A una semana y media de que termine el año, distintas oficinas de los ministerios de Ambiente y Salud trabajan a contrarreloj para sacar adelante la reglamentación de un programa con el que buscan esterilizar parte de los nueve millones de perros y gatos que se estima que hay en el país y que costaría COP 1 billón, según cifras entregadas por la cartera ambiental a este diario. Esto, para hacerse una idea, es un poco menos de los COP 1.24 billones que tendrá como presupuesto el Minambiente en 2026.
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Con la misma velocidad se mueven distintas asociaciones de médicos veterinarios del país que ven con preocupación el programa. En la mañana de este viernes 19 de diciembre, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas (Acovez) y la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios de Colombia (Amevec), dos de las más grandes e importantes del país, adelantaron una reunión con diversas entidades para abordar, “desde una perspectiva técnica, gremial y responsable, las preocupaciones existentes frente a la implementación del Programa Nacional de Esterilizaciones Caninas y Felinas”.
Mientras el Ministerio de Ambiente espera que la resolución sea firmada antes de que se acabe el año, las asociaciones de médicos veterinarios, así como biólogos y ecólogos, insisten en los vacíos conceptuales y técnicos que tendría el programa. Además de los cuestionamientos sobre el método elegido y la ausencia de una estimación clara que permitan tener mayor certeza sobre la cantidad de perros y gatos que hay en el país, les inquieta que los ministerios estén habilitando lugares que no cuentan con una normatividad clara y que podrían ir en contra del bienestar animal que defiende el programa.
La inconformidad de algunas asociaciones de médicos veterinarios ha llegado al punto de advertir que, si el programa se expide sin incorporar las observaciones que han presentado, lo demandarán para proteger a los animales intervenidos y los principios de su profesión. El Minambiente, por su parte, defiende el trabajo adelantado hasta el momento.
¿Esterilizar salva?
El programa que expedirían en los próximos días los ministerios de Ambiente y Salud, reglamenta, en realidad, varias de las disposiciones de la Ley 2374 de 2024, impulsada por la senadora animalista Andrea Padilla (Alianza Verde), quien la bautizó como “Ley Esterilizar Salva”. Tanto la ley, como el programa, buscan responder a una problemática mundial, de la que no escapa Colombia: la sobrepoblación de perros y gatos . Las tasas de crecimiento de las poblaciones caninas y felinas, dice el Minambiente, “superan la capacidad instalada de los municipios para garantizar el control reproductivo y la atención humanitaria”. En palabras más sencillas, hay más perros y gatos de los que las autoridades pueden atender, esterilizar y cuidar.
A pesar de los múltiples beneficios físicos y mentales derivados de la extensa relación que ha habido entre los seres humanos y los perros y los gatos —que fueron domesticados hace entre 20.000 y 40.000 años, en el caso de los primeros, y entre 9.000 y 10.000 años, en el caso de los felinos—, la sobrepoblación de estos animales domésticos tiene una serie de impactos negativos sobre la salud pública, la biodiversidad, el ambiente e, incluso, sobre su propio bienestar.
Quienes trabajan en temas de conservación, como el biólogo con maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, Jeancarlo Sánchez, director científico de Bauen Project e integrante de la plataforma ciudadana de científicos colombianos Biodiversos, no pierden la oportunidad de recordar la cantidad de especies que se han extinguido por cuenta de los perros y gatos que viven en libertad.
Mientras los gatos han contribuido a la extinción de al menos 63 especies, según varios estudios científicos (ver), en los últimos años también han aumentado los reportes de ataques de perros ferales a animales silvestres como la danta de montaña, en peligro de extinción, así como la preocupación por la posible transmisión de enfermedades a especies emblemáticas del país, como el oso andino.
A pesar, entonces, de que la gran cantidad de perros y gatos en libertad es una preocupación compartida por todos, las críticas de los científicos surgen de la “receta” del Gobierno para abordarlo: la esterilización.
La implementación del llamado Programa Nacional de Esterilizaciones Caninas y Felinas, asegura el Minambiente, “busca responder a una problemática creciente de abandono, reproducción descontrolada y maltrato animal”. La disminución de la población de animales domésticos errantes (que viven en la calle o son ferales o semiferales) “contribuye a mitigar los efectos negativos que estas poblaciones ejercen sobre la fauna silvestre, al reducir la depredación, la competencia por recursos, la alteración de cadenas tróficas y la transmisión de patógenos hacia especies nativas”, agrega la cartera.
El corazón del programa es la estrategia “CER”, que significa: Capturar, Esterilizar y Reubicar, Retornar o Rescatar. Aunque el Minambiente asegura que es una alternativa “técnica, ética y costo-eficiente frente a métodos letales o reactivos”, los expertos dudan de su efectividad.
“Hay suficientes argumentos técnicos y científicos que demuestran que para que esa estrategia sea exitosa en una población abierta (como el de las ciudades o pueblos, donde entran y salen animales) las tasas de captura tienen que ser enormes”, dice Sánchez.
Varias cosas tienen que suceder para que un plan de este tipo tenga algún efecto. Tras monitorear la aplicación de esta estrategia en un parque natural de Taiwán por nueve años, un grupo de científicos concluyó, en un estudio publicado en septiembre de 2024 en la revista académica Global Ecology and Conservation, que su éxito depende de que haya una tasa de esterilización superior al 75%, una aplicación sostenida durante más de 10 años y que se logre evitar la entrada de animales no esterilizados de otras zonas. Por eso, los autores concluyen que, salvo que sea en áreas pequeñas y aisladas, cumplir todas estas condiciones en la práctica es muy difícil.
Ante estas limitantes, los científicos señalaron que, “hasta ahora, las pruebas empíricas de la eficacia del TNR son insuficientes”. Otros estudios han llegado a conclusiones similares y afirman que “la falta de un seguimiento científico en los estudios hace que las estimaciones del tamaño de las poblaciones y los resultados del programa TNR sean poco fiables”.
Lo que para los científicos taiwaneses era “todo un reto”, para José Alexander Estepa, médico veterinario con una maestría en Salud Pública de la Universidad Nacional, es “una utopía”. Junto a otras dos colegas de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia (Uniagraria), donde es docente, Estepa adelantó un estudio sobre la gestión poblacional de perros y gatos en Bogotá entre 2004 y 2021. De su análisis, recuerda, uno de los datos más difíciles de conseguir y que ninguna entidad reporta es el de las tasas de esterilización. Es decir, cuántos animales, del total que existen, fueron intervenidos.
Este, dice el médico veterinario, es un dato clave para determinar el éxito de la intervención. El problema, continúa, es que en la actualidad persiste la ausencia de una fuente oficial de ese número. Incluso, ni siquiera se conoce con certeza cuántos perros y gatos existen en el país. Aunque el Ministerio de Salud estima que existen 9 millones de perros y gatos, el Ministerio de Ambiente le respondió a El Espectador que “actualmente no existen cifras precisas y consolidadas de carácter nacional sobre esta población”.
A lo anterior, se suma el hecho de que el programa no establece una meta general. Esto es así, explican desde el Ministerio de Ambiente, “porque el programa reconoce la autonomía territorial para la definición de coberturas”. Es decir, cada distrito y municipio deberá definir su propia meta de esterilizaciones. Pero, sin datos claros de cuántos perros y gatos hay, concluye Estepa, se corre el riesgo de quedarnos “con datos de gestión”.
A lo que se refiere, es que las entidades podrían reportar cierto número de intervenciones, pero sin saber, con certeza, a qué porcentaje del total de animales están llegando. Y sin tener esos números, señala Estepa, no hay manera de evaluar el impacto del programa.
Desde Amevec, una de las asociaciones de médicos veterinarios, advierten que este sería un “vacío gigante” del programa y que se debió buscar los recursos para que los municipios donde esta problemática es mayor, pudieran dar un dato estimativo de cuántos perros y gatos tienen en dos o tres años. El Minambiente, por su parte, responde que esta falta de información precisa “constituye una de las principales razones que justifican la creación e implementación del programa”.
A los veterinarios de Amevec y al biólogo Sánchez, les preocupa un último punto de la estrategia CER. Tiene que ver, justamente, con la etapa final: reubicar, retornar o rescatar. Se preguntan qué va a pasar con los animales que se logren esterilizar en los municipios que no tienen ningún albergue público, que son más del 90% de las entidades territoriales.
Sánchez afirma que, incluso si se esterilizan, liberar nuevamente un perro feral o semiferal mantendría los impactos negativos sobre la fauna silvestre.
Veterinarios preocupados
Resumir las múltiples preocupaciones que tienen los médicos veterinarios de Amevec y Acovez, resultaría en una tarea imposible si se tiene en cuenta que solo la primera envío más de 70 comentarios al Ministerio de Ambiente. Sin embargo, como quedó claro en la citación para este viernes 19 de diciembre que enviaron a otras asociaciones de médicos veterinarios, al Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia (del cual hacen parte) y al Fondo Nacional de Estupefacientes, la principal tiene que ver con “la posible habilitación de puntos temporales y unidades móviles para la realización de procedimientos quirúrgicos”. Se trata, básicamente, de vehículos grandes, como camiones o buses pequeños, en donde se realizarían estos procedimientos.
El problema, dicen desde Amevec, es que estas unidades móviles quirúrgicas no están reglamentadas en el país, ni tienen requisitos sanitarios ni legales establecidos. “Ese es un vacío legal inmenso”, advierten desde la asociación. Nadie se opone directamente a la implementación de estrategias de este tipo, “especialmente en territorios donde no existan clínicas o consultorios veterinarios”, señalan los expertos, pero consideran indispensable que se cuente con un marco normativo claro y específico.
Para explicar mejor su inquietud sobre los vacíos que existen hoy, se preguntan cómo funcionaría la trazabilidad de los medicamentos de control que deben adquirir para las cirugías y que autoriza el Fondo Nacional de Estupefacientes. ¿Cómo asegurar —cuestionan— la trazabilidad de la ketamina, necesaria en la anestesia, pero que también es un ingrediente para producir tusi o tusibí, una sustancia psicoactiva? En la actualidad, responden, solo los puntos fijos pueden obtener la resolución necesaria del Fondo.
Ante esta situación, solicitan que, antes de habilitar la operación de estas unidades, se establezcan una serie de “criterios mínimos de infraestructura y equipamiento, protocolos de anestesia, analgesia, monitoreo y manejo postoperatorio, así como los mecanismos efectivos de inspección, vigilancia y control”. Algo que, a la fecha, no existe, aseguran.
Esterilizar no es suficiente
Un último punto en el que coinciden los expertos consultados es que, según el documento que han conocido hasta la fecha, el programa solo se basa en la esterilización para controlar a la población. “Como la esterilización es solo una medida, no va a controlar el problema”, aseguran desde Amevec. “No puede sostenerse todo en la esterilización”, apunta Estepa.
Para el Ministerio de Ambiente, esta apreciación resulta “imprecisa desde el punto de vista técnico y normativo”, pues si bien la esterilización quirúrgica “constituye el eje operativo central del programa, su reglamentación incorpora de manera transversal múltiples estrategias complementarias, alineadas con la evidencia científica”. Aunque los médicos veterinarios reconocen los avances que se han alcanzado en los últimos años en lo que tiene que ver con temas de educación y sensibilización (mencionados dentro del programa), consideran que aún hacen falta otras medidas para empezar a abordar el problema de manera integral.
Una de ellas, dice Estepa, de Uniagraria, es el registro o empadronamiento, un tema “del que nunca se ha hablado en el país”. La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), el organismo intergubernamental que se ocupa de la salud y bienestar animal en el mundo, recomienda que se cuente con licencias para propietarios y criadores, así como con bases de datos centralizadas. Esto, complementa el médico veterinario, contribuiría a tener un estimativo más claro de la población que hay en el país, y podría desincentivar el abandono de animales, una de las principales causas de la sobrepoblación.
Además de reducir el acceso de los perros a fuentes de alimentos, como basureros y mataderos, así como aumentar la regulación de los comerciantes de perros, legislación que aún no existe en el país, según los veterinarios, desde Amevec hacen un llamado a contemplar la eutanasia, como otro de los componentes de un programa de control poblacional. Aunque reconocen que es un tema tabú en Colombia, resaltan que incluso la OMSA la contempla al pedir que se aplique “cuando no existan alternativas viables y siempre bajo principios estrictos de bienestar animal”. El programa del Minambiente no la menciona.
Mientras el Minambiente se mantiene en sus planes de publicarlo en los próximos once días, para empezar su implementación progresiva, desde Amevec advierten que, de expedirse con las falencias detectadas, lo demandarían. “Llevamos años luchando para que salga bien”.
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