Actualmente, estamos presenciando una gran cantidad de incendios forestales en el país, cuya intensidad, severidad y complejidad están superando las capacidades disponibles para su atención. Esto no responde a una falta de compromiso de los organismos de respuesta, sino a escenarios de incendio cada vez más exigentes, que requieren mayores capacidades técnicas, operativas y logísticas.
Desde hace algunos días hemos visto campañas de prevención tradicionales que piden no arrojar colillas o vidrios; se escuchan anuncios sobre la judicialización de campesinos por realizar quemas. Volvemos a la narrativa de siempre: culpamos y hacemos prevención desde las fuentes de ignición, asumiendo de entrada que todo es criminal. Sin embargo, para un incendio ocurra y se sostenga en un territorio se necesita mucho más que una chispa.
Existen múltiples causas de ignición que no podemos desconocer, la infraestructura eléctrica, la quema de las basuras en zonas aislados sin servicio de recolección, las prácticas militares (como el uso de polígonos), enfrentamientos armados en los territorios o, incluso, situaciones tan cotidianas como el golpe de una guadaña contra una piedra o el exosto de una motocicleta.
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Pero la posibilidad de que un incendio se propague y se mantenga en un territorio también depende del clima, las condiciones meteorológicas y la disponibilidad y estado de los combustibles (la vegetación). Este último es uno de los factores más importantes para la propagación del fuego, pero también representa una de nuestras principales oportunidades para prevenir, mitigar y controlar incendios de gran intensidad.
En territorios sometidos a sequías intensas, los bosques caducifolios pierden sus hojas y aumenta la cantidad de material vegetal seco disponible para arder. A esto se suma la introducción y expansión de especies provenientes de ecosistemas más inflamables, como algunos pastos para ganadería y especies de uso maderable o forrajero —entre ellas la leucaena, el pelá, el trupillo, los eucaliptos o los pinos— que, sin un manejo adecuado, pueden contribuir a la acumulación de combustible durante años.
La situación se agrava por la falta de gestión en las zonas de transición entre los sistemas productivos y los bosques, y también entre las áreas habitadas y la vegetación natural. En estas últimas, la cercanía entre viviendas, infraestructura y vegetación combustible configura zonas de interfaz urbano-forestal, donde un incendio puede propagarse desde la vegetación hacia las áreas habitadas, o viceversa, aumentando la exposición de las personas, las viviendas y otros bienes. En muchos de estos sectores no existen fajas de aislamiento o franjas cortafuegos, no se establecen barreras con vegetación menos inflamable y tampoco se realizan labores periódicas de manejo de la vegetación y reducción de combustibles.
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Por eso, prevenir los incendios no puede reducirse únicamente a evitar que alguien encienda una llama. También implica preguntarnos qué ocurre cuando esa llama encuentra un paisaje cada vez más seco, continuo y cargado de combustible. La ignición puede iniciar el incendio, pero son las condiciones del territorio las que determinan, en buena medida, hasta dónde puede propagarse y qué tan difícil será controlarlo.
Olvidamos que vivimos en un planeta cada vez más inflamable como resultado del cambio climático, la transformación del paisaje, las alteraciones de los regímenes históricos del fuego y la acumulación de biomasa (material vegetal combustible); una era que algunos científicos ya han denominado el “Piroceno”. La crisis que estamos viviendo demuestra que Colombia no es ajena a estas dinámicas globales.
Aprender a convivir con estas nuevas condiciones exige cambiar la manera en que gestionamos el fuego. El problema no puede seguir abordándose únicamente al inicio de la estación seca, prohibiendo las quemas o atribuyendo todos los incendios a los “avivatos” —que siempre los habrá—. Por supuesto, cuando existen acciones deliberadas e indiscriminadas para quemar bosques o provocar incendios, es fundamental denunciarlas, investigarlas y activar los mecanismos de justicia correspondientes. Pero estas conductas no deben confundirse con los múltiples usos del fuego que hacen parte de las dinámicas productivas, culturales y hasta de conservación de los territorios. Cada causa requiere medidas de prevención diferentes. Por eso, necesitamos superar una política predominantemente reactiva y de supresión, centrada en apagar y contener incendios, y avanzar hacia un Manejo Integral del Fuego.
Esta visión no descarta la supresión —que, sin duda, sigue siendo necesaria—, sino que la integra dentro de una gestión del territorio de mediano y largo plazo. Esto implica comprender las relaciones de los ecosistemas con el fuego desde la ecología, reconocer los usos y significados culturales del fuego, gestionar los combustibles y los paisajes, reducir la exposición de las comunidades y fortalecer las capacidades para responder cuando los incendios ocurran.
El país ha logrado avances importantes en la transición hacia un enfoque de Manejo Integral del Fuego (MIF), como resultado de un proceso colectivo en el que han participado la academia, organizaciones de la sociedad civil, entidades públicas y organismos de cooperación internacional. Instituciones académicas como la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia, junto con organizaciones como la Fundación APEIBA y The Nature Conservancy (TNC), han contribuido a generar conocimiento sobre ecología del fuego, sus efectos sobre los ecosistemas, el manejo del fuego y la construcción de capacidades técnicas.
A estos esfuerzos se suma el respaldo de organismos y agencias de cooperación internacional como la FAO, el PNUD, la GIZ, la FIAP, Expertise France y la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, entre otros, que, mediante diferentes programas e iniciativas, han apoyado el fortalecimiento de capacidades nacionales, el intercambio de experiencias y la incorporación de nuevos enfoques para implementar el Manejo Integral del Fuego.
Desde el ámbito institucional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) también ha impulsado acciones orientadas a avanzar hacia este nuevo modelo. Espacios como la Comisión Técnica Nacional Asesora de Incendios Forestales han permitido ampliar la discusión más allá de la respuesta a las emergencias, fortalecer la articulación entre las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, las autoridades ambientales, la academia, las comunidades y la cooperación internacional, y posicionar progresivamente la necesidad de abordar el fuego desde una perspectiva integral.
Sin embargo, el Estado avanza a un ritmo que no se corresponde con una dinámica de incendios que evoluciona aceleradamente. Allí persiste una importante deuda de gestión: los avances técnicos, científicos e institucionales todavía no se han traducido en una transformación estructural de la manera como el país gestiona el fuego y los incendios.
El Manejo Integral del Fuego debe convertirse en una política de Estado, con responsabilidades claras y sostenidas, que integre a los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía, Salud, entre otros; articule a la academia, las entidades públicas y privadas, las Corporaciones Autónomas Regionales y las comunidades; y fortalezca la coordinación con las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, entre ellas los cuerpos de bomberos, la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja Colombiana, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada de Colombia.
La responsabilidad no puede seguir trasladándose principalmente a municipios, departamentos y cuerpos operativos, que hoy hacen lo que pueden con recursos, personal y capacidades limitadas. La transformación y el fortalecimiento deben comenzar por la institucionalidad nacional, generando el marco normativo, técnico, financiero y de gobernanza que permita a las entidades territoriales y a las comunidades contar con las herramientas, capacidades y recursos necesarios para manejar integralmente el fuego de acuerdo con sus realidades territoriales y con la creciente complejidad de los incendios.
Desde Biodiversos alertamos, por tanto, sobre la urgencia de respaldar y avanzar en el Proyecto de Ley de Manejo Integral del Fuego, como una oportunidad para dotar al país de un marco legislativo que incorpore el conocimiento científico, reconozca las particularidades de los territorios y entregue herramientas reales a las entidades territoriales y a las comunidades para gestionar el fuego, en lugar de limitar su actuación a la prohibición y la respuesta ante la emergencia.
Este marco debe permitir avanzar decididamente en la gestión de los combustibles vegetales, tanto mediante la silvicultura preventiva como a través del uso técnico y planificado del fuego, incluidas las quemas prescritas, con salvaguardas sociales, ambientales y de seguridad. Necesitamos pasar de esperar a que ocurran los grandes incendios a ordenar los territorios y diseñar paisajes más resilientes, reduciendo la continuidad y acumulación de combustibles, aumentando la conectividad de los bosques para mantener la humedad en el paisaje y creando condiciones que disminuyan la probabilidad de que una ignición se transforme en un incendio de gran intensidad, difícil o incluso imposible de controlar.
Pero la aprobación de una ley no puede ser la única respuesta ni podemos esperar a que culmine su trámite para actuar. El país necesita inversiones urgentes en gestión forestal preventiva y conocimiento del territorio. Es prioritario desarrollar modelos de combustibles a escalas regionales y locales, conocer su carga, estructura, continuidad, humedad y comportamiento esperado frente al fuego en diferentes condiciones meteorológicas. Esta información es fundamental no solo para hacer prevención efectiva, sino también para anticipar el comportamiento del fuego, planificar operaciones y ejecutar maniobras de combate de manera mucho más segura y eficiente.
A ello debe sumarse una apuesta sostenida por la formación de analistas de incendios forestales y la generación de capacidades especializadas en manejo del fuego. Colombia necesita profesionales capaces de integrar información sobre combustibles, topografía, meteorología y comportamiento del fuego para apoyar la toma de decisiones antes y durante las emergencias. También requiere fortalecer las capacidades para el uso técnico del fuego, la planificación de quemas prescritas, la coordinación de operaciones terrestres y aéreas y la gestión preventiva del paisaje. No podemos seguir invirtiendo principalmente cuando el incendio ya está fuera de control; necesitamos invertir antes, en conocimiento, planificación, prevención y capacidades que permitan convivir y gestionar el fuego.
Finalmente, desde Biodiversos expresamos nuestra solidaridad con las comunidades afectadas por los incendios y nuestro respaldo a las entidades territoriales que hoy enfrentan emergencias cada vez más complejas y exigentes. Reconocemos especialmente la entrega, el compromiso y la valentía de los cuerpos de bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja, las brigadas comunitarias y demás organismos operativos (Policía, Ejército y Fuerza Aérea) que trabajan en terreno, muchas veces bajo condiciones extremas, para proteger la vida, los ecosistemas, los sistemas productivos y los medios de subsistencia de las comunidades. Nuestro reconocimiento también es un llamado a rodearlos, fortalecer sus capacidades y brindarles las herramientas, el conocimiento y los recursos que necesitan para enfrentar los nuevos escenarios de incendios que vive el país.
*Universidad Distrital, miembro de Biodiversos.
**Universidad Nacional, miembro de Biodiversos.
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Por Angela Parrado*
Por María Constanza Meza Elizalde**
