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Este 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que invita a reflexionar sobre la riqueza cultural, espiritual y ambiental que estos pueblos aportan a la humanidad, pero también sobre las amenazas que enfrentan. En Colombia, esto resuena con especial fuerza en el norte del país, donde los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo custodian uno de los territorios más sagrados y biodiversos del planeta: la Sierra Nevada de Santa Marta.
Desde esta montaña costera, la más alta del mundo, la vida late en todas sus formas. Aquí nace el agua, se entrelazan ecosistemas y habitan espíritus que conectan el equilibrio de la naturaleza con el bienestar de la humanidad.
El territorio ancestral de los pueblos que allí viven está delimitado por la llamada Línea Negra, reconocida por el Decreto 1500 de 2018, la cual resguarda 348 sitios sagrados que conectan picos nevados, ríos, humedales y el mar Caribe. Es la cartografía espiritual —reconocida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)— con la que los pueblos ejercen su autoridad ancestral y prácticas culturales que sostienen el equilibrio de la vida.
En estos ecosistemas estratégicos, que abarcan los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, se producen y recargan fuentes hídricas vitales para más de tres millones de personas. La sierra fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1979 y catalogada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como área protegida “irremplazable” en el mundo. Además, ahí se encuentra la Ciénaga Grande de Santa Marta, un humedal de importancia internacional protegido por la Convención Ramsar.
Sus guardianes han preservado este patrimonio durante siglos con un sistema de conocimiento ancestral reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La comunidad internacional, a través del Convenio sobre la Diversidad Biológica y más recientemente la Opinión Consultiva 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que los saberes indígenas son esenciales para combatir la crisis climática, conservar la biodiversidad y manejar los ecosistemas de forma sostenible.
Colombia, como parte de estos tratados y del Acuerdo de París, ha asumido la obligación de garantizar que estos saberes pervivan. El Decreto 1500 es un paso en esa dirección, pues establece mecanismos para que los pueblos participen en la gobernanza ambiental y reconoce que sus conocimientos deben orientar la toma de decisiones ambientales sobre su territorio. Su creación respondió, además, a un fallo de la Corte Constitucional de 2013 que ordenó redefinir la Línea Negra y proteger los derechos humanos de estos pueblos, amenazados de exterminio cultural.
El gobierno actual ha respaldado públicamente la protección de la Línea Negra en escenarios nacionales e internacionales, como la COP16 sobre biodiversidad en Cali. También amplió el área protegida del Parque Nacional Natural Sierra Nevada. Sin embargo, en tres años de gobierno, no ha cumplido con la implementación integral del Decreto1500.
La amenaza es tangible. Según el Centro de Investigación y Educación Popular Programa para la Paz (CINEP), a noviembre de 2024 el territorio ancestral tenía 151 títulos mineros vigentes y 95 solicitudes para explotar oro, cobre, barita, carbón y otros minerales estratégicos, cubriendo unas 77.805 hectáreas. La Mesa de Seguimiento y Coordinación, instalada en diciembre de 2022 para articular acciones con el gobierno, no ha mostrado resultados. En especial, preocupa la falta del reglamento para su funcionamiento, la inestabilidad ministerial y los pocos avances de la Submesa del Ministerio del Interior. Tampoco ha tomado medidas para cumplir con el protocolo de consulta y consentimiento previo, libre e informado adoptado por los pueblos. Estos retrasos —en un contexto de violencia, fuertes presiones gremiales y sentencias regresivas como la SU-121 de 2022— complejizan la garantía de derechos.
La Opinión Consultiva 32 de la Corte Interamericana envió un mensaje claro a gobiernos y empresas al señalar que las actividades mineras que causen daños irreversibles en ecosistemas estratégicos y agraven la vulnerabilidad de los pueblos indígenas deben evitarse.
La Sierra Nevada es un caso emblemático. Protegerla no es un acto simbólico, significa asegurar agua, clima estable y biodiversidad para millones de personas en el país. Es cumplir con la palabra dada a quienes, por siglos, la han custodiado.
En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el gobierno colombiano aún está a tiempo de ir más allá de la conmemoración, y consolidar, de forma concertada con los pueblos, una estrategia integral para blindar la Línea Negra frente a la minería y otras amenazas, garantizando a la vez los derechos sociales y culturales de las comunidades que han sufrido los estragos del conflicto armado, el extractivismo y la crisis climática.
Ser colombiano no es solo bailar cumbia o saborear una arepa. Es conocer y defender el patrimonio natural y cultural que nos da identidad. Es reconocer que la sabiduría de nuestros abuelos y abuelas indígenas, ignorada en las ciudades, es una brújula para salir de la crisis ambiental.
Como advierte el Documento Madre de la Línea Negra: “Todo lo que hacemos trasciende a la naturaleza y ella nos devuelve igual, la misma intención. Si nuestras acciones son negativas, destruimos el orden, atrayendo desequilibrios, enfermedades y problemas ambientales. Pero si somos ordenados y cumplimos con los principios de la Madre, la naturaleza se mantendrá sana y los beneficios que ella nos da serán mejores y duraderos”.
Hoy, más que nunca, la Sierra Nevada de Santa Marta habla. Escucharla es nuestro deber.
*Abogada senior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
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Por Yeny Rodríguez Junco*
