Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Ministerio de Minas y Energía ha querido dar un impulso a las comunidades energéticas, la estrategia con la que el Gobierno Petro busca llevar energía solar a 20.000 hogares del país para 2026. Hasta ahora, ha inaugurado cerca de 200 comunidades entre La Guajira, Chocó, Vichada y otros departamentos, pero el avance está lejos de los 5.000 proyectos a los que se comprometió en 2024.
Para acelerar esta estrategia, durante la última semana le dio luz verde a una serie de contratos que buscan construir comunidades energéticas. Con dos de ellos, que suman COP 400.000 millones, esperaban levantarlas en La Guajira y Chocó, donde beneficiarían a 12.700 hogares, que representan el 60 % de la meta que se trazó el gobierno para 2026. La idea era que las personas que hicieran parte de estas comunidades pudieran producir y comercializar su propia energía, gracias a la instalación de plantas de generación con paneles solares.
Hasta el mediodía del jueves, 30 de octubre, todo estaba listo para empezar la ejecución de los dos convenios, firmados por el Minminas con la Distribuidora del Pacífico (Dispac), que presta el servicio de energía en Chocó. Habían sido publicados por la entidad en la plataforma SECOP II el lunes 27 de octubre y ambos estaban “adjudicados y celebrados”. El primero era por COP 322.700 millones (en La Guajira); el segundo, por COP 79.300 millones (en Nuquí, Chocó).
Entre los documentos que acompañan los contratos, hay uno en el que la cartera de Minas y Energía justificó por qué debían hacerse por contratación directa y por qué Dispac es la empresa idónea para ejecutarlos. El proyecto presentado por Dispac, que hizo parte de una convocatoria realizada en junio, “fue calificado con una de las puntuaciones más alta para cada uno de los 8 criterios de priorización evaluados, alcanzando la posición 01 entre los 173 proyectos postulados por los Operadores de Red”, señala el documento sobre el contrato de La Guajira.
Otros archivos contienen, entre otras cosas, las pautas técnicas que debe seguir la implementación de cada proyecto, los requisitos para firmar la entrega de todas las obras y un cronograma. En este último se establecía un plazo de ocho semanas para que Dispac ejecutara ambos contratos: desde la firma del acta de inicio, hasta la entrega de las obras y la garantía de haber capacitado a los 12.700 hogares en el funcionamiento del sistema de generación de energía comunitaria.
Tres fuentes que conocen de cerca los procesos de instalación y conformación de comunidades energéticas en Colombia, por su participación en la contratación o veeduría de este tipo de iniciativas, calificaron ese plazo como “muy difícil”, “imposible” e “inviable”. A pesar de esto, durante una entrevista realizada el miércoles 29 de octubre a Víctor Paternina, director de Energía Eléctrica del Minminas y la persona que la entidad puso al frente de esos contratos, defendió los plazos y explicó por qué, en su concepto, las condiciones de estos proyectos permitirían su ejecución en dos meses.
Sin embargo, menos de 24 horas después, este diario fue informado, por parte de Dispac, de su decisión de declinar ambos contratos, algo de lo que el Minminas no había sido notificado, según informó la cartera. Al cierre de esta edición, la entidad no se ha pronunciado sobre el futuro de esos contratos, pero hay varias dudas por resolver: ¿es viable ejecutar dos proyectos que suman COP 400.000 millones en dos meses?, ¿por qué se estableció un cronograma tan reducido si proyectos similares han tardado entre 10 y 135 meses, como sucedió con la instalación de sistemas solares en Amazonas?
Estructurar comunidades energéticas
Las comunidades energéticas han sido una de las principales apuestas del Gobierno Petro para impulsar la transición energética en Colombia. Son, en palabras simples, comunidades organizadas que instalan sistemas de generación de energía renovable (por ejemplo, solar o eólica), para producir y gestionar el uso de su propia electricidad. La estrategia, en palabras de Paternina, busca atender dos peticiones del presidente: “llevar inversión a las zonas históricamente excluidas”, además de “generar un alivio en el bolsillo de las personas, que se va a ver reflejado en la reducción de las tarifas en su factura”.
Un informe de Governance Action Hub, una organización dedicada al seguimiento de la transición energética en Colombia, señala que el Gobierno Petro ha hecho los avances regulatorios más importantes para la implementación de las comunidades energéticas. Sin embargo, llevarlas a la práctica no ha sido tan fácil. Aunque a inicios de 2025 entró en vigencia la normativa para que los privados puedan obtener rentabilidad con estas iniciativas, eso no se ha visto reflejado en la inversión privada, como esperaba el Minminas.
La estrategia, mientras la inversión privada despega, ha sido priorizar comunidades energéticas en hogares de estratos 1 y 2 para financiar con recursos públicos la instalación y puesta en marcha de los sistemas de energía renovable. Hasta ahora, eso se venía haciendo a través de entidades públicas como Fenoge e IPSE, que tienen como objetivo la promoción y ejecución de este tipo de proyectos.
Pero, tras la salida de Andrés Camacho como ministro de Minas y Energía, y la llegada de Edwin Palma, en marzo de 2025, se planteó una forma distinta para ejecutar COP 1 billón que está destinado en el presupuesto del año para las comunidades energéticas. Ya no se haría por medio de Fenoge e IPSE, sino por medio de convenios interadministrativos entre el Minminas y operadores del servicio de energía con más de 50 % de capital público.
Por medio de una convocatoria que se abrió en julio, el Minminas recibió 173 propuestas de proyectos, dentro de las que están las dos adjudicadas a Dispac. En los comentarios que enviaron las empresas al ver los lineamientos y plazo de ejecución, antes de enviar sus propuestas, quedó claro su inconformismo.
En el estrecho lapso en el que podían enviarlos (seis días, y no 15, como ordena la ley) EPM y Air-e pidieron ampliar el plazo de ejecución. Dispac también comentó: “El plazo de ejecución del convenio, de 12 meses, es corto, más aún teniendo en cuenta que se debe contemplar la estructuración de los proyectos, por lo cual se solicita el cambio del plazo del contrato a 24 meses”.
A pesar de su petición, el Ministerio de Minas le adjudicó dos contratos, dándole un tiempo de ejecución 10 meses menor al que habían anunciado durante la convocatoria: dos meses. Según los contratos, para el 31 de diciembre Dispac debería tener listas las instalaciones solares para 12.700 hogares entre Chocó y La Guajira.
Una misión “imposible”
El Espectador consultó a un experto en contratación estatal del sector energético, que pidió la reserva de su nombre, sobre la posibilidad de estructurar, construir y capacitar a 12.700 hogares en dos meses. “Es imposible”, dijo. Conformar comunidades energéticas, según la metodología establecida por el Minminas, tiene cinco fases: la selección de la comunidad, el estudio de viabilidad de los proyectos, su estructuración, la implementación y la consolidación. “Hacer todo eso en dos meses es impensable”, agregó.
Santiago Ortega es cofundador de Emergente, una organización dedicada a la asesoría y desarrollo de proyectos de energía solar. Además, hizo parte del proyecto piloto que conformó la primera comunidad energética de Colombia, en Medellín, hace más de dos años. Al analizar el cronograma para ejecutar el proyecto en Nuquí, para 2.036 usuarios, aseguró lo siguiente: “supongamos que una cuadrilla de instaladores puede montar ocho usuarios (hogares, en este caso) en dos meses. Se necesitarían 250 grupos de cuatro personas para lograrlo. A mi juicio, eso es muy poco tiempo y demasiada gente para instalar esos proyectos”. Esto, además, solo contempla la etapa de implementación, asumiendo que las tres primeras fases de estructuración de los proyectos ya han terminado.
Jorge Flórez, director de Governance Action Hub en Colombia, también cree que “esos tiempos son inviables”. Su colega Carlos Díaz Villán, gerente de proyectos en esa misma organización, añadió que “la inversión del gobierno ha mostrado que eso [ejecutar los proyectos] es difícil. Priorizar a las comunidades, asegurar condiciones propicias para la implementación (saneamiento predial, conexiones, capacidad adecuada a necesidades locales, etc.), y construir confianza con la comunidad y empresas es algo que no se hace en un par de meses, porque puede arriesgar los resultados del proyecto”.
Al preguntarle a Víctor Paternina (encargado de los contratos en el Minminas) si era viable ejecutar los proyectos en dos meses, respondió, inicialmente, que “de acuerdo con los cronogramas entregados por los operadores de red, partiendo de los [convenios] que ya se firmaron, que son los que están seguros, estos primeros dos meses son la fase de contratación de ellos”. Como parte de esa etapa, menciona varios trámites administrativos que están contemplados en la etapa “precontractual”.
Tras su respuesta, le mostramos que el cronograma publicado en SECOP II como anexo de los contratos establecía apenas tres semanas para la etapa a la que él hacía referencia. Para la semana cuatro ya deberían iniciar las obras y, durante los 30 días restantes, su ejecución y entrega final. Entonces, Paternina dijo que, “realmente, cuando vamos a saber cuánto se van a demorar los proyectos es en la etapa de replanteo. (...) Si se necesita más tiempo, haremos la prórroga amparada y sustentada”.
Cronograma de los contratos:
El Espectador también revisó los contratos que el Minminas tuvo como referencia al elaborar los estudios previos y la evaluación de las propuestas de las empresas. Con base en estas referencias, establecieron que los precios planteados estaban dentro del rango de los que han desarrollado IPSE y Fenoge para proyectos de características similares. El cronograma, en cambio, está por fuera del rango de los proyectos que se han planeado en Colombia, que han tenido muchos meses más para instalar menos soluciones energéticas.
Por ejemplo, uno de los proyectos que revisó el Minminas fue contratado por IPSE en 2020 con el objetivo de instalar 491 soluciones solares individuales en la zona rural del departamento de Amazonas. Para ese proyecto se estableció un plazo de ejecución de 135 meses, que luego fue extendido a 140, desde 2020. Para hacerse a una idea, en La Guajira se quieren instalar 10.664 soluciones individuales, similares a las de ese proyecto.
Paternina señaló que parte de las complejidades de implementar estos proyectos en La Guajira radican en que “nos hemos encontrado con casos, sobre todo en estas comunidades indígenas, que dicen: ‘por mi cultura, mis tradiciones, yo no quiero acceder a la civilización, o al televisor, o simplemente que la energía llegue”. Esto, asegura, podría retrasar la ejecución de las obras, teniendo en cuenta también la dispersión territorial de las comunidades en esa región.
La entidad referencia más contratos que tienen plazos de entre 10 y 24 meses para propósitos similares. Preguntamos al funcionario por qué no se tuvo en cuenta que estos proyectos suelen tomar mucho más de dos meses a la hora de definir el cronograma. Explicó que los recursos asignados hacen parte de la vigencia 2025, por lo que deben ejecutarse antes del 31 de diciembre. De no hacerlo, el Gobierno podría quitarle estos recursos al Minminas y reasignarlos a otra cartera para el 2026.
Consultamos a Edwin Cortés, abogado experto en contratación de Holland & Knight, una firma de consultoría en temas jurídicos, para conocer su concepto sobre las características de este contrato. Explicó que un caso así podría constituir “una posible violación al principio de planeación establecido en los artículos 209, 339 y 341 de la Constitución Política, y los artículos 25 y 26 de la Ley 80 de 1993. Si existiera una contradicción manifiesta entre el plazo contractual de dos meses y los referentes técnicos que demuestran que proyectos similares requieren más de diez meses, puede haber evidencia de una ausencia de planeación. La jurisprudencia ha sido clara al señalar que tanto la entidad como el contratista tienen el deber de abstenerse de participar en contratos donde se evidencie que, por fallas en la planeación, el objeto contractual no podrá ejecutarse en el tiempo acordado. (Sentencia con radicado 68001-23-15-000-1998-01743-01)”.
Estudiar esto es competencia de la Contraloría, que hasta esta semana no tenía información sobre los contratos.
¿Qué pasará con los proyectos?
Ante el corto período de ejecución propuesto para el contrato, contactamos a Dispac para preguntarle si cuenta con la capacidad logística y técnica para cumplir con el contrato antes del 31 de diciembre. También, ¿por qué, conociendo los plazos de ejecución que han tenido proyectos de características similares, aceptaron un plazo de dos meses para este contrato?
Al mediodía del jueves, un día después de la entrevista con Paternina, Andrés Horta, gerente de Dispac, se comunicó con El Espectador para enviar un pronunciamiento: “Frente a estos proyectos, es importante precisar que la publicación de los documentos en SECOP obedece a una manifestación de intención contractual por parte del Ministerio, mas no a la existencia de un contrato formalmente perfeccionado. A la fecha, DISPAC declinó la aceptación del contrato, con el propósito de que puedan adelantarse mesas técnicas orientadas a garantizar que ciertos requerimientos técnicos, financieros y operativos sean plenamente cumplidos por el Ministerio de Minas y Energía, asegurando así la viabilidad y ejecución adecuada de los proyectos anteriormente referenciados”.
Aunque Horta dice que la publicación en SECOP se trata de una “manifestación de intención”, el estado de los contratos en la plataforma es “adjudicado y celebrado”. Fueron firmados el 27 de octubre.
Consultamos una vez más al Minminas para conocer su respuesta ante la decisión de Dispac de rechazar los contratos. El jefe de prensa de esa cartera dijo, el jueves, no tener conocimiento de esta decisión. Escribimos directamente a Paternina, a Karen Schutt, viceministra de Energía, y al ministro Edwin Palma. Solo obtuvimos respuesta de este último, que se encontraba en comisión internacional con el presidente Gustavo Petro mientras todo esto ocurría.
“La única instrucción que he dado es que se avance como generalmente se hace con los fondos, a través de empresas de energía nacionales. Si hay un lío sobreviviente, pues hay que buscar salidas de acuerdo a la ley. Pero lo más importante es ejecutar. No es justo con la gente tener recursos sin ejecutar”, respondió Palma.
Como estos contratos, hay otros en planeación, pues el Minminas cuenta con COP 1 billón para hacer comunidades energéticas en 2025. Al menos uno más ya fue adjudicado por más de COP 80.000 millones para que Gensa, empresa de energía de Boyacá, instale sistemas solares para 2.200 hogares en Bahía Solano (Chocó) bajo las mismas condiciones. Es decir, en dos meses.
(Conozca más detalles sobre este contrato: Comunidades energéticas para Chocó: algo no cuadra en contrato por COP 83.000 millones)
Al cierre de esta edición, no se han conocido noticias sobre el establecimiento de las mesas técnicas a las que se refiere Dispac en su pronunciamiento. Un elemento más entra en juego: a partir del próximo sábado, 8 de noviembre, debido a la Ley de Garantías Electorales, no será posible suscribir convenios interadministrativos, como señala la Presidencia en un comunicado. Esto haría que las empresas de servicios públicos ya no puedan firmar convenios con otras entidades del Estado. Queda solo una semana para resolver este enredo.
Estos son los tres contratos adjudicados por Minminas el 27 de octubre:
🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜
Por Andrés Mauricio Díaz Páez
