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La Defensoría del Pueblo puso en conocimiento del viceministro general del Interior, Carlos Eduardo Gechem Sarmiento, el alto riesgo de contacto inicial no deseado al que están expuestos actualmente los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Son los Yurí-Passé, que se encuentran en las áreas no municipalizadas de Tarapacá, Puerto Arica y la Pedrera, en el Parque Nacional Natural (PNN) Río Puré y su zona de amortiguamiento, en la Amazonia colombiana. A través de las alertas tempranas 002-21 y 007-24, la Defensoría ya ha subrayado estos riesgos a los que se enfrentan.
Como contamos en El Espectador, imágenes satelitales mostraron, en julio pasado, que casi 41 balsas mineras se encontraban en el cauce del río Puré. La información a la que tuvo acceso la Defensoría confirma y amplía la alerta emitida por el Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina, de la asociación Amazon Conservation, que ha reportado más de 500 hectáreas deforestadas para la minería ilegal de oro en el PNN Río Puré desde junio de 2024 hasta mayo de 2026.
“La totalidad de los hallazgos se localiza al interior de la zona prístina del área protegida, una categoría de manejo orientada a mantener las condiciones naturales del ecosistema con el mínimo nivel de intervención humana”, precisó la Defensoría.
Fuentes consultadas por el organismo también han señalado que las balsas mineras ya afectan zona intangible del PNN, en la parte alta de la cuenca. Esto implica la mayor gravedad para la protección de los Yurí- Passé, pues allí es donde se han confirmado sus asentamientos y la zona debería mantenerse ajena “a la más mínima alteración humana a fin de que las condiciones naturales se conserven a perpetuidad”, según la Resolución 143 de 2022.
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En ese sentido, la presencia de balsas mineras en el área representa, subrayó la Defensoría, una amenaza inminente para estos pueblos indígenas en aislamiento, los cuales se verán potencialmente afectados por posibles contactos iniciales no deseados con personas mineras. En suma, estas actividades ilegales en una zona de alta fragilidad ecológica traen presiones y daños como:
• Alteraciones significativas en la dinámica fluvial y en la integridad ecológica de los ecosistemas acuáticos asociados. Entre ellos, la remoción y movilización de sedimentos, el incremento de la turbidez del agua y la modificación de la morfología natural del cauce.
• Persistencia de la contaminación por mercurio, altamente tóxico para la salud humana y del ecosistema amazónico, utilizado para el azogue (amalgamación del oro, y separación de otros minerales).
• Reducción de la capacidad natural del ecosistema para recuperarse ante los impactos cada vez mayores de la minería ilegal.
La Defensoría agregó que esta situación se enmarca, además, en una reconfiguración de la violencia armada en la región, caracterizada por:
- La expansión de la disputa armada entre las disidencias del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez (bajo el mando de alias Iván Mordisco) y del Bloque Jorge Suarez Briceño del Estado Mayor del Bloque y el Frente - EMBF (bajo el mando de alias Calarcá Córdoba), en el área no municipalizada de La Pedrera, en el Territorio Indígena del PANI. Esto, por causa de la avanzada del EMBF a través de la cuenca del río Caquetá y Apaporis a los territorios que antes estaban bajo control hegemónico del Frente Carolina Ramírez y Johnier Arenas, de la disidencia de alias Mordisco.
- La expansión de Comandos de la Frontera sobre la cuenca del río Putumayo hacia las áreas no municipalizadas de Puerto Arica y Tarapacá, incluyendo su presunta participación, si quiera en sede de financiación, de operaciones mineras ilegales en las cuencas del Putumayo y el Cotuhé.
- Presuntas alianzas entre estas organizaciones y estructuras del crimen organizado que provienen de Brasil, como Familia do Norte, Comando Vermelho, Primer Comando Capital, As Crianças. Estas sociedades se han dado para optimizar los circuitos ilegales de minería aurífera por aluvión.
La Defensoría llamó la atención que estas operaciones de minería ilegal que amenazan a los Yuri- Passé también tienen participación de la población civil, mayormente indígena, que está motivada por la precariedad económica o bajo coacción armada. También apuntó que el escenario actual supone un riesgo incluso para otras personas, aunque diferencial, como autoridades indígenas tradicionales o representativas de las áreas colindantes, personal del PNN, organizaciones de la sociedad civil y centros de estudio con ingreso a la zona, entre otras.
Por todas esas razones, la entidad pidió al Viceministerio del Interior citar a una sesión de seguimiento sobre la situación de los Yurí- Passé, convocando, en el marco de las recomendaciones de las alertas tempranas 007-24 y 002-21, a las autoridades que hacen parte del Comité Nacional de Prevención y Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento.
“Lo anterior con propósitos de articular la respuesta institucional a los riesgos críticos de contacto inicial no deseados para los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario Yurí- Passé”, se lee en el documento. “Conforme a lo anterior, ruego se adopten las medidas aquí descritas, que reconocen los esfuerzos institucionales e instancias ya activadas para la superación de los riesgos y hechos descritos, solicitando además un informe de las gestiones que se efectúen en virtud del riesgo advertido”.
Esta es la comunicación, firmada por Nathalia Romero Figueroa, defensora delegada para la prevención de riesgos y violaciones de derechos humanos:
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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