Ingenieros de petróleos se oponen a las consultas populares

No hay duda de que este y el año pasado Colombia se enfrentó a un “boom” de consultas populares con las que capitales y municipios buscan decidir si permitir o no actividades extractivas en su territorio. Con Cajamarca, Tolima, poniendo la primera piedra en marzo del año pasado, se vio cómo este tipo de iniciativas fueron tomando fuerza. Pero, casi a la par, también empezaron a aparecer críticos a este tipo de iniciativas. (Lea acá: Así expotó el "boom" de las consultas populares)

Uno de ellos fue el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, quien, una vez conoció el resultado negativo ante la minería en Cajamarca, advirtió que las consultas populares no tenían la capacidad de cambiar la ley y sólo eran una forma de manifestación de los habitantes. (Lea también: “Consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley”: Gobierno)

Casi un año después, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) hizo un pronunciamiento que va en una vía parecida. En dialogo con la revista Dinero el presidente de esta asociación, Julio César Vera, afirmó que las consultas populares se están convirtiendo en un mecanismo para decidir qué hacer con el subsuelo, cuando esta es una decisión que está en manos del Estado. 

Por esto, junto a otros gremios, como la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), La Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) y la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (Acggp), están solicitando a la Corte Constitucional que “analice un estado de cosas inconstitucional”. Desde su punto de vista las consultas populares sobre proyectos extractivistas estarían vulnerando derechos económicos, al trabajo, a la sostenibilidad fiscal y al debido proceso, entre otros.

Además, Vero explicó que en las regiones donde se están llevando a cabo las consultas populares se está planteando un falso dilema entre sostenibilidad y explotación. “Es posible desarrollar la explotación sostenible de los recursos del país. Ello es así a través de estándares técnicos, una buena relación con las comunidades y estableciendo procesos de mejoramiento continuo”, señaló a la revista Dinero.

Finalmente, recordó que están realizando una estrategia de divulgación con los habitantes de las zonas donde se están planeando estas consultas para que puedan tomar una decisión informada. Se trata de 3.600 actividades pedagógicas  que se realizarán en 240 municipios a lo largo de tres años y que se harán de la mano de Ecopetrol, Cenit y el Instituto Humboldt.

No hay duda de que este y el año pasado Colombia se enfrentó a un “boom” de consultas populares con las que capitales y municipios buscan decidir si permitir o no actividades extractivas en su territorio. Con Cajamarca, Tolima, poniendo la primera piedra en marzo del año pasado, se vio cómo este tipo de iniciativas fueron tomando fuerza. Pero, casi a la par, también empezaron a aparecer críticos a este tipo de iniciativas. (Lea acá: Así expotó el "boom" de las consultas populares)

Uno de ellos fue el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, quien, una vez conoció el resultado negativo ante la minería en Cajamarca, advirtió que las consultas populares no tenían la capacidad de cambiar la ley y sólo eran una forma de manifestación de los habitantes. (Lea también: “Consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley”: Gobierno)

Casi un año después, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) hizo un pronunciamiento que va en una vía parecida. En dialogo con la revista Dinero el presidente de esta asociación, Julio César Vera, afirmó que las consultas populares se están convirtiendo en un mecanismo para decidir qué hacer con el subsuelo, cuando esta es una decisión que está en manos del Estado. 

Por esto, junto a otros gremios, como la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), La Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) y la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (Acggp), están solicitando a la Corte Constitucional que “analice un estado de cosas inconstitucional”. Desde su punto de vista las consultas populares sobre proyectos extractivistas estarían vulnerando derechos económicos, al trabajo, a la sostenibilidad fiscal y al debido proceso, entre otros.

Además, Vero explicó que en las regiones donde se están llevando a cabo las consultas populares se está planteando un falso dilema entre sostenibilidad y explotación. “Es posible desarrollar la explotación sostenible de los recursos del país. Ello es así a través de estándares técnicos, una buena relación con las comunidades y estableciendo procesos de mejoramiento continuo”, señaló a la revista Dinero.

Finalmente, recordó que están realizando una estrategia de divulgación con los habitantes de las zonas donde se están planeando estas consultas para que puedan tomar una decisión informada. Se trata de 3.600 actividades pedagógicas  que se realizarán en 240 municipios a lo largo de tres años y que se harán de la mano de Ecopetrol, Cenit y el Instituto Humboldt.