el futuro siembra y/o producción de aguacate en dichas áreas”, asegura.
Sin embargo, a la empresa en los últimos dos años sí se le han impuesto dos medidas preventivas por parte de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) por afectar la palma de cera, una especie que está en peligro. Datos dados por Jáider Andrés Lopera, asesor de dirección de la CRQ, indican que la primera medida se dio en 2020, ya que hubo una quema de cinco palmas de cera dentro de la finca Doña Eva, mientras la segunda fue este año. “Recibimos una denuncia y, tras la visita técnica, encontramos que se estaba sembrando aguacate al lado de la palma de cera, lo que podría afectar su ciclo vegetal”.
Pero las trasgresiones ambientales de las aguacateras no solo suceden en Pijao, sino en todo Quindío. Según la CQR, en este momento hay diez presuntas infracciones ambientales en curso por verter y capturar agua sin permiso, así como por afectar reservas forestales protectoras. “Fue desde 2018 que empezamos a ver ese boom de aguacateras. Nos dimos cuenta fue por los permisos que nos estaban pidiendo y por las denuncias”.
Aunque El Espectador consultó con el ICA para saber cuántas de las 26.045 hectáreas de aguacate Hass que hay sembradas en Colombia están en el Quindío, nunca recibió respuestas. La CQR solo tiene la cifra de las concesiones de agua u ocupación de cauce para desarrollo agrícola a gran escala relacionadas con aguacateras que le han solicitado: siete otorgadas y seis en proceso de resolverse. “Las otorgadas son en municipios como Filandia, Armenia y Montenegro, que no están en zona de cordillera, entonces las determinantes ambientales son menores. Mientras que las no resueltas están en Pijao, Córdoba, Salento o Calarcá, donde hay áreas protegidas. Hay algunas negadas, por ejemplo, en Salento y Génova, por que se cruzan con figuras de conservación”.
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De oponerse a la minería a temer por el aguacate
El nombre de Cajamarca, municipio de Tolima, apareció en casi todos los medios colombianos el 26 de marzo de 2017. Tras una obstaculizada consulta popular, los ciudadanos dejaron claro que no querían minería en su territorio, buscando, de alguna forma, detener el interés que tenía la minera AngloGold Ashanti de explotar oro. Hoy, cuatro años después, al limbo jurídico en el que cayó esa decisión se suma la amenaza ambiental que, algunos sienten, representa la llegada de las aguacateras al municipio.
“Los rumores empezaron en 2017, porque a la gente le empezaron a comprar las fincas. Y ya en el 2019 vimos cómo llegaban las aguacateras, además, pagando muy bien por la tierra. Daban $50 millones por la hectárea, cuando en Cajamarca el promedio por hectárea está entre $10 y $20 millones, dependiendo de la cercanía con la carretera”, explica Róbinson Mejía, líder del Comité Ambiental por la Defensa del Agua.
Igual que sucede con Pijao, el ICA no respondió sobre el número de hectáreas de aguacate Hass que hay cultivadas en Cajamarca. Pero Mejía se atreve a dar unas estimaciones. “Están extranjerizando la tierra. De las 51 mil hectáreas del municipio, 5 mil son de AngloGold y 3 mil para el aguacate”, advierte.
Aunque hay varias –lo que, de nuevo, no pudo ser confirmado a través del ICA–, una de las aguacateras que la comunidad ha identificado es Green Super Food, una empresa que se constituyó en Colombia en el 2018, pero que forma parte del grupo chileno Inversiones Benjamin. En Colombia, según la misma empresa, tienen 3.200 hectáreas entre Caldas, Risaralda, Tolima y Quindío, de las cuales 1.300 son para cultivar aguacate. Específicamente, en Pijao tienen 120 hectáreas de tierra y, en Cajamarca, 730 hectáreas, de las cuales 460 hectáreas son zonas protegidas.
Ante Cortolima, Green Super Food ha solicitado un permiso de concesión de aguas superficiales, uno de ocupación de cauce y uno de vertimiento de aguas residuales, los cuales se encuentran en evaluación y trámite. Sin embargo, en palabras de la empresa, “todas las concesiones que se han realizado han sido para uso doméstico, con el fin de proveer bienestar a los colaboradores que laboran en nuestras fincas”.
La empresa también tiene iniciado un proceso sancionatorio, confirmado por ellos mismos, pero cuyo contenido, según explicó Olga Lucia Alfonso Lannini, directora de Cortolima, es reservado, debido a que aún no se ha tomado una decisión definitiva. Y en Tolima, relacionados con distintas aguacateras y productores de arracacha, la corporación tiene iniciados diez sancionatorios por diversas infracciones ambientales.
Al igual que en Pijao, en Cajamarca se viene denunciando que los aguacates se están cultivando donde hay palma de cera o que estas se están quemando para darle espacio al aguacate. Pero a esta preocupación se suma que el río Coello, del que asumen se estaría usando el agua para la siembra de aguacate, está en crisis. La Resolución 1765 de 2011 de Cortolima, así como el Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica (Pomca), declararon el recurso hídrico superficial de este río como agotado. Ante el riesgo de una escasez de agua, Green Super Foods explica que ha “seleccionado lugares estratégicos donde las precipitaciones de la zona son muy superiores a las demandas del cultivo”. “Una hectárea de aguacate requiere 15 mil metros cúbicos por año, en las zonas que escogimos estratégicamente las precipitaciones son entre 18 mil y 15 mil metros cúbicos al año y, de los cultivos de fruta, el aguacate es de los que menos agua consumen por kg producido”, dicen citando al portal español FreshPlaza.
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Una exportación que deja a muchos atrás
Hay otro punto que temen tanto Mejía como Flores: que la llegada de los cultivos de aguacate Hass para ser exportados desplace y deje relegados a los campesinos tradicionales. Aunque lo de ellos es apenas una sospecha, en 2019 Ángela Serrano, colombiana y doctora en Sociología de la Universidad de Winsconsin - Madison (Estados Unidos), publicó un artículo sobre cómo el boom del aguacate había llevado al fracaso a los agricultores tradicionales de Colombia. Tras mapear la relación entre producción y consumo del aguacate, e irse a hacer un trabajo etnográfico en San Vicente de Chucurí y Carmen de Chucurí (Santander), donde los aguacates solían liderar la economía, su investigación, publicada en Nature and Space, concluyó que, con el boom de la exportación del aguacate, los cultivadores tradicionales terminaban perdiendo.
“Los campesinos que no pueden producir aguacates con la calidad para ser exportados también terminan excluidos del mercado doméstico, debido al incremento de la competencia y la falta de apoyo del Gobierno, lo que hace que queden rezagados en un mercado global”, indica el documento. Las razones detrás de su conclusión son bastante lógicas. “La producción está guiada por el enfoque del mercado externo, que pide una producción perfecta y constante todo el año”, cuenta Serrano. “Un productor tradicional no le apuesta a eso, porque el aguacate suele ser un monocultivo y, si llega una peste, por ejemplo, se lleva toda la cosecha. Ellos no pueden asumir el riesgo de perderlo todo, es un lujo que solo se puede dar una gran inversionista”, comenta.
Además, el mercado doméstico, que se suponía era al que los cultivadores tradicionales podrían entrar, se vio también dominado por los excedentes que produjeron los cultivos de aguacate para exportación. “Las políticas se han enfocado en quienes hacen grandes inversiones y no ha existido un apoyo para que los productores tradicionales cubran el mercado interno”, concluye.
A la final, lo que piden algunas personas tanto del Quindío como de Tolima es que el aguacate que se saborea como un producto de lujo en Corea de Sur o se ofrece en los restaurantes sanos de Estados Unidos, no implique el cambio del paisaje, la escasez de agua o una interrupción del buen vivir a miles de kilómetros, en Colombia.