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Durante un Consejo de Ministros televisado el jueves en la noche, el presidente Gustavo Petro aseguró que la decisión del magistrado del Consejo de Estado, Pablo Andrés Córdoba, que suspendió los efectos relacionados con la financiación del decreto de desastre nacional, pone en riesgo la preparación del país frente al fenómeno de El Niño.
Según la lectura del mandatario, la decisión judicial “busca que no se financie la emergencia que sobreviene en diciembre” e impide ejecutar oportunamente recursos destinados a garantizar agua potable, seguridad alimentaria y abastecimiento energético.
“Estamos hablando de que va a haber una mega sequía, un mega Niño, que puede tener incluso regiones con lluvias intensas, pero cuya principal consecuencia será la falta de agua”, afirmó el presidente. Petro señaló que, de acuerdo con las proyecciones del Ideam, el periodo de mayor impacto del fenómeno se presentaría entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, por lo que insistió en que las obras para mitigar sus efectos deben iniciarse antes de que la emergencia se materialice.
“Los acueductos no se hacen un mes antes de diciembre, hay que empezar ya”, dijo. También sostuvo que la generación de energía mediante paneles solares puede convertirse en una alternativa para enfrentar una eventual sequía. “Si hay sequía y más sol, hay más energía que se puede sacar de los paneles solares, así de simple”, agregó.
Las explicaciones del Ministerio de Hacienda
Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que la decisión del Consejo de Estado limita la capacidad operativa del Gobierno para trasladar recursos presupuestales hacia las entidades responsables de atender la emergencia. Según explicó, esa situación dificulta la ejecución de proyectos relacionados con agua potable, producción de alimentos y el programa Colombia Solar. Ávila sostuvo que la legislación vigente contempla mecanismos para movilizar recursos una vez se declara una situación de desastre y cuestionó que estos deban estar asignados antes de esa declaratoria.
“Lo que nos está pidiendo el Consejo de Estado con la decisión que acaba de tomar es que los recursos antes de ser declarado el desastre estuvieran en la entidad ejecutora y eso es absolutamente inviable”, afirmó. El ministro agregó que existen recursos provenientes de la emergencia ocasionada por el Frente Frío, pero explicó que esos dineros únicamente pueden destinarse a las zonas cobijadas por esa declaratoria, por lo que, según dijo, no pueden utilizarse para atender las necesidades derivadas del fenómeno de El Niño.
Precisamente, el ministro (e) de Agricultura, Andrés Ocampo, confirmó la asignación de COP 384.000 millones a través del FAIA Emergencia – Frente Frío para beneficiar a 46.297 productores. Los recursos se destinarán a la recuperación de sistemas de uso de agua en la región Caribe y a fortalecer las acciones de preparación frente a la sequía.
El presidente insistió en que la prioridad de la administración es acelerar proyectos relacionados con agua potable, producción de alimentos y transición energética. Según dijo, la contratación prevista mediante el decreto suspendido buscaba agilizar esas intervenciones y no tenía otro propósito. “Aquí no estamos hablando de contratación para robar, aquí estamos hablando de contratación para afrontar el meganiño; aquí no robamos y si alguien roba, yo mismo lo denuncio, como hice con otros”, afirmó.
El mandatario también defendió la declaratoria de desastre nacional al señalar que se trata de una herramienta prevista en la legislación para atender emergencias y no de un estado de excepción. Finalmente, advirtió que cualquier retraso en la ejecución de los recursos reduciría la capacidad del Estado para mitigar los efectos del fenómeno climático.
“Cualquier mes que se pase, dos meses que se pasen, ya no sirve para nada el dinero, porque ya no se pueden mitigar los efectos del mega Niño o de la mega sequía”, sostuvo. Y concluyó: “El problema no soy yo; el problema es cuánta gente puede morir”.
Como lo contó El Espectador hace poco, en meses recientes, distintos modelos climáticos internacionales elaborados por agencias meteorológicas y centros de investigación han coincidido en proyectar un evento de alta intensidad para finales de 2026.
Históricamente, los episodios fuertes de El Niño han estado asociados en Colombia con una reducción de las lluvias, especialmente en las regiones Andina, Caribe y parte del Pacífico, lo que puede afectar el abastecimiento de agua, la producción agropecuaria y aumentar el riesgo de incendios forestales. Especialistas consultados por El Espectador también han advertido que la preparación frente a este tipo de fenómenos requiere medidas anticipadas, como fortalecer los sistemas de abastecimiento de agua, apoyar al sector agrícola y adoptar planes de contingencia antes de que comiencen los meses de mayor impacto.
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